Un ex gobernador provincial, un ex ministro de Defensa y ocho soldados

Indignación y dolor en Colombia tras asesinato de rehenes de las FARC

El presidente Alvaro Uribe calificó como una «gran masacre» y un «genocidio» el asesinato por las FARC del gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria, el ex ministro de Defensa, Gilberto Echeverri, y ocho militares, al asumir en la medianoche del lunes su «total responsabilidad» ante la operación del Ejército que intentó rescatarlos.

«Es un momento sumamente triste para la nación. El grupo terrorista de las FARC cometió otra masacre enorme, otro genocidio», aseguró Uribe, en un mensaje emitido por cadena de radio y televisión.

Por su parte, el gobernador encargado de Antioquia, Eugenio Prieto, se declaró «profundamente dolido e indignado» ante el múltiple asesinato, enfatizando que «Colombia ha perdido a varios de sus hijos más notables».

Los cuerpos de Gaviria y Echeverri fueron trasladados en helicóptero desde las selvas del municipio de Urrao (410 km al noroeste de Bogotá)  donde fueron hallados por las tropas gubernamentales  hasta la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, donde estaba previsto un homenaje de capilla ardiente en la sede de la gobernación provincial.

Los empleados de la gobernación asistieron el martes a una misa para honrar la memoria de Gaviria, Echeverri y los militares, en medio de expresiones de rechazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, se declaró por su parte «muy indignado» por la muerte de los rehenes, mientras que el titular de la Cámara de Representantes (Baja), William Vélez, calificó de «genocida» a la guerrilla.

La jefatura rebelde culpó el lunes al gobierno de Uribe  oriundo de Antioquia y amigo personal de Gaviria y Echeverri  y al Ejército por la muerte de los diez secuestrados.

El líder empresarial Tulio Zuluaga rechazó enérgicamente el múltiple asesinato y llamó al gobierno de Uribe a aplicar mano dura contra las FARC, la mayor fuerza guerrillera del país, con unos 17.000 combatientes.

«Puesto que la guerrilla no entiende otro lenguaje que el de la guerra, no tenemos otro camino que aplicar mano dura», dijo Zuluaga.

Ayer martes el Papa Juan Pablo II condenó como un «execrable atentado» y un «acto de terrorismo» los asesinatos del gobernador de Antioquia, el ex ministro de Defensa de Colombia y los ocho militares.

En un telegrama enviado por el secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Angelo Sodano, al arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo Jaramillo, el Papa manifestó su «hondo pesar» por los asesinatos de los dos importantes políticos, así como de los ocho oficiales y suboficiales que los acompañaban.

A su turno, el cardenal primado de Colombia y arzobispo de Bogotá, monseñor Pedro Rubiano, afirmó que las FARC «responden a patadas y a tiros la mano tendida del gobierno, que aspira a llevar a cabo un diálogo de paz».

Diversos activistas humanitarios colombianos también condenaron la muerte de los rehenes y llamaron al gobierno y la insurgencia a firmar cuanto antes un acuerdo que permita la liberación de cientos de personas que permanecen secuestradas.

«Está claro que las FARC eran responsables de la vida de los secuestrados y que la acción de esa guerrilla es condenable», dijo la dirigente humanitaria Anta Teresa Bernal. *

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