compromiso académico

n las vísperas del tratamiento en la Cámara de Representantes de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, la Comisión Sectorial de Investigación Científica (Cesic) de la Universidad de la República lanzó un proyecto de investigación sobre «(Des) penalización del aborto en Uruguay», aprobado en el llamado 2008 del Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de interés general.

Con la participación de Rodrigo Arocena y Gregory Randall, rector y pro rector de Investigación de la Udelar, respectivamente, el equipo investigador explicó los objetivos, la estrategia de trabajo, tareas concretas a realizar, modalidades de la difusión de los resultados y productos esperables. Este equipo está integrado por Niki Johnson, Alejandra López Gómez, Graciela Sapriza, Gualberto Arribeltz y Alicia Castro, quienes cuentan con la colaboración de Elina Carril, Grazzia Rey, Alicia Aleman, Oscar Sarlo, Constanza Moreira y Miguel Andreoli.

La todavía vigente penalización absoluta del aborto no fue una constante en Uruguay. El Código Penal de 1934 lo descriminalizó, colocando al país como excepción en el mundo: sólo la Unión Soviética contaba entonces con una legislación que despenalizaba y regulaba la práctica en hospitales públicos.

No obstante, esa situación duró poco: en 1938 lo que el médico Augusto Turenne llamó un «remiendo católico en un tejido liberal», repuso la criminalización. Salvo un intento de modificación de la ley en 1978, plena dictadura, impulsada por el doctor Miguel Langón, fue recién a partir de 1985 cuando empiezan a presentarse proyectos a nivel parlamentario: seis en los últimos 23 años.

La investigación aprobada por CSIC se propone vincular tanto el derrotero parlamentario como el del debate en la sociedad civil con las transformaciones culturales profundas que se verificaron en la sociedad, merced a la lucha consecuente de organizaciones feministas y de mujeres, y sin olvidar la influencia de organismos internacionales como Naciones Unidas en las nuevas miradas a los derechos sexuales y reproductivos y su impacto en las políticas públicas.

La consideración de la despenalizacion el aborto voluntario como un asunto de derechos humanos, salud pública, justicia social y convivencia democrática, abre un amplio abanico para el trabajo de investigación, que incluye los conflictos entre lo individual y lo colectivo, lo público y lo privado, la universalidad y la particularidad, lo laico y lo confesional, entre otros.

La propuesta, a desarrollar en doce meses, es sistematizar la investigación disponible, caracterizar la práctica del aborto en el país y las respuestas institucionales a la misma, reconstruir los debates políticos históricos y contemporáneos sobre la despenalización, identificar y analizar las posiciones de los principales actores sociales, religiosos y académicos así como las líneas argumentales a favor y en contra de descriminalizar y ubicar la realidad del aborto y el debte político y social del país en el contexto regional e internacional.

Para difundir los resultados se prevee la realización de un seminario, mesas de diálogo, video foros y por último la presentación del «libro blanco» con el resultado final.