LAS MUJERES PODRIAN DECIDIR QUIEN GANA EN PRIMERA VUELTA

Las uruguayas representan el 52% de la población total del país y el 53% del electorado. Están habilitadas para votar el próximo 25 de octubre 1.219.000 mujeres. Si todas ellas votaran por un mismo partido político, este ganaría en primera vuelta.

No obstante, las demandas de las mujeres no parecen ser prioridad para los hombres que siguen teniendo la supremacía práctica, material, política, económica y simbólica.

Para que quienes aspiran a acceder al gobierno nacional no puedan alegar ignorancia, las mujeres organizadas elaboraron una propuesta política por escrito. A su presentación pública fueron invitados los candidatos de todos los partidos pero, en general, brillaron por su ausencia.

A la presentación de la ?Agenda 2009. Una propuesta política de las mujeres organizadas?, que se realizó el pasado 17 de setiembre en el Cabildo de Montevideo, de quienes integran las fórmulas presidenciales que están compitiendo con vistas a las elecciones del próximo 25 de octubre, solo asistió la candidata a vicepresidenta por Asamblea Popular, Delia Villalba. Los demás, todos hombres, no se dieron por enterados.

Estuvieron, en cambio actuales jerarcas del Poder Ejecutivo, como la ministra de Educación y Cultura, María Simón y la directora de Derechos Humanos de la cartera, María Elena Martínez; el subsecretario de Salud Pública, Miguel Fernández Galeano y la directora del Programa Nacional Salud de la Mujer y Género, Cristina Grela; la ex subsecretaria de Turismo y Deporte, Lilián Kechichián; las legisladoras Beatriz Argimón, Ivonne Passada; los legisladores Edgardo Ortuño, Alicia Pintos, Gloria Benítez, Mariela De Marco; la edila montevideana Glenda Rondán; el secretario general del Partido Socialista del Uruguay, Eduardo Fernández; el representante del sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Mandeville, entre otros.

 

NO LAS VEN, PERO CANDIDATAS HAY

La Agenda 2009 fue elaborada por más de 60 organizaciones y redes de todo el país que integran la Comisión Nacional de Seguimiento-Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía (CNSMujeres). En torno a seis ejes de trabajo, sistematiza propuestas concretas en materia de trabajo e inclusión socio-económica, violencia hacia las mujeres y de género, participación y representación política, sistema de bienestar y políticas de cuidado, educación, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Para presentarla acudieron mujeres de Artigas, Canelones, Colonia, Maldonado, Salto, Treinta y Tres, Río Negro, Rivera, Montevideo, y representantes de redes como la Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Canarias en Movimiento, de Educación Popular entre Mujeres (Repem), Cudecoop, así como representantes del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT.

Ante todas ellas, apretujadas en un estrado que quedó chico y aplaudidas por otra entusiasta multitud mayoritariamente femenina desde la platea improvisada en el patio exterior del Cabildo de Montevideo ?unas y otras empeñadas en desafiar la llovizna que las iba humedeciendo- Lilián Abracinskas, coordinadora de CNSMujeres, hizo notar: ?Para aquellos que no saben dónde encontrar mujeres para llenar las listas electorales, aqui hay apenas una muestra??

?La sociedad uruguaya es continentadora y capaz de convivir en diversidad. Pero no ha sido posible transformar sus estructuras hacia un sistema que incluya y reconozca a toda esa diversidad. La Agenda de las Mujeres está elaborada por mujeres, pero está dirigida a todas y todos. Si se respeta, estaremos más cerca de una sociedad justa?, agregó Abracinskas. Acto seguido procedió a enumerar una serie de hechos y actos que constituyen violencia vigente hacia la población femenina, entre ellos: los discursos escuchados en oportunidad de discutir la ley de cuotificación de cargos de decisión; el veto a la despenalización del aborto y su no levantamiento por la Asamblea General legislativa; el bajo porcentaje de mujeres en la presente legislatura; la no inclusión de mujeres en las fórmulas presidenciales, con la sola excepción de Asamblea Popular; la falta de propuestas y mensajes de no discriminación, que pronostica que no habrá más mujeres con poder político real como resultado de las próximas elecciones. También el desinterés de los candidatos presidenciales, la ausencia de los candidatos a escuchar lo que quieren las mujeres, probado por su ausencia cuando se presentó en sociedad la Agenda 2009.

