VENEZUELA

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López irá a juicio y seguirá detenido

Así lo decidió la magistrada, Adriana López, quien lleva la causa adelante, en el cierre de una audiencia preliminar que había sido diferida dos veces esta semana y que, después de 25 horas de sesión, llegó a una conclusión este jueves en la madrugada.

Leopoldo López irá a juicio y seguirá detenido

«El tribunal acaba de leer la decisión, acepta la acusación de manera íntegra, vamos a juicio», escribió en Twitter uno de los abogados de López, Bernardo Pulido.

López, de 43 años, está preso desde el 18 de febrero en una prisión militar ubicada a las afueras de la capital, Caracas, después de haberse entregado en medio de una manifestación de apoyo.

«El dictamen de la jueza era esperado por muchos venezolanos: no solo por quienes la consideran una decisión justa y necesaria, sino también por los opositores que ven a la justicia como un aparato del oficialismo», explica el corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel Pardo.

Acusación

Leopoldo López es fundador y director del partido Voluntad Popular, considerado uno de los más radicales dentro de la oposición venezolana.

La Fiscalía lo acusa en calidad de autor intelectual de incendio intencional, instigación pública, daños y asociación para delinquir por los hechos violentos que tuvieron lugar durante una marcha estudiantil celebrada el pasado 12 febrero.

El líder afronta cargos de haber promovido la revuelta del pasado 12 de febrero.

Ésta última acusación exige que el implicado se mantenga tras las rejas.

Los abogados del político aseguran que López es un preso de conciencia y que está privado de su libertad por sus ideas políticas.

Durante la audiencia, sus defensores esgrimieron varios argumentos, entre ellos que el máximo tribunal de justicia venezolano haya emitido ocho fallos en los últimos 15 años en los que defendía a los políticos por realizar críticas al gobierno.

Uno de los defensores de López, Juan Carlos Gutiérrez, le dijo a medios locales que una de las razones para que la jueza Adriana López hubiera tomado esta decisión se debe a la complejidad del caso.

«Aquí hubo dos acusaciones, cinco acusados, 15 abogados y ocho fiscales participando», explicó Gutiérrez.

«Vamos a ir a un juicio completamente amarrados, completamente silentes en cuanto a la capacidad de probar (su inocencia). Es una situación bastante lesiva a la verdad y a los derechos», aseguró.

El caso también investiga la participación en los hechos violentos del 12 de febrero de los estudiantes Cristian Holdack, Marco Coello, Damián Martín y Ángel González.

Aquel día, en que arrancaron las protestas antigubernamentales que se han prolongado hasta ahora, murieron tres personas.

La violencia política en Venezuela ha dejado 44 muertos, 600 heridos y más de 2.500 detenidos.

¿Y ahora?

La jueza no anunció una fecha de inicio del juicio. Pero Gutiérrez estima que se inicie a mediados o fines de agosto.

El abogado cree que el juicio será corto, ya que la jueza «desestimó» las pruebas de la defensa.

«López se añade a una lista de personalidades que la oposición considera presos políticos del gobierno revolucionario»

Otro dirigente opositor, Henrique Capriles, quien estuvo preso cuatro meses en 2004, dijo que «nuestro compañero vive lo que nos tocó hace unos años, audiencias interminables, absurdas, una justicia podrida».

Capriles, quien fue acusado de atentar contra la embajada de Cuba en 2002, recordó en Twitter que su expediente «lo pasaron por más de 40 jueces, horas y horas de audiencia cuando la decisión siempre estaba tomada».

«López se añade a una lista de personalidades que la oposición considera presos políticos del gobierno revolucionario», explica nuestro corresponsal.

Entre ellos está el comisario Iván Simonovis, arrestado hace nueve años acusado del homicidio de varias personas el 11 de abril de 2002, día que el entonces presidente, Hugo Chávez, fue depuesto durante 48 horas.

«Quizá el futuro de López no sea el mismo de Simonovis, pero para los opositores venezolanos ambos son símbolos de lo que consideran una justicia politizada», concluye Pardo.

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