algo para celebrar

l debate, que insumió alrededor de 16 horas corridas, además de largo fue tedioso: ninguna novedad y exhasperante reiteración en las argumentaciones. La defensa a ultranza de «la vida» fue el centro de las exposiciones de legisladores opuestos a la iniciativa, y en tan sentido ya se sabe que vale todo: desde la invocación al orden natural, pasando por las convicciones personales hasta la trivialización de tan grave problema de salud pública, derechos humanos y justicia social. De esta última, el ejemplo más elocuente corrió por cuenta del diputado nacionalista Sergio Botana, cuando afirmó que se trataba del asunto «más simple» que le tocó enfrentar en su experiencia legislativa, y todo por que él tiene muy clara «la diferencia entre la vida y la muerte». No por ser compartido con muchos de sus pares, este planteo simplista aporta algo a la solución por la que esperan las mujeres. Antes bien, parece barrer hacia abajo de la alfombra una realidad dolorosa -la del aborto practicado en condiciones de riesgo- particularmente para las mujeres más carenciadas.

La síntesis de muchas de las exposiciones opositoras que se escucharon podría ser «el aborto no existe, es un invento de quienes desprecian la vida humana». Lo que ninguno se atrevió a reconocer es que votando la penalización como en 1938, están asumiendo poner en riesgo la vida de las mujeres, riesgo implícito en la clandestinidad a la que están condenadas las que necesitan abortar.

También se defendió la legislación vigente afirmando que «no es cierto» que no prevea abortos no punibles. La referencia a las causales para disminuir y hasta extinguir de pena contempladas en el Código Penal, olvida lo principal: no hay mecanismos para hacerlas valer, porque nunca fueron reglamentadas; tampoco agotan el abanico de atendibles razones que tienen las mujeres para decidir atravesar la nada simple experiencia de interrumpir sus embarazos.

Vale señalar que legisladoras de la oposición como Beatriz Argimón, votando en contra de la despenalización del aborto, defendió los artículos que aseguran educación sexual obligatoria y acceso universal a la anticoncepción, para que se cumplan los compromisos internacionales asumidos por Uruguay y para que persistan cualquiera sea el gobierno de turno.

Convencido de que «un feto es una cosa y la vida otra», el forista Washinton Abdala volvió a la carga con el plebiscito consultivo, de difícil gestión y no vinculante.

No mucho más aportó el debate, a no ser el explícito beneplácito de los opositores al veto anunciado por el presidente Tabaré Vázquez.

Pero lo cierto es que la ley se aprobó integralmente, sin exclusión de ningún capítulo, como el año pasado sucedió en el Senado. Si el artículo cuestionado (ver recuadro) es eliminado, no altera el contenido sustantivo y eso es lo que la Cámara Alta prevé hacer para evitar más dilaciones.

 

EL VETO EN CIERNES

El próximo capítulo de esta larga historia es la decisión del presidente Vázquez sobre promulgar o vetar la ley aprobada por el Parlamento. Hasta ahora, no se ha retractado de su anunciada voluntad de vetar, fundado en convicciones personales e invocando, en su calidad de médico, el juramento hipocrático.

El veto no es atribución exclusiva suya: debe resolverse en Consejo de Ministros o al menos con el acuerdo del ministro del ramo. En tal sentido, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, ya adelantó que lo acompañaría.

No es poca la gente, dentro y fuera del país, que se pregunta qué mueve a la mayoría de legisladores del Frente Amplio a discutir y aprobar una ley que parece tener sentencia de muerte. Lo explicó el miembro informante a favor de la iniciativa, diputado frenteamplista José Luis Gallo: el Parlamento tiene derecho a tratar las leyes que considere adecuadas y respondan al sentir de la sociedad. Debería agregarse que también tiene el deber de hacerlo.

A propósito del veto, Gallo recordó el ejemplo del ex presidente de Francia, Valéry Giscard D´Estaing, cuando en la década del 80 le dijo al papa Juan Pablo II que no vetaría la ley que legalizaba el aborto en su país porque «siendo católico pero también presidente de un Estado laico, no tengo por qué imponer mis opiniones personales a mis conciudadanos, sino procurar que la ley responda al estado real de la sociedad francesa, para que sea respetada». Y a propósito de respeto de las leyes, recordemos también que los cálculos más prudentes indican que en Uruguay se practican 33.000 abortos anuales, mientras que por aplicación de la ley penalizadora vigene desde hace más de 70 años, los procesamientos apenas llegan al 0.04% de esa cifra. Por algo es que desde hace 20 años, la relación entre quienes apoyan la modificación de esa ley y quienes se oponen es de 6 a 4.

 

LA VIOLENCIA NO FALTO A LA CITA

Como en oportunidades anteriores, la violencia tampoco faltó a la cita. Las barras, repletas de partidarios y detractores de la interrupción voluntaria del embarazo, fueron desalojadas dos veces en el transcurso de la sesión: la primera por amenaza de bomba en el recinto parlamentario; la segunda por el estridente aplauso que le mereció al contingente opositor el cuestionamiento en base a estadísticas del legislador nacionalista Javier García.

Este segundo desalojo, que fue singularmente lento y en el que intervinieron las fuerzas de seguridad para vencer la resistencia del público, terminó con un joven detenido por desacato.

Fuera del edificio, desde temprana hora grupos de confesa filiación religiosa arengaron sin parar desde un estrado especialmente montado y dotado de tecnología apropiada como para aturdir al entorno. Rezos, bendiciones y amenazas partieron de hombres y mujeres crispados, coléricos y blandiendo puños. Contrastaban con la serena presencia de mujeres y algunos hombres, que en la acera contraria exhibían carteles de apoyo a la iniciativa y las emblemáticas manos de color naranja. Ante ánimos caldeados, que no excluyeron algún «pechamiento» de los opositores, primó la calma y la cosa no pasó a mayores.

Este paisaje, tampoco novedoso, debería hacer pensar de qué lugar proviene la violencia: ¿de quienes defienden los derechos de las mujeres o del fanatismo confesional que estigmatiza a sus portavoces? La razón se explica, la intolerancia vocifera y amenaza.