A pesar de las medidas cautelares "siempre hay riesgo"

El Consejo Nacional Consultivo Honorario de Lucha contra la Violencia Doméstica, integrado por representantes de diversos organismos estatales (Ministerio del Interior y Poder Judicial entre otros) y de la sociedad civil organizada, fue creado por la Ley Nº 17.514 con la misión de elaborar el Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, aprobado por el Poder Ejecutivo 2004.

Como parte del desarrollo de ese plan, se crearon en Montevideo cuatro juzgados de Familia especializados en violencia doméstica, al que se integraron profesionales con experiencia en el tema y capacitación continua, según relata la jueza Ana Muñecas, quien llegó a titular de uno de los mismos luego de trabajar desde el 2002 en el interior del país con casos de violencia doméstica.

El funcionamiento de estos juzgados tiene algunas particularidades por la temática de la que se encargan. Tanto jueces como equipos forenses y técnicos cumplen guardias rotativas que se extienden a los fines de semana y feriados, pues «hay que disponerle todo el tiempo necesario» a las demandas de las víctimas, que no tienen horarios y que, en muchos casos, requieren resoluciones immediatas aunque sean de carácter provisorio, explica Muñecas.

Según la jueza, la mayoría de sus colegas «tuvo la iniciativa y el interés por hacerlo, y es que hay que estar muy compenetrado». Suele pasar, por ejemplo, que son las 19 horas, las o los magistrados están saliendo del juzgado y llega una mujer golpeada. «No podemos hacer otra cosa que atenderla, tomarle declaración, hacerle un informe del equipo técnico y adoptar alguna medida», afirma con convicción Muñecas.

Una situación de violencia doméstica, que se ventila en primer término en el fuero de Familia, puede ir acompañada de otros delitos penales (privación ilegítima de la libertad, por ejemplo), por lo que jueces que trabajan en uno y otro espacio se han reunido en el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), a fin de establecer estrategias de intercomunicación. En muchas ocasiones «es preferible anticipar los riesgos de un caso por teléfono con los colegas, pues el escrito no siempre refleja los peligros reales» que pueden sufrir las mujeres, asegura Muñecas.

 

PRECAUCIONES SEGUN LA SITUACION

Las medidas cautelares previstas en la Ley 17.514 sirven, según la titular del Juzgado Especializado de 2º Turno, para «descomprimir situaciones». En aplicación de las mismas, el juez actuante puede determinar la exclusión del agresor del hogar o bien impedirle la comunicación, entre otras opciones, aunque en principio es por poco tiempo, hasta que en una nueva audiencia se les vuelve a preguntar a las partes lo que desean hacer.

Es posible que » la exclusión del hogar sea uno de los peores desalojos que realiza la Justicia, y aumenta la agresividad del victimario», evalúa Muñecas, para quien debería implementarse un lugar adonde derivarlos para su alojamiento y tratamiento, «un espacio donde realmente puedan ser asistidos» . Muchas veces no tienen a donde ir y no sólo «les cuesta mucho entender que la medida también es por su bien», sino que además la ley sólo prevé su defensa gratuita para la primera audiencia.

El juez interviniente debe tomar una serie de precauciones que se correspondan con el tipo de situación de que se trate. En muchos casos, cuando las víctimas al llegar a la audiencia deciden retirar la denuncia alegando que «aclararon las cosas afuera», «yo hago retirar a la parte agresora y le vuelvo a preguntar a solas si realmente quiere quitar la denuncia, porque muchas veces lo dicen bajo presión. Pero aún tomando todas las precauciones, siempre se está expuesto al riesgo, y esto es lo que desvela de esta tarea», asume Muñecas.

Según el informe del equipo técnico, que contiene las apreciaciones respecto a la situación familiar, el juez muchas veces «determina las medidas cautelares en contra de la voluntad de la víctima», que no siempre se encuentra en condiciones de autonomía para decidir acerca de su situación o la de sus hijos, asegura la jueza.

 

RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS

Para Muñecas, lo más grave de este tema es que «la víctima debe estar preparada de antemano ante la posiblidad de incumplimiento de las medidas cautelares», porque lamentablemente sucede que «de pronto viene un mujer que está siendo perseguida por su agresor al que ya le habían determinado el alejamiento; la policía dice no encontrarlo, aunque a ella se le aparece en su casa».

