no es tabaco pero mata

La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual demandó al presidente Tabaré Vázquez que asuma la erradicación de la violencia doméstica de la misma forma que lo hizo con la del tabaquismo: impulsando una política de Estado intensiva que asegure el logro del objetivo.

En entrevista sostenida en el Edificio Libertad el pasado 27 de noviembre, esta inquietud le fue transmitida al secretario de la Presidencia, doctor Miguel Toma, quien se comprometió a transmitirla al primer mantadario y a su gabinete.

Preocupa particularmente a la Red que, a poco más de un año de la expiración del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010, sea tan lento el avance en su implementación.

En tal sentido, observa que todavía no se ha lanzado desde la Presidencia una campaña de sensibilización a la población en general, basada en equidad y derechos humanos, tal como establece el plan. Tampoco se conocen las partidas presupuestales comprometidas por cada organismo público para el cumplimiento de las metas comprometidas en el desarrollo del mismo, ni el tema integra la currícula de ninguna carrera universitaria o grado o posgrado, lo que es particularmente grave respecto de las ciencias médicas y sociales.

Igualmente desconocidos por muchos de los técnicos que tienen que aplicarlos, son los protocolos de abordaje a situaciones de violencia doméstica elaborados por ANEP, INAU y ministerios de Salud Pública y del Interior, organismos que además no articulan entre sí, denuncia la Red. No obstante, reconoce que esta última dependencia estatal es la que ha hecho más esfuerzos.

Capítulo aparte le merece a la Red la situación en el interior del país, en cuyos juzgados no se han creado los equipos multidisciplinarios que prevé la ley 17.514 y la instalación de servicios de atención especializados es muy lenta e insuficiente para las necesidades de las localidades.

La Red también destaca la errática participación y falta de jerarquía suficiente para adoptar decisiones de quienes integran el Consejo Nacional Consultivo para la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres que, creado por la ley citada, es el encargado de impulsar el Plan Nacional con el mismo objetivo.