SINDICATOS

Alto acatamiento: huelga por aumentos salariales y contra plan privatizador paraliza Paraguay

Miles de campesinos y sindicalistas paralizaron Paraguay el miércoles para pedir aumentos salariales y rechazar un plan privatizador del gobierno del presidente Horacio Cartes, quien enfrenta su primera huelga general tras siete meses en el poder.

Los manifestantes marcharon por las calles de la capital y se concentraron frente al Congreso

Más de 10.000 labriegos de la Federación Campesina y trabajadores de seis centrales obreras participaron en la marcha principal en Asunción, según los organizadores.

«Estamos levantando nuestra voz contra los atropellos de este gobierno neoliberal», dijo en Asunción el manifestante Bernardo Rojas, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Los manifestantes marcharon por las calles de la capital y se concentraron frente al Congreso con pancartas en las que se exigía un aumento salarial del 25%. Asimismo protestaron contra un plan de privatización y reivindicaron la reforma agraria que reclaman desde hace 21 años, informó Carolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC).

«Arriba, abajo, la privatización al carajo», clamaron los manifestantes, que formaron piquetes en los principales accesos a Asunción para impedir el ingreso de vehículos del transporte público.

Algunos ciudadanos se las ingeniaron para llegar a sus lugares de trabajo en bicicletas, motos, automóviles y camionetas ante el paro de transporte público.

«La huelga tuvo un acatamiento del 80% porque no hubo transporte público ni servicio de taxis», dijo a la prensa Aldo Snead, líder de la CUT.

El sindicalista agregó que las escuelas públicas y privadas también hicieron huelga, aunque portavoces del gobierno indicaron que solo cerró las puertas el 15% de las escuelas públicas.

En Ciudad del Este, la segunda más importante de Paraguay, en la frontera con Brasil, los trabajadores formaron un piquete para bloquear por un par de horas la salida y el ingreso al Puente de la Amistad, que une a los dos países sobre el caudaloso río Paraná, 330 km al este de Asunción.

Portavoces del gobierno de Cartes calificaron la jornada de «tranquila» y reconocieron la legitimidad de la huelga.

Conflicto social vs PIB estelar

El principal reclamo de los huelguistas es un aumento salarial del 25% -15% más que el concedido por el gobierno-, aunque también exigen la derogación de una ley de Alianza Público Privada (APP), vigente desde diciembre, que faculta al Gobierno a contratar empresas para emprender en forma conjunta obras de infraestructura, algo que los sindicalistas califican de plan privatizador.

La huelga general fue la segunda en dos décadas en este país, que figura entre los socialmente más desiguales del mundo. Sin embargo, el PIB de Paraguay fue el segundo que más creció en el mundo en 2013: 13,6%.

La perspectiva para 2014 es de 4,8%, según el Fondo Monteario Internacional (FMI), pese a los riesgos de presiones inflacionarias.

El presidente Horacio Cartes reconoció en un mensaje difundido el miércoles al finalizar la huelga «la legitimidad» de la mayoría de los reclamos. «Son postergaciones históricas que demandan una gestión cada día más comprometida con los sectores menos favorecidos», añadió el Presidente.

El objetivo de Cartes para su período presidencial es reducir la extrema pobreza del 19% a la mitad.

Cartes admitió que «un gran segmento de la clase obrera del sector privado no accede siquiera al salario mínimo (350 dólares) ni a la seguridad social» y exhortó al empresariado a tener «una mayor responsabilidad social».

A su turno, el vicepresidente, Juan Afara, anunció en conferencia de prensa que el gobierno invitó tanto a huelguistas como a campesinos «a montar una mesa de trabajo permanente para analizar sus reivindicaciones».

Marcial Gómez, dirigente de la Federación Campesina, rechazó de plano el llamado al diálogo y lo consideró «una maniobra para enfriar nuestras peticiones».

«No hay nada que negociar. La derogación de la ley de APP es innegociable. Es una ley para entregar el patrimonio del Estado al sector privado», denunció.  AFP

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