Ex-carapintada rompe “pacto de silencio” militar y confiesa donde hay desaparecidos enterrados

Se trata de un inédito quiebre sin anonimato de uno de los acusados en la megacausa que intenta dilucidar unos 500 delitos de lesa-humanidad cometidos durante la dictadura en el vecino país. Ernesto Barreiro, dijo concretamente que los restos fueron incinerados en los hornos de La Ochoa, la estancia del gobernante de la dictadura  Luciano Benjamín Menéndez y que correspondían al menos a 25 desaparecidos.

Con anterioridad estudios del Equipo Argentino de Antropología Forense, habían encontrado dentro de la zona conocida como La Perla restos óseos humanos que “se presume habrían sido inhumados allí”, según publica el diario argentino Página 12.

El fiscal Facundo Trotta, dijo al diario argentino Página 12, que el represor declaró había veinte desaparecidos en el horno de La Ochoa, cuatro más en otro horno cercano y una víctima “de nombre importante”, enterrada cerca de Villa Ciudad de América. “Debemos ser cautelosos, ya que no podremos saber si esto que revelan es verdad o no, hasta tanto se hagan los hallazgos correspondientes y las pruebas de ADN”, añadió el fiscal.

Un personaje demasiado mediático y de atroz trayectoria

Barreiro se ha hecho tristemente famoso en Argentina, por haber protagonizado varias apariciones en los medios que los caracterizaron como un personaje capaz de realizar historias siniestras de lo ocurrido, sin inmutarse. Recientemente dijo estar liderando “una comisión de imputados” donde hay otros represores conocidos, que buscan “colaborar en la investigación  de la causa, para paliar el dolor de las familias de las víctimas”.

Oficial del Ejército con especialización en inteligencia “El Nabo”, “El Gringo” o “Rubio” como también es conocido, fue enviado a Córdoba en 1975 con el grado de teniente hasta fines de 1979, cuando egresó como capitán: su historial implica todo tipo de crímenes. En 1987 en el alzamiento carapintada, participó y fue dado de baja del Ejército. Prófugo de la Justicia desde 2007, fue deportado de Estados Unidos, y ahora –a los 65 años-enfrenta su primer juicio, por el que ya ha sido procesado por violaciones a los derechos humanos.