PLANETARIAS

MORTALIDAD MATERNA

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por primera vez definió que las altas tasas de mortalidad materna son un problema de derechos humanos. La resolución fue adoptada por consenso, y a través de ella los gobiernos reconocen que la eliminación de la mortalidad y morbilidad maternas requieren la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluidos el derecho a la vida, a ser iguales en dignidad, a la educación, a tener libertad de buscar, recibir e impartir información, a gozar de los beneficios del avance científico, a vivir libres de discriminación y a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, también en materia de salud sexual y reproductiva.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que más de 1.500 mujeres y niñas mueren todos los días en el mundo como resultado de complicaciones prevenibles vinculadas al embarazo, parto y puerperio, tratándose de la principal causa de muerte a nivel mundial entre esta población.

 

ABORTO LEGAL

Luego de cinco meses de discusión, la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, consideró que no es necesaria la intervención de un magistrado para interrumpir un embarazo y exigió la implementación de un protocolo para regular los casos en que sea necesario. Este procedimiento había sido definido por el Ministerio de Salud en 2007 y fue atacado de inconstitucionalidad por la ulraconservadora asociación antiabortista Pro Familia, alegando que en cada caso debía darse intervención a un juez.

La polémica refiere a los abortos que pueden ser realizados por un médico con consentimiento de la mujer encinta, con el fin de evitar un peligro para su vida o su salud de la madre y a los casos en que el embarazo provenga de una violación cometida sobre una mujer demente, únicos abortos que permite la ley penal en todo el país, aunque la mayoría de los juristas argentinos entiende que este último supuesto debería extenderse a toda mujer víctima de una violación.

 

DISCRIMINACION POSITIVA

La Asamblea del Pueblo de Egipto aprobó una nueva legislación a aplicar en las próximas elecciones parlamentarias de 2010, que asigna una cuota de bancas para las mujeres en el Parlamento. La iniciativa fue propuesta por el Consejo Superior de Políticas del Partido Nacional Democrático que encabeza el presidente Gamal Mubarak y por el Consejo Nacional de Mujeres, cuya secretaria general es Farkhanda Hassan.

En tal virtud, se aumentará el número de bancas parlamentarias de 454 a 518, de las cuales 64 serán reservadas para mujeres, 32 distritos en 28 gobernaciones serán representados solamente por candidatas mujeres, dos asientos adicionales serán reservados para representantes femeninas en 24 gobernaciones y cuatro de las más densamente pobladas de El Cairo, Daqahliya, Sharquiya y Beheira.

Una nota explicativa que acompañó la ley, descripta como ?una discriminación positiva que entrará en vigor por un período limitado, tal vez en dos períodos parlamentarios?, recordó que en 2007 Egipto designó a su primera jueza, luego creó el Consejo Nacional de Mujeres, una agencia gubernamental dirigida por la primera dama Suzanne Mubarak, y además fue el primer país árabe en nombrar embajadoras mujeres, ministras de gabinetes y legisladoras.