Duhalde quiere evitar que Kirchner enfrente un conflicto con militares

Sumándose a la mayoría de las cámaras federales, la de La Plata, adopta la misma postura y en el conocido como Juicio por la Verdad, resolvió además que los delitos conexos con los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Y ordenó revocar el sobreseimiento por prescripción que había favorecido a un ex comisario acusado de destruir documentación sobre los desaparecidos

Las FFAA no piensan lo mismo que los tribunales ordinarios y se detectaron gestiones de altos oficiales para que el más alto tribunal mantenga su doctrina: que las leyes de impunidad, son constitucionales.

Un argumento común utilizado por los que sostienen ese criterio, es que abriría el placard de los demonios con desfiles incesantes de uniformados por los tribunales a los que se le pedirán rendición de cuentas. El ex jefe del Ejército, teniente general (r) Martín Balza, dijo que es pequeño el personal en actividad que podría ser afectado por la no vigencia de las leyes mencionadas, restando un argumento fuerte a los que afirman que en caso contrario los militares se enojarían.

A medida que crece la sensación que Néstor Kirchner será el ganador del balotaje, la cuestión de la Corte Suprema y las leyes de impunidad adquieren otra dimensión. Por los pronto, el Ejército hizo un sutil movimiento de acercamiento al sureño: su titular, el teniente general Ricardo Brinzzoni dijo estar en desacuerdo con Carlos Menem en el papel de los militares de controlar la seguridad interna. En general se cree que en la primera vuelta los oficiales superiores sufragaron o por Menem o por Ricardo López Murphy.

Menem es claro sobre las leyes en debate, no ha tenido en este asunto un doble discurso: quiere darles a los militares la misma tranquilidad que transmite a sus amigos en la Justicia. Él indultó incluso a los jefes de la represión en 1990 y respaldó la constitucionalidad de las leyes de impunidad que decidió la Corte Suprema en los ’90.

¿Qué dice Néstor Kirchner sobre el tema? Su voz más autorizada en asuntos legales, el constitucionalista Rafael Bielsa, pide actuar con prudencia, no presionar a la Corte aunque piense que las leyes son inmorales y tampoco es partidario de una remoción de los miembros del más alto tribunal.

Kirchner no sólo tiene muy mala relación con la Corte sino que, en público, recuerda que él siempre estuvo en contra de esas leyes. En su momento, respaldó el juicio político fallido contra los Supremos Pero en privado quiere desligarse de algunas zozobras en su eventual gobierno. Y si la cuenta la paga otro –en este caso Duhalde– mejor todavía. «La proximidad del poder, una vez más, establece diferencias entre el discurso y la práctica», subraya «Clarín»

Seguramente no sólo por iniciativa, el gobierno de Eduardo Duhalde inició una discreta gestión para que la Corte Suprema confirme que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son constitucionales. Y para que lo haga antes del traspaso del poder.

Según «Clarín», » Duhalde supone que clausurar el debate judicial y dejar firmes las leyes de perdón a los militares por la represión ilegal en la dictadura que terminó hace 20 años, ocasionaría un costo político local e internacional que sería pagado por el gobierno saliente. Por eso, este intento es el último servicio que busca prestarle a Kirchner, que será presidente si se cumple el pronóstico de todas las encuestas».

En el oficialismo suponen que la Corte podría firmar ese fallo el martes 20 de mayo: dos días después del balotaje y cinco antes de la asunción del nuevo presidente.

El mencionado matutino sostiene que «en la Corte hay amplia mayoría en favor de respaldar esas leyes, que fueron derogadas por el Congreso y consideradas nulas por dos jueces y cámaras federales. Según los pocos conocedores de la entretela del tribunal, siete u ocho de sus nueve miembros estarían decididos a declararlas constitucionales. Pero pasar de la convicción a la acción requiere de una decisión política que varios de ellos dudan en tomar».

Una de cal, otra de arena. Mientras esto se discute entre bambalinas, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acceso a la información pública que permite a los ciudadanos acceder a datos de organismos oficiales y a información clasificada de más de 10 años que guarda el Estado.

La iniciativa –girada al Senado– establece que toda persona tiene derecho a solicitar, acceder recibir información de cualquier órgano público, Poder Legislativo, de la Auditoria de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, del Poder Judicial y del Ministerio Público. Por lo tanto, todos estos organismos deberán dar sus actos a publicidad.

«El acceso a esta información es un mecanismo de control muy importante de los actos de gobierno, ya que permitirá que la transparencia se convierta en un arma de lucha efectiva contra la corrupción», destacó la diputada Marcela Rodríguez del ARI. *