DICTADURA

Justicia argentina investiga si hubo cárcel clandestina en embajada de Uruguay

A pedido del diputado uruguayo Luis Puig, la justicia argentina se apresta a iniciar una indagatoria que defina si durante la pasada dictadura, en la embajada uruguaya en Buenos Aires funcionó un centro de detención clandestino, u otra dependencia que violara las convenciones sobre Derechos Humanos.

Foto: gideons.org.uk

El legislador del Partido por la Victoria del Pueblo, presentó ante el Juzgado Federal No7 de Buenos Aires, a cargo del juez Sebastián Casanello, la solicitud para que se investiguen fotos de tres calabozos en el subsuelo de la embajada de Uruguay en la capital argentina, y documentación que avala la existencia de un centro clandestino en dicho lugar.

El pedido de investigación habia sido realizado el año pasado por Puig ante la Justicia de Uruguay, pero ante lo que consideró un nulo avance de la indagatoria, recurre ahora al poder juidicial argentino donde se está realizando el primer juicio oral en la región por los delitos cometidos en el marco del Plan Cóndor.

El edificio de Las Heras y Ayacucho denunciado por sobrevivientes

«El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo, siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el país, y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período, nos lleva a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros”, afirmó el legislador compatriota, en declaraciones que publica el diario Tiempo Argentino.

La presentación, con el patrocinio de la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, aportará las fotografías tomadas por el propio Puig de las celdas, así como el pedido para determinar si en el edificio de avenida Las Heras y Ayacucho funcionó un centro clandestino de detención. Ante la Justicia argentina ya existen reclamos en ese sentido tras que el fallecido Sergio López Burgos presentara en 2011, denuncias sobre las funciones de “información y cerco de exiliados” que la embajada cumplía en Argentina, produciendo incluso listas de perseguidos políticos.

En una de las listas, de marzo de 1975, figura como buscada María Emilia Islas de Zaffaroni, militante del PVP quien, con tres meses de embarazo, fue secuestrada por fuerzas conjuntas de ambos países el 27 de septiembre de 1976 junto con su hija Mariana y llevadas a Automotores Orletti. Mariana Zaffaroni Islas fue apropiada y luego restituida por Abuelas de Plaza de Mayo: todavía se busca a su hermana o hermano, quien habría nacido en cautiverio.

Un documento presentado a la justicia explica el procedimiento que realizaba la embajada para identificar a los blancos de la dictadura uruguaya. Se trata de un cable diplomático del cónsul general del Uruguay durante la dictadura, Adolfo Menini Terra, dirigida al embajador de Uruguay en Buenos Aires, Luis María de Posadas Montero: «La única guía que tiene el funcionario consular para brindar esa información radica: a) algún tipo de trámite que motivara su intervención ante las autoridades militares o policiales, donde se constatara la actividad subversiva de un ciudadano uruguayo; b) la comunicación de No Autorización efectuada por nuestra Cancillería ante la solicitud de expedición o renovación de pasaportes que hubieran requerido ciudadanos uruguayos ante las oficinas consulares.”

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