A la Justicia presidente de la Generalitat por consulta de referéndum independentista
a Fiscalía General del Estado en España presentó una querella al presidente de la Generalitat de Catalunya, por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones, por la realización de la consulta para un eventual referéndum independentista de la nación catalana.
Además del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la Justicia citó a la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consejera Irene Rigau, inculpadas de similares delitos.
Ahora la Justicia deberá conformar una sala de admisión, que determinará si ha lugar o no para admitir el trámite de la querella. La Fiscalía acusa al presidente Mas de “arbitrariedad” por incumplir la orden del Tribunal Constitucional que dijo no debía realizarse la consulta, y por «sobreponer la propia visión partidista de la realidad sobre el deber de ejercer sus atribuciones administrativas de manera objetiva y conforme a derecho”, afirma el documento, añadiendo que Mas se negó “abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución judicial emanada del máximo intérprete de la Constitución».
La fiscal jefe de Barcelona desmiente negativa corporativa a la acción legal
La Fiscalía de Catalunya ha desestimado la actuación de la Fiscalía General y la fiscal jefa ha dicho que ve “una intención malintencionada”, en la polémica surgida a raíz de la consulta sobre la separación de Barcelona del gobierno central de Madrid.
La fiscal ha negado que los fiscales catalanes se estén rebelando a la decisión de comparecencia a nivel general ya que “no existe un colectivo de fiscales que tomen postura sobre un caso” y enfatizó que de los 380 fiscales que hay en Catalunya muchos “no hemos adoptado posición”.
Para la fiscal se ha creado “una apariencia de actitud reaccionaria, que no se corresponde con la verdad”, enfatizando que a ella “no corresponde valorar” sobre las decisiones de la fiscal general del Estado.
Finalmente el presidente catalán ha dicho que “da pena que la respuesta a querer escuchar la opinión de la gente sean los tribunales y la Fiscalía. Cuando la gente quiere ser escuchada se debe actuar en consecuencia y tener interés en conocer su opinión”, puntualizó Mas.
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