Violencia doméstica un asunto político

La Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual, fundada en 1992, es un espacio de articulación de organizaciones y grupos de la sociedad civil que trabajan en la temática desde una perspectiva de género y de derechos humanos, sea brindando servicios a las víctimas y a veces también a los victimarios, o capacitando a operadores públicos y privados.

La Red se propone incidir en las políticas públicas departamentales, regionales y nacionales, presionar al Estado para que cumpla con las convenciones y compromisos internacionales, y promover transformaciones culturales a nivel de los sistemas sociales que legitiman y perpetúan la violencia contra las mujeres.

Para la Red es prioritario «involucrar a la ciudadanía en su conjunto en la lucha por este tema y delinear caminos conjuntos para permear las voluntades políticas para que sea considerado asunto de Estado y enmarcado como una de las prioridades nacionales». Así lo expresa en la introducción de la publicación «Violencia doméstica y sexual e incidencia en políticas públicas», elaborada por Andrea Tuana y Fanny Samuniski, y presentada el pasado 27 de mayo con la participación del coordinador residente del sistema de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Mandeville; la senadora Margarita Percovich, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi, y la co-coordinadora de la Red, Andrea Tuana.

 

ESCENARIO ACTUAL Y DESAFIOS

El trabajo sintetiza el proceso histórico de visibilización de la violencia doméstica y sexual, incluyendo las convenciones e instrumentos internacionales aprobados en la materia; las principales acciones desarrolladas por la red, desde su participación en la redacción de la leyes 16.707 que tipifica el delito de violencia doméstica, ya incorporado al Código Penal, y 17.514, que desarrolla un sistema de intervención en esas situaciones, pasando por la Campaña del Crespón y otras acciones públicas destinadas a sensibilizar y ampliar la concencia social sobre la gravedad del problema.

También sistematiza el escenario actual y los desafíos. En el primero encuentra inexistencia de una política de Estado y de recursos prespuestales adecuados para abordar el problema, de un registro estadístico único y nacional, de una política de formación continua de los operadores sociales, de programas especializados de atención integral a las víctimas y a los victimarios en las instituciones del Estado. Registra en cambio, como una constante al pedir ayuda, la victimización secundaria, en general determinada por la incluencia de sistemas ideológicos que permanecen en el imaginario colectivo.

Entre los desafíos, la Red identifica consolidar jerarquizadamente el tema en la agenda política del Uruguay, presionar para la efectiva implementación del Primer Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, continuar abogando por la aplicación adecuada de la Ley 17.514, ampliar las alianzas con actores políticos comprometidos con el tema, generar mayor movilización social en todo el país, llamar la atención de la opinión pública sobre la gravedad del problema en nuestro país.

 

ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS

«La violencia doméstica atenta contra los derechos humanos de las personas; es por tanto un asunto público que involucra y compete a la ciudadanía en su conjunto».

De esta tajante afirmación, la Red desprende líneas de acción política: la denuncia de prácticas discriminatorias y violaciones de los derechos humanos como estrategia básica; el lobby o cabildeo en torno a los referentes políticos; el control ciudadano respecto de la acción pública.

«Hacer política es también participar en el Estado y desde allí contribuir a construir una perspectiva del abordaje de la violencia doméstica desde un enfoque de género y derechos», se asegura en la publicación, que entre las herramientas de incidencia política no olvida el buen relacionamiento con los medios de comunicación.

Elementos para comprender qué es la violencia doméstica y sexual, el alcance de sus consecuencias tanto sanitarias como económicas y sociales, y un directorio de las organizaciones que componen la red, completan el documento.