derechos infantiles versus adultos con poder

En ateneo sobre abuso sexual infantil, organizado por la Bancada Bicameral Femenina, Unicef y el Instituto Interamericano del Niño, hincó el diente a la problemática del abuso sexual infantil a partir del análisis de un caso paradigmático de lo que puede considerarse error judicial, y dejó abierto el camino para profundizar.

El hecho de que en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes se esté discutiendo un proyecto de modificaciones al Código de la Niñez en materia de maltrato y abuso sexual infantil, que ya cuenta con sanción del Senado, es una oportunidad para avanzar en el mismo camino.

En el ateneo, realizado en el Palacio Legislativo en junio pasado, se revisó pormenorizadamente el proceso judicial disparado por la sospecha de abuso sexual de una niña de 5 años. Quedaron diferenciados claramente los dos tiempos del mismo: reconocimiento de la existencia del delito en el primero y rechazo de la misma en el segundo, todo en el marco de la institucionalidad del Estado.

Como informara La República de las Mujeres en su edición del 6 de julio, luego de varias pericias que advirtieron la posibilidad de estar frente a una situación de abuso sexual y pese a que la última de ellas contradecía todas las anteriores, el juez de primera instancia, apoyado en una muy bien fundada vista fiscal, sentenció con prisión al padre de la niña y a su pareja mujer por someter a la víctima a actividades sexuales que la misma había relatado con espontaneidad y fuidez. Un tribunal de alzada entendió que la pericia con resultado negativo, realizada por la Clínica de Psiquiatría Pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, introducía una «duda razonable» a favor de los acusados y los absolvió.

En el análisis público del caso participó la mayoría de los operadores que intervinieron en el proceso judicial, incluyendo a las y los peritos, y se contó con la evaluación externa de Isabel Cuadros, psiquiatra colombiana con treinta años de experiencia en la materia. Luego de escuchar a todos los protagonistas presentes, y asombrada por lo que entendió una contradicción entre «el nivel de desarrollo de este país versus el nivel de conocimiento en este campo», Cuadros aseguró que en el caso planteado no faltaba ninguna pieza del rompecabezas, lo que la llevaba a preguntarse: «¿De dónde sacaron la idea peregrina de que la niña no estaba en riesgo cuanto tenían tanta evidencia?», enfatizando que «No hay nada má s traumático para un ser humano que la ausencia de justicia«.

 

LEGISLADORAS NO SE CRUZAN DE BRAZOS

Las conclusiones del ateneo y particularmente los cuestionamientos de la doctora Cuadros, fueron rebatidos un editorial firmado por los doctores Hugo Rodríguez y Guido Berro, el primero integrante del equipo de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica y el segundo del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina. Publicado en el sitio web de esta última, fue contestado públicamente por tres integrantes de la Bancada Bicameral Femenina: la senadora Margarita Percovich y las diputadas Beatriz Argimón y Nora Gauthier.

Rodríguez y Berro comienzan denunciando que «una integrante de una organización no gubernamental extranjera cuestionó públicamente la capacitación de los profesionales uruguayos para dictaminar en casos de denuncias de abuso sexual de niñas y niños», incluyendo a servicios del Poder Judicial y de la Facultad de Medicina.

Las legisladoras aclaran que la aludida es integrante del Consejo Ejecutivo de la International Society for Prevention off Child Abuse and Meglect (Ipscan), consultora de Unicef y directora de la organización colombiana Afecto contra el maltrato infantil.

«Si los legisladores y legisladoras no cuestionamos los dictámenes que consideramos errados con relación al objetivo de las leyes que aprobamos en el Parlamento, ¿quién lo va a hacer? La capacitación de muchos de nuestros magistrados y operadores del sistema de Justicia general deja bastante que desear con relación a la protección de las víctimas, especialmente en los casos de violencia y abuso en la vida privada. Si recibimos denuncias en nuestros despachos de malas sentencias o abordajes victimizadores no podemos quedarnos cruzadas de brazos», contestan Percovich, Argimón y Gauthier, insistiendo en qu e » Los y las legisladoras estamos para controlar al Estado cuando se actúa con incompetencia por acción y omisión».

Los médicos acusan a Cuadros de » grosero desconocimiento del tema en análisis», ante lo que las legisladoras les recuerdan, particularmente a Rodríguez: «Usted aconsejó no sacarle los pañales a los bebés suponiendo que no pueden ser penetrados sexualmente sin ser muertos y la doctora Cuadros le demostró, con profusa documentación, que es perfectamente posible aunque las huellas de la agresión se disipen. Claro, quizá usted olvidó que los abusadores utilizan objetos o sus dedos para consumar la penetración».

