El miedo sigue reinando en ciudad mexicana donde desaparecieron 43 estudiantes

La búsqueda de cuerpos continuaba este sábado en cuatro nuevas fosas clandestinas halladas en Iguala (sur), donde se cree que fueron enterrados algunos de los estudiantes desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre, cuando fueron brutalmente atacados por policías locales y sicarios.

Muy cerca de allí fueron halladas el 4 de octubre otras cinco fosas con 28 cadáveres calcinados que están siendo analizados para confirmar las sospechas de que puedan ser de algunos de estos estudiantes.

Vecinos de la zona montañosa donde trabajan los peritos hace años que no salen de sus casas por la noche, debido al terror que les tenían a los criminales que irrumpían allí en sus camionetas para deshacerse de sus víctimas.

A veces se oían «gritos de hombres, bien feo. La otra vez, clarito se oía una persona, parecía que lo estaban mochando (amputando) con machetes, y también se escuchaban las risas de otros dos», relata a la AFP Beto García, un campesino de 34 años.

Desde las rendijas de su ventana dice que alcanzaba a ver fogatas y luces de linternas en la montaña, donde los narcos plantan marihuana.
Cuando está trabajando en el campo, García y su esposa se llevan chapulines (saltamontes) en una botella de plástico para tener algo que comer durante el día, porque incluso temen caminar hasta el mercado.

«La semana pasada hubo una balacera. Yo salgo de noche y me da miedo que un día te toque», confiesa Juana Martínez, una estudiante de 16 años, al caminar frente al fuerte operativo militar que impide el paso al lugar donde trabajan los peritos.

Iguala, situada a solo 200 km de Ciudad de México, es una zona en disputa por varios cárteles del narcotráfico, al igual que el resto de la convulsa región de Guerrero.

A uno de ellos, llamado Guerreros Unidos, se le acusa de contar con el apoyo del gobierno local y de colaborar con los agentes municipales en las balaceras contra los estudiantes, que dejaron seis muertos.

Antes de este crimen, que tiene conmocionado a México, en Iguala (140.000 habitantes) ya se habían encontrado una treintena de cadáveres en fosas tan solo este año.

Zona de cárteles

Pese al miedo, los vecinos reconocen un cierto alivio porque la policía municipal de Iguala fue relevada tras el crimen por el nuevo cuerpo federal de Gendarmería.

Estos efectivos forman parte de un amplio despliegue ordenado por el presidente Enrique Peña Nieto, quien prometió encontrar a los jóvenes, aclarar los motivos del crimen y castigar a los responsables.

Los agentes de Iguala -26 de ellos detenidos- eran vistos como socios del crimen organizado. Testigos aseguran haber visto como decenas de los estudiantes eran transportados en patrullas policiales antes de desaparecer.
Este crimen dejó en evidencia de nuevo la complicidad de autoridades locales con el narcotráfico.

La fiscalía federal asegura que los Guerreros Unidos, traficantes de amapola y marihuana hacia Estados Unidos, especialmente Chicago, eran hasta hace poco un grupo con escaso poder que peleaba por el territorio con los cárteles Los Rojos y La Familia.

Hoy vemos «una asociación con algunos funcionarios municipales» que hizo que «crecieran en posibilidades», dijo esta semana el fiscal Jesús Murillo Karam.

Larga espera

El gobierno quiere interrogar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, pero ambos huyeron dos días después de las desapariciones.
El edil está acusado desde hace un año de homicidio mientras su esposa, María de los Ángeles Pineda, tiene varios hermanos narcotraficantes.

La fiscalía federal tenía conocimiento de esta situación pero alegó que la acusación por asesinato de Abarca era de jurisdicción regional y que a Pineda no se le podía investigar solo por sus lazos familiares.

La esposa del alcalde fue acusada en un reporte de inteligencia de ordenar al director de Seguridad Pública que reprimiera a los estudiantes de la combativa escuela rural de Magisterio de Ayotzinapa, temiendo que interrumpieran un discurso que debía pronunciar ese día.

Los jóvenes, la mayoría entre 18 y 21 años, estaban recaudando fondos en Iguala y se habían apoderado de varios autobuses para que les regresaran a Ayotzinapa cuando ocurrieron los ataques.

Salomón Pineda, uno de los hermanos narcotraficantes de la esposa del alcalde, está entre los cerca de 40 detenidos por el caso y habría conducido a las autoridades hasta las últimas fosas halladas, donde dijo que enterraron a estudiantes.

Sin embargo, las familias se resisten a perder la esperanza y la fiscalía cree que hacia el martes o miércoles podrán tener el primer cadáver identificado.

En México, estudiantes y decenas de miles de personas marcharon el miércoles para exigir justicia. La ONU y Estados Unidos también reclamaron que esclarezca pronto el caso.

AFP.