La infanta Cristina, hermana del Rey de España, imputada por dos delitos de fraude

La infanta Cristina ha sido investigada por vinculaciones con los delitos cometidos por su esposo Iñaki Urdangarin, quien en 1999, a través del Instituto Nóos, logró cuantiosas sumas del erario público que aseguraba destinaría a realizar centros deportivos que nunca se concretaron.

El Noós finalmente sentenciado como “una sociedad pantalla con finalidad defraudatoria”, ha sido el caso judicial más duro a que se ha visto sometida la Corona de España en décadas. Si bien la Familia Real se apartó del yerno del ex rey Juan Carlos de Borbón, nada ha podido evitar que la esposa del involucrado responda por delitos que hizo su marido y sobre los que afirma no haber tenido conocimiento alguno. El “caso Urdangarin” ha conmocionado en los últimos años a toda España, y ahora la Justicia abrirá el juicio definitivo que se espera comience en 2016.

De momento la infanta evade el banquillo de los acusados

La decisión del juez José Castro de imputar a la infanta solamente el delito de fraude y no el de blanqueo de capitales, evitará en principio que la mujer deba ir al banquillo de los acusados, según entiende el diario El País de Madrid.

Para los juristas la situación es ahora “más compleja”, en tanto mucho prevén que la imputación no será suficiente para un juicio a la hermana del rey, por el cumplimiento de la “doctrina Botín”, que aplica el Tribunal Supremo, según la cual la sola acusación popular no es suficiente para iniciar el juicio.

De seguirse esa línea Cristina solamente responderá como testigo, pero no sería obligatoria su presencia en la vista.
Sin embargo nada evitará en principio que la esposa de Iñaki deba pagar más de 600.000 euros a las arcas públicas, dinero que su marido derivó a la compañía familiar Aizoon, de la que ella resultó beneficiada en tanto era copropietaria al tener la mitad del paquete accionario.

Así el “caso Nóos”, o “caso Urdangarin” será juzgado recién desde 2016 al haber concluido la Audiencia de Palma el cúmulo de carga suficiente para la causa, con regulación sobre el procedimiento, pero no sobre el fondo del asunto, lo que se verá recién para el otro año.