De ese caso concreto en el que intervino recientemente, la jueza recuerda que hasta que llamó al inspector máximo involucrado en el tema, no se ejerció presión hacia la jefatura en particular, desde la que evidentemente se «estaba encubriendo al agresor». Mientras la mujer, que había llegado hasta el juzgado desesperada, «tuvo que viajar en un coche de la policía particular, porque tenía miedo de ir sola a su casa».

La jueza hace hincapié en que se trata de un problema muy agudo a nivel cultural, en el que toda la sociedad debe colaborar, y lo ejemplifica con el mismo caso: al aparecerse el agresor en la escuela de sus hijos, la maestra optó por llamar a la madre y pedirle que no los llevara, pues «no queria tener problemas», una actitud que puede victimizar a los niños aunque esa no sea la intención.

 

NIÑAS Y NIÑOS VIOLENTADOS POR SUS PROGENITORES

Respecto a la atención que presta el juzgado a niñas y niños cuando están siendo vulnerados en sus derechos por sus propios padres, hay varias cuestiones que deben mejorarse en la visión de jueza Muñecas. Por ejemplo, el hecho de que no está previsto por ley que tengan asistencia letrada pública. Su defensa, que no obstante muchos profesionales asumen, «se debería instrumentar institucionalmente».

Existe la figura del Curador voluntario, que asiste al niño en caso de intereses contrapuestos a los de sus progenitores, pero en general «no aceptan, o la lista que poseemos no resulta suficiente» para atender todos los casos que se presentan, comenta la magistrada. Asegura también que su trabajo «no termina nunca, pues nos vamos sensibilizados con las historias concretas que escuchamos día a día, más aún si no podemos resolverlas, ya que sabemos que hay vidas en riesgo».

 

MUCHO POR HACER

Para Montevideo y Canelones también es necesario aumentar la cantidad de técnicos, considera Muñecas: «Existe un solo psiquiatra infantil en todo el país», y si bien muchas veces los informes vienen del equipo del Hospital Pereira Rossell, no siempre «son completos y esto es un problema, porque la única manera de no revictimizar es hacer un informe completo para que el niño no tenga que pasar por estudios todo el tiempo».

Como sucede respecto de muchos servicios, el interior del país multiplica carencias. «Se hace más difícil, en primer lugar porque no hay juzgados especializados en el tema y por lo tanto,en un mismo Juzgado se tratan todos los asuntos: penales, civiles, etc., pero además porque no cuentan con equipos técnicos para evaluar las situaciones y ésto es lo que los colegas piden a gritos durante recorridas que ha hecho el Centro de Estudios Judiciales», caracteriza Muñecas.

En esos departamentos «se registran muchos menos casos de violencia por el aislamiento, además de que la mujer está mucho más desvalorizada, no tiene adónde acudir, sus hijos en muchos casos no están escolarizados y por tanto no hay forma de que la escuela detecte -como aquí en Montevideo pasa- las situaciones de violencia».

 

ALGUNOS NUMEROS

Las denuncias por violencia doméstica han aumentado considerablemente en el presente año, pero según la jueza Ana Muñecas, «no todas llegan a estas sedes, pues las que provienen de estratos sociales más altos se resuelven en general en los estudios jurídicos«. Igualmente, los juzg
ados especializados de Montevideo están desbordados. Y no sólo por la cantidad de casos que atienden: también «por la delicadeza con la que se deben tratar estos temas».

Según datos del despacho de la doctora Muñecas, durante 2007, sólo en el Juzgado de 2º Turno se han abierto 1.300 expedientes, 70% de los cuales corresponden a situaciones de violencia doméstica. Diariamente se presentan a audiencias de 12 a 14 casos, de los cuales 8 son por la misma temática y 4 refieren al Código de la Niñez y la Adolescencia. La jueza insiste que se trata de un problema cultural frente al cual hay mucho por hacer, pues se trata de los «roles que históricamente hemos asumido como hombres y mujeres. Y en la medida en que no se trabaje también en la rehabilitación de los agresores, dificilmente no sigamos reproduciendo familias con violencia doméstica» .