La interna peronista impediría la realización de las elecciones

Como el ex presidente amenaza con judicializar el caso, esto es, pedirle a los tribunales que insistan en la necesidad de que se haga la selección por medio del voto, la idea de que ese trámite puede obligar a modificar la fecha electoral del 27 de abril está tomando cuerpo.

Por lo pronto, la líder del ARI, Elisa Carrió, pone en duda que se pueda llegar al comicio como estaba fijado y cree además que los peronistas se harán papilla entre ellos.

Una medición difícil

Otro aspirante a la presidencia, el centroderechista Ricardo López Murphy, supone que el engorroso trámite dentro del peronismo puede hacer abortar la fecha electoral. El líder de la coalición Crear –un entendimiento entre ex radicales, liberales y partidos provinciales– avanza en las encuestas. Una de ellas lo daba ayer piloteando las preferencias del electorado porteño.

Más ladinamente, otro pretendiente justicialista, Adolfo Rodríguez Saá, insiste en que todo lo actuado por Eduardo Duhalde tiende a estirar los plazos para que él mismo pueda ser candidato, porque el elegido, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, no pasará la prueba del electorado.

No es lo que dicen los sondeos de casi todos los expertos, que miden la trepada del sureño, sobre todo desde que el presidente lo puso en carrera.

Es sugestivo que el secretario general de la Presidencia, José Pampuro, que es del riñón más cerrado del duhaldismo, haya apelado a una «mediación» entre los tres pretendientes del justicialismo para evitar que una cuestión de tipo político deba dirimirse en los estrados judiciales.

Pampuro cree que una ley que incorpore por esta vez la posibilidad de que cada pretendiente pueda llevar la sigla y los símbolos del Partido Justicialista diferenciándose con algún eslogan, color o nombre, sería la solución. Otra variante, no querida, es que cada uno de los tres en carrera vaya con un partido de fantasía. De este modo se produciría una «abstención» de hecho del Partido Justicialista.

Pampuro –que reconoce que el «justicialismo está fracturado»– solamente lanzó la idea de la «mediación» con el propósito de sondeo; si se abriera una ventanita, se sabría quiénes (o quién) se encargarían de esa negociación. Es difícil que Menem la acepte, al menos por los términos en que han recibido la idea quienes son sus voceros habituales.

En rigor, lo decidido por el Congreso Justicialista es la implementación del plan que meses atrás presentó el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero. Entonces se había postulado como pretendiente, pero más tarde se convirtió en acompañante de Menem en el binomio presidencial y enterró su propuesta, utilizada como columna vertebral del objetivo de Duhalde de cerrarle el camino al ex presidente para que tenga una oportunidad de convertirse en el candidato oficial del partido.

El Tribunal de San José en la mira

Las encuestas le dan esa posibilidad en esa hoy impensable interna partidaria, pero ninguna lo coloca al frente de las preferencias en las generales. La debilidad de Menem radica en una (aparente) mayoría que jamás lo votaría, pero quién sabe.

Convertirse en mártir, en discriminado, no es una mala estrategia para el viejo dirigente riojano, casado con una chilena ex Miss Mundo y que está buscando ser nuevamente padre; según cuentan sus allegados, está en tratamiento médico en Santiago de Chile con ese objetivo.

Duhalde, que regresó de Davos, Suiza, donde criticó duramente al FMI y al proteccionismo de los grandes países, no tiene muchas cartas para evitar que Menem vaya a los estrados. Por lo pronto, está vigente la disposición de la jueza electoral de primera instancia, María Servini de Cubría, que le negó al Congreso del PJ aprobar el camino de los neolemas, pero no fue escuchada. Apelada esa decisión, el tribunal de alzada se tomaría su tiempo. Es probable que en esta instancia el gobierno consiga un rechazo a lo decidido por Servini de Cubría.

Entonces debería intervenir la Corte Suprema de Justicia. Uno de sus jueces, Carlos Fayt, está sometido a juicio político por impulso del propio gobierno debido a su posición a favor de la dolarización de los depósitos atrapados en el llamado «corralón», por poseer el magistrado un plazo fijo congelado.

Entre los restantes ocho es posible que haya una paridad importante sobre si intervenir o no en cuestiones que en teoría deben resolver los propios partidos. Si se impusiera una decisión contraria, no sería extraño que Menem apelara al tribunal interamericano de San José cuya jurisdicción está reconocida en la carta magna.

La propia Carrió no descarta apelar a esa instancia, pero por la manera en que en la provincia de Buenos Aires se quiere decidir precipitadamente la selección y elección del gobernador, una jugada del actual mandatario Felipe Solá, para asegurarse que el duhaldismo no le hará trampas a su objetivo de ser reelecto. Ningún acto ligado al proceso electoral, puede zafar de la puja por espacios de poder que son el motor de la historia del peronismo. Al menos, del actual. *