«La ignorancia ­si no la corrupción- dieron lugar a que se desprotegieran los derechos fundamentales de una niña de cinco años de edad. La sensación que deja la lectura de este caso es que lo que se desea es proteger al acusado, que se transformó de pronto en víctima de la niña. Sólo alguien que mueve muchos resortes puede haber ignorado así toda la prueba de abuso, revictimizando a la niña», es la tajante respuesta de las legisladoras.

Berro y Rodríguez no se privan de advertir sobre la ética de los profesionales que incurren en «certificaciones tendenciosas» de abuso sexual, de modo que «Bajo el pretexto de `proteger` a un menor, toman partido en un conflicto entre adultos, con un resultado a menudo devastador para el primero».

La réplica tomó los hechos como sustento: «Lo mismo deberíamos pensar cuando un peritaje, sin llegar a abordar el tema del abuso con la víctima, se permite calificar de inverosímil un abuso confirmado por tres peritajes previos y una junta médica del Instituto Técnico Forense».

Rodríguez y Berro cuestionan a los técnicos no judiciales que supuestamente confunden terapia con pericia y a los peritos que asesoran a las partes. Argimón, Percovich y Gauthier replican que «Los técnicos no judiciales hace tiempo que se niegan a hacer diagnósticos para que no los denuncien. Lamentablemente, los gurises se han quedado sin una correcta atención. Las consecuencias están a la vista con el triste boom de denuncias que todos hemos presenciado los últimos meses». A su vez, se congratulan de que » Afortunadamente en nuestro sistema los peritos no son la única ni la última palabra»: la prueba de parte también es valorada por jueces y juezas que cumplen responsablemente con su función.

Finalmente, los médicos «alertan sobre el establecimiento de una suerte de cultura de los expertos. No se trata de psiquiatras, psicólogos, médicos legistas o pediatras, sino de personas expertas en violencia, en abuso, en maltrado, que ejercen sin la calificación ni la habilitación necesarias». Las legisladoras se extrañan, ya que los expertos que ellas conocen son profesionales debidamente acreditados que además se han formado interdisciplinariamente en temáticas como violencia de género y sexual, un debe mayor de la Universidad de la República, «que no especializa a sus profesionales».

 

EL PESO DEL «PADRE DE FAMILIA»

Para Percovich, Argimón y Gauthier es sospechosa la preocupación de los profesionales de la medicina » por los `padres de familia` y la posibilidad de ser injustos con los adultos (con poder), minimizando las injusticias a las que se somete a los niños con estos procedimientos».

Este último párrafo del comunicado que firman las tres sirve de introducción al análisis de lo planteado, según actas parlamentarias, en el seno de la Comisión de Constitución, Legisl
ación y Códigos de la Cámara de Diputados por representantes de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica y el Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia (Supia), en el marco de la discusión del proyecto de reformas al Código de la Niñez sobre maltrato y abuso sexual de niños y adolescentes.

Sintetizó el diputado Edgardo Ortuño al cabo de las exposiciones: «Veo en toda la intervención una inclinación muy fuerte orientada hacia la duda o las posibles falsedades de las denuncias (…) un énfasis muy fuerte que nos ilustra en cuanto a procedimientos para establecer la verosimilitud de las afirmaciones que, francamente, me llamó la atención, y por eso quería preguntarles cuàl es el soporte cuantitativo ­si es que existen porcentajes al respecto- que fundamenta ese enfoque».

No fue el único sorprendido: su colega Javier Salsamendi reflexionó que si se dice que «es muy difícil que un niño hable sobre abuso sexual, que es más sencillo que calle, se concluye que la posibilidad de que un individuo haya sido acusado falsamente es extremadamente baja».

Aunque no aportó fuentes referentes, la psiquiatra Laura Viola, integrante de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica que funciona en el Hospital Pereira Rossell -y una de las intervinientes junto con Hugo Rodríguez en la pericia decisioria para la liberación de los imputados en el caso analizado en el ateneo- aseguró que el 40% de las denuncias se desechan luego de la primera entrevista. Un porcentaje que parece demasiado elevado, sobre todo porque la misma profesional afirma que cuando el relato de niñas y niños es espontáneo, en el 95% de los casos el abuso es real.

Pero Viola sostiene que el alto porcentaje de confirmación cuando un niño denuncia libre y espontáneamente se reduce a 50% «cuando hay disputas legales entre los padres en caso de separación o divorcio».

 

LA PRUEBA IMPOSIBLE

Sin perjuicio de reconocer que «hay diferencias culturales muy importantes en la forma que tenemos de entender este tema, y esto tiene que ver con el conjunto de creencias de la sociedad», Viola asegura que la única posibilidad de llegar a la verdad es la pericia » objetiva e imparcial».

