HRW alerta sobre debilidad de democracias latinoamericanas

Las democracias latinoamericanas sufren de fragilidad y el electorado de la región parece haber perdido confianza en la capacidad de sus gobiernos para enfrentar los desafíos actuales, advirtió ayer el informe anual de la organización Human Rights Watch (HRW).

«El fallido golpe en Venezuela, polarizada políticamente, es la señal más dramática de problemas que eran cada vez más aparentes a través de Latinoamérica y el Caribe: la fragilidad de la democracia electoral y la debilidad del Estado de Derecho», sostuvo HRW en su informe sobre la región.

HRW también puso de ejemplo la crisis política y económica en Argentina en diciembre de 2001, que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y la asunción de otros tres presidentes en diez días, y también la crisis política en Haití, que lleva ya más de dos años.

«Si la gente pierde la fe en sus líderes electos se abre la posibilidad de alternativas demagógicas o regímenes populistas o hasta regímenes militares que pondrían seriamente en peligro los derechos humanos», indicó Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en una conferencia de prensa.

Roth lamentó que la administración del presidente George W. Bush haya sido «tan negligente con el hemisferio» en un área que «merece mucha más atención».

El informe señaló que la región tampoco ha hecho progresos significativos en la lucha contra la corrupción, pese a que ésta ha sido el mayor factor de erosión de la confianza pública en el gobierno.

No obstante, se congratuló de los progresos realizados por México y Perú para remediar la falta de transparencia gubernamental. Ambos países aprobaron el año pasado leyes de información que señalan que los datos en poder del Estado son, en principio, públicos.

También mostró su satisfacción por la decisión de varios países de hacer responsables a quienes violaron derechos humanos en el pasado, y citó la investigación de la violencia política en México durante los años sesenta y setenta, y la detención en Argentina de varios ex militares responsables de abusos durante la guerra sucia.

En Centroamérica, añadió HRW, los abusos de las décadas pasadas siguieron recibiendo atención y se exhumaron fosas comunes en varios países.

HRW estimó que el conflicto armado y la crisis humanitaria en Colombia han empeorado.

Pese a que Uribe anunció una tolerancia cero sobre la colaboración entre el ejército y los paramilitares, «numerosos informes creíbles dan cuenta de operaciones militares-paramilitares conjuntas y persistió la tolerancia hacia las actividades paramilitares», lamentó el informe.

Roth calificó la certificación de derechos humanos de Colombia realizada por el departamento de Estado en setiembre de «ficticia» y señaló que el ejército no ha cumplido ninguna de las condiciones establecidas por el Congreso estadounidense para liberarle asistencia.

HRW criticó también a Estados Unidos por describir la promoción de la democracia como pilar central de su política en la región pero demorar en condenar en abril pasado el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez.

Sin embargo, reconoció que Washington ha hecho contribuciones significativas a la investigación de abusos cometidos en el pasado, desclasificando información sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura argentina y asistiendo a Guatemala en la exhumación de fosas clandestinas, por ejemplo.

HRW criticó a los gobiernos de Barbados, Belice y Jamaica por intentar reforzar la pena de muerte y recordó que Guatemala y Cuba siguen siendo los únicos países del subcontinente que aplican la pena de muerte por crímenes comunes.

Además, el informe lamentó las condiciones carcelarias a través de la región y el estado «abismal» de las prisiones, citando los ejemplos de motines en el penal La Vega de República Dominicana, que dejó un saldo de 29 presos muertos en setiembre; en el penal Porto Velho de Rondonia, Brasil, que dejó un saldo de 27 muertos en enero pasado, y el hacinamiento y aislamiento de la cárcel de Challapalca (Perú).

Colombia, donde dieciséis activistas fueron asesinados en los primeros once meses de 2002, sigue siendo el país más peligroso para los defensores de los derechos humanos, sentenció el informe. *