Controversia

Guantánamo: reinicia audiencia contra el «cerebro» de los atentados del 11-S

El autoproclamado cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos y otros cuatro acusados se presentaron nuevamente este lunes ante una corte en Guantánamo en una audiencia previa al juicio.

Jalid Cheij Mohamed

Esta audiencia debe preparar un proceso que no debería comenzar antes de un año en Guantánamo, once años después de los atentados y tras el vano intento de la administración de Barack Obama para organizarla ante un tribunal de Manhattan.

El paquistaní Jalid Cheij Mohamed, quien reivindicó los ataques de 2001, apareció con la barba teñida con henna y un turbante tradicional en la cabeza, al igual que otro de los acusados, el yemení Walid ben Atash.

«No creo que haya tipo alguno de justicia en este tribunal», dijo Mohamed durante su comparecencia.

Se trata de la segunda aparición de Jalid Cheij Mohamed y los otros acusados ante el tribunal especial de las comisiones militares en la base naval estadounidense de Guantánamo en Cuba.

De ser condenados por los atentados que dejaron más de 3.000 muertos, los acusados enfrentarán la pena capital.

Mientras los fiscales se niegan a revelar información clasificada y con parte de los debates de cinco días a puerta cerrada, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU por su sigla en inglés) y 14 grupos de medios reclaman transparencia.

Sobre la mesa están las torturas y abusos que los cinco hombres alegan haber sufrido a manos de las autoridades estadounidenses, así como el estatus de «clasificado» impuesto por el gobierno sobre los detalles del tratamiento a los sospechosos en nombre de la seguridad nacional.

«Si va a haber un juicio sobre lo ocurrido el 11-S (…) sólo la verdad debe aflorar y no la interpretación de la verdad que hace el gobierno hasta la apertura del proceso; ahora mismo, es solo su interpretación», dijo Cheryl Borman, que defiende al yemení Walid ben Atash.

«El gobierno no debería poder ocultarse detrás de asuntos clasificados», agregó.

Previo a su transferencia en 2006 a Guantánamo, los cinco acusados estuvieron detenidos en prisiones secretas de la CIA, donde fueron objeto de tratos que han sido calificados de tortura.

«El público tiene derecho a enterarse de los procedimientos», dijo James Connel, que representa a Ali Abd al-Aziz Ali -también conocido como Amar al-Baluchi-, el sobrino paquistaní de Mohamed.

«El gobierno desclasificó el hecho de que Mohamed fue sometido a técnicas de interrogatorio muscular tras su captura y a un tratamiento severo, que incluye 183 sesiones de simulación de ahogo («ndlr: «submarino»), declaró Jason Wright, abogado de Jalid Cheij Mohamed.

«Los métodos de nuestro gobierno no son un libro abierto», estimó por su parte el fiscal general Mark Martins.

La ACLU y los medios protestan una demora de 40 segundos en el audio para los periodistas y un número selecto de miembros del público, que siguen los procedimientos detrás de un cristal a prueba de sonido.

Alegan que esa demora, que permite a los censores militares eliminar declaraciones cuyo contenido consideren que afecta la seguridad nacional, viola la libertad de prensa y de expresión garantizadas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Los abogados de los acusados también denuncian lo que consideran la censura de todos los documentos y comunicaciones que comparten con sus clientes.

Con un total de 25 recursos, el juez coronel James Pohl también debe pronunciarse sobre si los acusados pueden dejar la sala durante los debates o elegir la ropa que lucirán ante la corte.

En este sentido, el magistrado autorizó este lunes a los acusados a que puedan no estar presentes en los debates, pero deben «comprender su derechos y sus opciones», subrayó.

El coronel Pohl tomó esta decisión, efectiva desde este martes, tras un breve enfrentamiento con un abogado que quería «hablar de la tortura» padecida por los acusados durante estos cuatro años y medio.

El capitán Michael Schwartz, defensor militar de Ben Attach, un próximo a Osama Bin Laden que dirigía el campo de entrenamiento en Afganistán donde dos de los piratas aéreos fueron formados, estimó que había que hablar de las «intimidaciones físicas y emocionales» para decidir sobre su presencia o ausencia en el tribunal. Pero el juez se opuso categóricamente, rechazando escuchar «un argumento sin fundamento».

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