 

LINEA DE BASE PARA EL NUEVO GOBIERNO

La Agenda 2009 parte de las propuestas de su antecesora de 2004 y del seguimiento y monitoreo de la transversalización de la equidad de género en cada institución del Estado comprometida en la ejecución del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (InMujeres).

Identificados los avances registrados junto con los obstáculos y vacíos que persisten, se actualizó aquella, con el aporte de organizaciones y redes de todo el país, hasta conformar la nueva línea de base a partir de la cual se podrá evaluar, dentro de cinco años, la gestión del próximo gobierno y exigir rendición de cuentas a quienes asuman la responsabilidad de representar a una ciudadanía cuya mayoría es femenina.

Las propuestas están precedidas de los principios éticos que fundamentan el accionar político de las organizaciones articuladas en CNSMujeres, cuyo contenido se desarrolla. Ellos son: Justicia, Justicia de género, Libertad, Empoderamiento, Autonomía, Ciudadanía, Redistribución de la riqueza, Igualdad, Reconocimiento y Participación Política.

 

MUESTREO DE PROPUESTAS

La Agenda de las Mujeres 2009 sistematiza las propuestas en torno a seis ejes de trabajo, diferenciando en cada uno los niveles político, ámbito institucional, leyes y marcos normativos, programas y servicios y mecanismos de participación y diálogo Estado-sociedad civil.

A modo de ejemplos para difusión general, se enuncian a continuación algunas de ellas, respetando los ejes a los que corresponden.

Trabajo e inclusión socio-económica

–    Superar la división sexual el trabajo, reconocer el derecho de las mujeres a la autonomía económica, a la actividad productiva y a la participación en el mundo del trabajo, generando los mecanismos de responsabilidad compartida y armonización con las tareas de cuidado y atención de las familias.

–    Garantizar el cumplimiento por parte de empleadores públicos y privados de todas las normativas vigentes de protección laboral, como licencias por maternidad-paternidad, lactancia, pre y post natal; registro en la seguridad social, acceso a asignaciones familiares, entre otras.

–    Definir políticas de redistribución de responsabilidades de cuidado entre Estado, mercado, familias y comunidad.

–    Revisar y armonizar la legislación nacional para garantizar el cumplimiento de los instrumentos internacionales desde una perspectiva de género.

–    Garantizar la permanencia de los consejos de salarios con cláusulas para la equidad de género.

–    Incorporar la negociación colectiva en todos los temas referidos a la conciliación de la vida familiar y laboral y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

–    Promover beneficios fiscales, tributarios y financieros como mecanismos de acción afirmativa que apoyen emprendimientos productivos liderados por mujeres.

–    Fortalecer y jerarquizar el rol de la Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades y Trato en el Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Violencia hacia las mujeres

–    Incorporar la violencia contra las mujeres y de género en la prevención, protección y reparación de las víctimas.

–    Diseñar e implementar una política pública integral en materia de trata de personas, en especial de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual comercial.

–    Asegurar una adecuada respuesta policial y d
el Poder Judicial.

–    Crear un sistema nacional de registro y seguimiento de las situaciones de violencia.

–    Establecer mecanismos eficaces de seguimiento a las situaciones denunciadas.

–    Verificar la idoneidad del personal asignado para la atención y promover su capacitación permanente.

–    Revisar y armonizar la legislación nacional, para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado uruguayo ante el sistema internacional de Derechos Humanos.

–    Crear mecanismos de reparación para las víctimas.

–    Asegurar la debida implementación monitoreo y evaluación del Plan Nacional contra la violencia doméstica.

–    Incorporar la perspectiva de género en la legislación penal y procesal penal.

–    Ampliar el número de juzgados y defensorías especializados en todo el país.

–    Atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica y/o abuso sexual cuidando de no revictimizarlos.

–    Crear en todo el país servicios especializados en la atención de varones violentos y centros de atención integral para mujeres víctimas con programas de reinserción social, trabajo, promoción de autonomía y ejercicio de derechos

–    Fortalecer el funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo para la erradicación de la violencia contra las mujeres y de género y el de la Mesa interinstitucional de trata de mujeres con fines de explotación sexual comercial.

