ONU/UNICEF en el Día Mundial de la Prevención del Abuso contra los Niños

Las 149 organizaciones que tomaron parte de la Cumbre Mundial de la Mujer, aprobaron en el mismo año de inicio de este siglo la puesta en marcha de una jornada anual de debate público, para impulsar acciones “urgentes, pertinentes y eficaces” que prevengan y castiguen los abusos.

El artículo 19 de la Convención Universal de los Derechos del Niño, reconoce como “obligación del Estado” la protección de todos los niños de cualquier forma de violencia o maltrato, incluso cuando esto sea realizado por padres, madres o cualquier que deba velar por los menores.

Los relevamientos de UNICEF, muestran que en América Latina, prácticamente la mitad de los padres considera parte de la crianza “normal” el castigar físicamente a los niños y las tres cuartas partes asumen que los han agredido sicológicamente, con gritos, agresiones de palabra, o condenas al silencio o indiferencia.

La responsabilidad es de todos, pero pocos lo advierten

En América Latina, unos 6 millones de niñas, niños y adolescentes, reciben sistemáticamente “agresiones severas” y unos 80.000 mueren cada año por la violencia generada en el interior de las familias, según cifras de UNICEF. No obstante, los Gobiernos poca contemplación tienen de la fecha estipulada, que pasa inadvertida en todas las Américas, casi sin excepción.

Los criterios más extendidos consideran maltrato o abuso infantil a cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia los menores de parte de padres o cuidadores, que les ocasione daño físico o psicológico y que amenace su desarrollo tanto físico como psicológico.

Pese a que el Código Penal, en los distintos países atiende el tema, existen abusos “culturalmente naturalizados”, que responden al modelo más tradicional de la familia, donde los hijos son considerados parte de una propiedad privada, donde los castigos físicos son tolerados e incluso justificados como parte de un supuesto método educativo. Para UNICEF, desterrar estos códigos y eliminar las prácticas nocivas contra víctimas vulnerables menores de edad, es parte de la responsabilidad estatal, pero también de las instituciones y los individuos, en todos los casos.