Bancada femenina denuncia conductas que afectan funciones

Denunciado por su esposa por violencia física y psicológica contra su persona, y para resguardar la integridad física de la víctima, la Justicia impuso a Piero Solari medidas cautelares, mientras se sustancia el proceso. «Se trata de un hecho grave y deshonroso, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un funcionario internacional a quien la Organización de Estados Americanos le encomendó la valiosa tarea de dirigir una institución que ha de velar por la efectiva vigencia de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro continente», evalúa la Bancada Bicameral Femenina.

El hecho compromete a nuestro país, sede del Instituto Interamericano del Niño que Solari dirige, y en tal virtud se ha puesto en conocimiento de la Cancillería y de las representaciones diplomáticas de varios países de la región. «Ningún Estado democrático de Derecho puede ser neutral frente a este tipo de conductas, de carácter autoritario y patriarcal que desconocen las responsabilidades básicas asumidas tanto en el ámbito de Naciones Unidas como de la OEA», advierte la declaración de las legisladoras, que esperan respuesta de las autoridades nacionales competentes.

Cuando el doctor Raúl Antúnez, director general de la Defensoría de Familia y Violencia Doméstica, ordenó retirar de su área de competencia todos los carteles y folletería destinados a informar a las mujeres sobre su derecho a una vida sin violencia, la Bancada Bicameral Femenina trasladó su preocupación a la Suprema Corte de Justicia, que resolvió iniciarle al funcionario una investigación que acaba de concluir a su favor.

Ultimamente, Antúnez ha vertido en los medios opiniones negativas sobre el registro de deudores alimentarios, creado recientemente por ley, y sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. Las legisladoras estiman que «El clima que crea con estas actitudes en la Defensoría especializada no es el más propicio para evitar la revictimización de quienes logran acercarse a la Justicia para plantear la demanda de protección de sus derechos». Agregan que «el señor director, que es el actor en representación del Estado en los litigios familiares, debería estudiar las convenciones internacionales que obligan a nuestro país a atender el flagelo de la violencia familiar y el abandono de las responsabilidades con relación a los hijos».

La declaración adelanta en un tercer punto la voluntad de «seguir atentamente las acciones de investigación y enjuiciamiento que hayan de adoptarse frente al doloroso y repudiable episodio de violación sufrido por una joven con vulnerabilidad intelectual en la ciudad de Colonia», hecho que continúa sin esclarecerse pese a la movilización permanente de la comunidad en busca de justicia.