Participación y representación política

–    Garantizar la paridad entre hombres y mujeres en los cargos de responsabilidad, política, administrativa, económica y ejecutiva, así como mecanismos que promuevan los liderazgos de las mujeres en distintos ámbitos y sin descriminación.

–    Ubicar la institucionalidad de género, en tanto ente rector de las políticas hacia las mujeres, al más alto nivel jerárquico, garantizando su autonomía presupuestal y la asignación de recursos humanos debidamente capacitados.

–    Legislar e impulsar leyes que aseguren una representación paritaria de las mujeres en los cargos electivos a nivel nacional, departamental y local.

–    Reformar el sistema electoral para garantizar la presencia de mujeres en los cargos electivos así como generar los mecanismos para la identificación por sexo de los votos emitidos en los comicios.

–    Promover leyes de patrocinio y mecenazgo para que organizaciones de la sociedad civil no dependan económicamente de la subvención del Estado o de la cooperación internacional.

Sistema de bienestar y políticas de cuidado

–    Generar un sistema de bienestar que articule la responsabilidad del Estado, del mercado y de las familias para superar la fragmentación existente y responder de forma integral a las necesidades de cuidados de todos los grupos etarios de manera equitativa y con calidad.

–    En la implementación de las medidas de bienestar social corregir aquellas acciones que tienden a reconocer las tareas de cuidado desarrolladas por las mujeres, como flexibilización jubilatoria y el cobro de asignaciones familiares, que refuerzan los roles estereotipados de género y obstaculizan el desarrollo personal de las mujeres.

–    Teniendo en cuenta la mayor expectativa de vida de las mujeres, garantizar un sistema de cuidados que cubra las necesidades de aquellas que han sido las cuidadoras del sistema familiar.

–    Desarrollar marcos normativos en la instituciones del Estado que atiendan y articulen las intervenciones.

–    Revisar y adecuar la legislación existente para garantizar el derecho de las y los cuidadores a tener un trabajo reconocido, remunerado adecuadamente y con cobertura de seguridad social

–    Capacitar recursos humanos de instituciones públicas y privadas.

–    Monitorear y controlar los niveles de calidad en la atención de las instituciones prestadoras de servicios de cuidados.

Educación

–    Garantizar la universalidad en el acceso a todo el sistema en lo que refiere a la atención de niños y niñas de 0 a 3 años a través del Plan CAIF.

–    Asegurar la formación en derechos humanos, género y no discriminación para los recursos humanos de todos los niveles del sistema educativo.

–    Incorporar la obligatoriedad del segundo ciclo de educación media y buscar los mecanismos para fomentar la permanencia de mujeres y varones adolescentes que han sido madres y padres.

–    Implementar la educación sexual a nivel formal.

–    Garantizar en la ley de educación la incorporación de la igualdad y la equidad de género y la no discriminación como cometido de los fines educativos.

–    Mejorar la producción de material didáctico no sexista y no discriminatorio.

–    Fomentar el acceso de las mujeres de todas las edades a las nuevas tecnologías de información y comunicación.

–    Generar mecanismos de participación de la sociedad civil organizada en los espacios de discusión, definición y evaluación de las políticas educativas en el país.

Derechos sexuales y reproductivos

–    Consensuar directrices en políticas de población y desarrollo, basadas en un enfoque de derechos humanos, género, generaciones y etnicidad.

–    Incorporar prestaciones en salud sexual y reproductiva de observancia obligatoria en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que garanticen cobertura y atención universal en anticoncepción, VIH-sida y ETS, violencia contra las mujeres y aborto, entre otras.

–    Crear al más alto nivel jerárquico de la estructura del Estado, una Comisión Nacional de Población y Desarrollo intersectorial, con participación de la sociedad civil organizada.

–    Aprobar una ley que descriminalice y despenalice el aborto, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción de un embarazo y garantizar el acceso a servicios de aborto legal.

–    Implementar y garantizar los servicios incluidos en la Ley de defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva aprobada en la presente legislatura.

–    Implementar las leyes promulgadas para la promoción y reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual.

–    General mecanismos para la actualización y capacitación de los equipos de salud.

–    Promover la incorporación de la salud sexual y reproductiva con perspectiva de genero, generaciones y derechos, en la formación de grado y posgrado de los profesionales de la salud.

–    Asignar recursos identificados en el presupuesto nacional para los programas prioritarios con cometidos específicos en género, salud y derechos sexuales y reproductivos.