DEL GOBIERNO

Guillermo Moreno: Justicia argentina procesa al secretario de Comercio Interior

El Centro de Información Judicial de Argentina reportó el procesamiento por “abuso de autoridad de funcionario público” del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, así como también del director nacional de Comercio Interior Fernando Carro. y del director nacional de Lealtad Comercial, Adalberto Guillermo Rotella.

La sanción podría implicar cárcel de un mes a dos años.

El procesamiento fue dispuesto por el juez Claudio Bonadio, tras la causa abierta por Jorge Todesca, titular de Finsoport S.A., una consultora que había sido sancionada por Moreno y su equipo, acusada de relevar precios y difundir datos inflacionarios diferentes a la pauta oficial argentina del INDEC. Además de la firma de Todesca, otras consultoras privadas habían sido multadas hasta en medio millón de pesos por la difusión de pautas inflacionarias diferentes a la del gobierno.

Un “abuso de autoridad” con pautas poco habituales

El denunciante Todesca, que fue ministro de Economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde, había reclamado por considerar que la secretaría a cargo de Moreno no tenía potestades para multar las consultoras privadas, por medir subas de precios distintas a la oficina estatal. El juez entendió que el reclamo era contemplado por el artículo 248 del Código Penal, y lo aplicó a Moreno y tres integrantes de su equipo –uno fue sobreseído- por lo que les podría alcanzar una sanción que va de un mes a dos años de prisión, además de la inhabilitación especial por el doble de ese tiempo.

“Los encartados abusaron de su autoridad como funcionarios, al actuar ilegal y arbitrariamente en el marco de su competencia específica al formar un sumario administrativo y tras haber intimado ilegalmente, formular cargo y luego multar a Finsoport S.A. -entidad conformada por profesionales de ciencias económicas- con el objetivo que cesara de publicar o facilitar índices y estimaciones de precios”, dice el texto del procesamiento.

Las multas aplicadas por los jerarcas procesados, ya habían sido declaradas nulas por la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

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