Trabajo «en negro», supervivencia para muchos pero una lacra para la economía española

«Muchos habíamos trabajado con contrato para buenas empresas, pero ahora ya solo nos queda esto», se lamenta Carlos González, un peruano de 35 años que emigró a España en 2004 y prosperó en la construcción hasta que la burbuja inmobiliaria estalló en 2008.

Como todos los días, Carlos llegó a las seis de la mañana a la Plaza Elíptica de Madrid, donde frente al ya célebre Café Yakarta se reúnen a diario albañiles, electricistas, fontaneros, a la espera de algún contratista.

«Te toman y te pagan al día, no te contratan con presupuesto», afirma Viorel Draghici, de 40 años, un alicatador rumano que explica haber hecho recientemente una renovación, valorada en mil euros, durante cuatro jornadas pagadas 50 euros «en negro», sin derecho a seguridad social ni a prestación de desempleo.

Y puede sentirse afortunado, porque «por una jornada entera en general te dan 25 o 30 euros», dice Gani Saroj, marroquí de 40 años, mientras un compañero vende café caliente de un termo a estos hombres que se protegen con gorros y bufandas del frío invernal y una lluvia incipiente.

De pronto llega una camioneta blanca y varios se abalanzan sobre ella. La transacción dura unos segundos. Dos hombres se van en el vehículo.

Los demás seguirán esperando un trabajo que pese a su precariedad les permita seguir adelante. «Tenemos que sobrevivir, porque tenemos niños y pisos que pagar», dice González.

La economía sumergida «desgraciadamente es un problema de toda la vida» en España, reconoce Santos Nogales, responsable del sindicato UGT para la hostelería, uno de los sectores que, junto al de la construcción, más sufre tradicionalmente esta lacra.

En un país con 26% de desempleo «el trabajo en negro no distingue nacionalidades, afecta a inmigrantes y a muchos españoles» y «con la crisis se ha agravado», subraya.

Según un informe del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, la actividad no declarada en España aumentó una media de 15.000 millones de euros anuales desde 2008, para alcanzar casi 253.000 millones en 2012, un 24,6% del Producto Interior Bruto.

Auge de la «negritud» económica

Antes de la disparada del desempleo, el auge inmobiliario ya había impulsado la economía sumergida, subraya el informe, «ya que muchas operaciones se llevaron a cabo con dinero en efectivo en billetes de 500 euros».

«Haciendo una estimación aproximada», explica el presidente de Gestha, Carlos Cruzado, el Estado perdió así 85.000 millones de euros en impuestos solo en 2012. Más que suficiente para evitar los recortes de 150.000 millones decididos por el gobierno entre 2012, 2013 y 2014.

En uno de los pocos sectores que sobrevive a la crisis, «el del turismo y la hostelería, que ha generado el último año unos resultados récord» en España –con 60,6 millones de visitantes extranjeros– «incrementa la actividad pero el número de contratos no incrementa», denuncia Nogales.

Y es que muchos trabajadores «contratados a tiempo parcial» pasan a hacer «una jornada completa, igual de 45 horas semanales», sin declarar, explica.

Pero, en una época de precariedad para millones de familias, el gobierno «mira para otro lado», dice Cruzado, porque estos ingresos «pueden explicar que no haya un nivel de conflictividad social» explosivo en un país con más de cinco millones de desempleados.

Sin embargo, para el presidente de Gestha «el trabajo en negro o que un autónomo no haga facturas para no pagar el IVA no es el principal problema».

En 2010 «llegamos a la conclusión que más del 72% del total del fraude era imputable a grandes empresas y a grandes fortunas», explica. «Por supuesto, a medida que se sube de nivel los mecanismos se sofistican» constituyendo «complejos entramados», agrega.

Debido a su complejidad, el «gran fraude» es menos perseguido por el fisco lo que, junto a los numerosos escándalos de corrupción política, contribuye a «una desafección de los españoles hacia el pago de impuestos», concluye. AFP