La aplicación de la ley no va bien

Desde su creación -en la Cámara de Representantes en pasadas legislaturas y con carácter bicameral en la presente- la Bancada Femenina puso en práctica la convicción de que la responsabilidad de legisladoras y legisladores no acaba con votar leyes: también es necesario que se involucren en el seguimiento de su aplicación. En este último aspecto, las legisladoras dieron ejemplo particularmente respecto de aquellas leyes que atienden cuestiones de género, una de las cuales es la Ley 17.514 de Violencia Doméstica, sancionada en 2002.

El Observatorio de Violencia Doméstica, que funciona en la Cámara de Diputados, tuvo como objetivo original «no solamente trasmitir las quejas que recibíamos de diversas mujeres sobre mal tratamiento de parte de jueces, policías, fiscales, sino tratar de fundamentar los errores en los expedientes y que las profesionales que colaboraran hicieran observaciones pertinentes para que los legisladores las trasmitiéramos a los distintos actores», dijo a La República de las Mujeres la ex diputada colorada Glenda Rondán, quien pese a ser edila por Montevideo actualmente, integra también la Bancada Femenina Bicameral ya que su partido no tiene representantes mujeres en el Parlamento.

El problema es que es muy difícil que los profesionales que defienden los casos hagan llegar los expedientes, pues «ellos mismos están implicados y en ese sentido trabajamos: intentando hacer públicas las cuestiones que no se cumplen de la Ley de Violencia Doméstica a partir del conocimiento de los casos a los que podemos acceder. No podemos intervenir en la Justicia, pero sí podemos ver cómo se comporta», aclara Rondán, y hay veces que «los casos son tratados con cierta liviandad. Sin embargo hay más denuncias, lo que significa que la Ley 17.514 sirvió para que la gente sepa que hay algo que la respalda, y eso es muy importante».

 

RESISTENCIAS, EXPECTATIVAS, DIFICULTADES

   El problema, para Rondán, es que si la ley llama a denunciar pero no siempre se la aplica, se puede estar poniendo a la víctima «mucho más en riesgo, porque lo grave es que seguimos con gente que muere y antes había denunciado y la policía no había tomado las medidas que tuvo que tomar».

Para la diputada nacionalista Beatriz Argimón, en algún sentido es «lamentable» que la Ley haya despertado tanta adhesión, en tanto existe todavía » un grave problema con el cumplimiento de las medidas cautelares» que prevé, ya que esto puede implicar muchas veces la revictimización de la persona que denuncia.

«Yo no creo que sea contraproducente nunca», afirma sin embargo la senadora frenteamplista Margarita Percovich, quien asegura que como legisladoras hicieron una opción al votar la Ley 17.514: en un principio pretendían una más completa, que implicaba que aprobada la misma el Poder Ejecutivo se tenía que poner hacer «todo lo que aún hoy no se hace»; pero al discutirla entendieron que no era posible su aplicación, menos aún en el marco de la crisis de 2002.

«Lo que hicimos entonces fue elaborar una ley con medidas cautelares, como ley de prevención para evitar que las víctimas vulnerables dentro de la familia mueran», lo que implicó, según la legisladora, dar una batalla con el movimiento de mujeres, así como hubo que darla al no circunscribir la norma exclusivamente a las mujeres e incluir a niños, niñas y ancianos.

Percovich recuerda que en algunos sectores de la sociedad «la resistencia al proyecto fue brutal» , al punto que el fiscal Viana presentó un recurso de inconstitucionalidad contra ella. Contribuyó al triunfo haber salido «juntas a pelearla», y además conseguir el dinero para la creación de los cuatro juzgados de Familia especializados en violencia doméstica que funcionan en Montevideo.

 

COINCIDENCIA EN EL DIAGNOSTICO

Rondán, Argimón y Percovich coinciden en el diagnóstico sobre la aplicación de la ley. Argimón adelanta que en breve se dará a conocer un informe público, producto del trabajo conjunto de las comisiones de Género y Equidad y de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes con todos los actores comprometidos en el tema.

«Tenemos algunos aportes fuertes para dar. Nos parece que lo peor que podemos hacer es esconder la cabeza. Si (la aplicación de la ley ) funciona mal hay que salir a decirlo», asegura la diputada nacionalista, que focaliza los inconvenientes fundamentalmente en los peritos del sistema judicial, a los que también hace referencia Percovich.

No se ha logrado tener peritos especializados en el tema y los que tiene el Poder Judicial, según Percovich, «están formados en una cosa completamente tradicional, lo que hace que cuando viene una sicóloga especializada en violencia doméstica de una organización no gubernamental y dictamina ´este niño fue abusado´, los jueces desconfían del diagnóstico y en cambio dan crédito al perito que le dice ´es una exageración´».

¿Quién avala entonces el informe técnico, si los peritos no están preparados?, se pregunta la senadora, advirtiendo que formar peritos para que realmente cuya opinión solvente se constituye en solvente para el juez «es una batalla en la que aún nos encontramos inmersos».

Tampoco se han podido nombrar todavía todos los fiscales que se encargarán de violencia doméstica. Según Percovich, esto se debe a que «a los hombres les cuesta entrar en las lógicas ciudadanas y antes de fiscales especializados en violencia reclaman especialistas en lavado de dinero, que son necesarios, pero no se comparan en cantidad esos delitos con las denuncias de violencia cotidianas». Algunas mujeres fiscales han planteado el tema a la interna del cuerpo de colegas.

 

RIESGOS DE REVICTIMIZACION

«Nos preocupa también cómo se realizan los interrogatorios fundamentalmente a niños y niñas ­destaca Argimón- pues la forma de preguntar a un chico que ha sido sometido a presión sicológica debe ser muy delicada, y en muchísimos casos no vemos este cuidado, lo que claramente lleva a la revictimización que esta Ley trata de evitar por todos los medios».

«Ha pasado por ejemplo -denuncia la diputada- que se hace pasar solos a los niños sin presencia, no digo de sus progenitores, pero al menos de su abogado, alguien de referencia que les resulte una cara confiable. Porque si a ningún adulto le gusta estar en un juzgado, menos a un niño que ya viene en estado de suma vulnerabilidad».

«Lamentablemente ­afirma Percovich- tuvimos que empezar de cero en este período con muchas cosas. Por ejemplo Ricardo Bernal, el actual subsecretario de Interior, había sido quitado de su cargo justamente porque se había preparado en una policía respetuosa de los Derechos Humanos y respecto al tema de violencia. Realmente, hubo que recomponer mucha cosa».

 

AL CAMBIO HAY  QUE CONSTRUIRLO

Percovich considera que la Ley 17.514 ha sido muy positiva porque «desnudó todas estas cosas. Además ya se han formado en varios departamentos los Consejos Consultivos Honorarios de Violencia Doméstica, con el jefe de policía, el director de Instituto Nacional de la Niñez y Adolescencia del Uruguay (INAU), al director local del Ministerio de Salud Pública, el juez, el fiscal. No obstante, hay muchos cambios por hacer todavía».

Comprender la lógica de la violencia y cómo atenderla es algo que «hay que construirlo y eso nos va a llevar mucho tiempo», asevera Percovich, a la que se une Rondán, quien afirma que aun los medios deben mejorar mucho en la comunicación de este tema, pues hay casos que no llegan a ser asesinato que no salen en ningún lado: «por ejemplo los suicidios, de hombres y mujeres, de adolescentes y niños», que en muchos casos están vinculados a la forma de terminar con una situación de violencia insostenible.