El perito «nunca debe respaldarse en la evaluación subjetiva de la credibilidad del testimonio» y tampoco dar su opinión sobre la ocurrencia o no del abuso «basado en la presencia o ausencia de síntomas», asegura la profesional. Lo que hace pensar en una situación casi sin salida, dado que la única prueba de que generalmente se dispone es el testimonio infantil y las disfunciones que hechos tan graves provocan en la conducta de las víctimas. El abuso no se produce en público, y el agresor resistirá confesar su protagonismo en él.

Viola admite que » la víctima infantil, que es totalmente indefensa, tiene una anorme dificultad para expresar lo que sucede», pero eso no le impide, ante «casos imprecisos», limitar taxativamente las hipótesis del peritaje a las siguientes: «el niño es creíble pero ha malinterpretado o mal percibido una interacción que es inocente; el familiar interpretó erróneamente una interacción que es inocente; el niño está contaminado en forma no intencional; el niño ha sido intencionalmente manipulado para creer que ha sido abusado; el niño fue presionado por una figura de autoridad para hacer una falsa denuncia de abuso, o el niño realiza una falsa denuncia por razones tanto de grandiosidad como de revancha o de patología psiquiátrica». Lo que prácticamente no deja oportunidades para niñas y niños que no puedan expresar elocuentemente cómo han sido violados sus derechos…

Coincidentes, Viola y Rodríguez insisten en su preocupación por los efectos de las falsas denuncias en el quiebre de la estructura familiar, porque «uno de los derechos básicos del niño es tener una familia», y «En el afán de proteger se pueden tomar medidas que tienen nefastas consecuecias y se pierde de vista que es lo mejor para el niño». No habría que olvidar que no todas las familias son buenas y menos lo mejor para sus integrantes, especialmente para los más vulnerables.

 

RICHARD GARDNER, EL INNOMBRABLE

Hablando de falsas denuncias, que Viola cree aumentaron en los últimos años, cita al psicólogo estadounidense Richard Gardner, inventor del supuesto síndrome de alienación parental, originalmente destinado a explicar el lavado cerebro en las sectas y aplicado luego al presunto adoctrinamiento del niño para que acuse a uno de los progenitores cuando las separaciones de pareja son conflictivas.

Respecto de Gardner, decía la doctora Cuadros en el ateneo: «Nadie serio en el mundo cita a Gardner. Este hombre jamás pasó por ninguna de las instancias norteamericanas que son bastante serias; no pasó jamás por la OMS (Organización Mundial de la Salud ). No está en la clasificación internacional de enfermedades, sin embargo el síndrome de alienación parental es muy importante para los abogados de los abusadores sexuales, para los abusadores sexuales y para la gente que no lee, que es bien ingenua y que cree este tipo de cuentitos. Cuando usted se pone a mirar cuántos casos de abuso sexual hay en las disputas por divorcio o por custodia de los niños no pasa del 6%».

El pasado 23 de julio, Viola explicó en el Parlamento que Gardner «fue fundamentalmente denostado por las feministas».

 

MUÑECAS «PELIGROSAS»

La psiquiatra atribuye responsablidad en los diagnósticos erróneos de abuso sexual a «las muñecas anatómicas». «Su uso no tiene ninguna consistencia científica», apoya Miguel Cherro, presidente de Supia; «hace 20 años que se desaconsejan para el dignóstico del abuso sexual», coincide Hugo Rodríguez.

Cuadros explicó en el ateneo que «Los niños que han sido victimizados hacen (con las muñecas anatómicas) juegos completamente distintos a los juegos de los niños no victimizados. Aquí hay que hablar desde la ciencia, y la referencia está en el capítulo de abuso sexual de la Academia de Pediatría norteamericana y es de James Monteleone».

 

MAS ESTIGMA PARA LA POBREZA

En medio de un análisis de la prevalencia del abuso sexual, Viola introdujo una epidemiología del maltrato infantil que encuentra entre los factores de riesgo el bajo nivel de instrucción de los padres, desempleo, vivienda inadecuada, ausencia de asistencia social, hogar monoparental, aislamiento social, lo que puede llevar a referir el problema a la pobreza, cuando muchas investigaciones serias dan cuenta de que el abuso sexual de niños y adolescentes ocurre en todos los grupos sociales. Justamente, la Asociación Española de Pediatría, en un trabajo realizado por pediatras del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona a partir de 497 casos, en junio de 2008 encontró que la mayoría de lo abusos sexuales (36%) se producen en familias de nivel social medio; el 29% en nivel medio-bajo, 21% en nivel bajo, 9% en nivel medio-alto, 4% en marginal y 1% en familias de nivel alto.

La Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Representantes continúa su trabajo en pos de una legislación que proteja efectivamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual. Entre las propuestas está un procedimiento especial que contemple su particular vulnerabilidad.