Jugar con fuego

Las mujeres pagan un precio cada vez más alto por el comercio de armas pequeñas, un negocio que mueve miles de millones de dólares peligrosamente exento de regulación. El Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica que comienza a implementarse en Uruguay no contiene acciones destinadas a reducir la tenencia, pero en el Parlamento hay un proyecto de ley que en tal sentido lo complementaría.

En el Consejo Honorario Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, que recientemente ha comenzado a funcionar, coinciden representantes de los Ministerio de Salud Pública y del Interior, la Suprema Corte de Justicia, el Congreso Nacional de Intendentes, el Instituto del Niño y del Adolescente, la Administración Nacional de Educación Pública y la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Lo preside el Instituto Nacional de las Mujeres, dependencia del Ministerio de Desarrollo Social.

En su primera reunión, realizada el pasado 19 de julio, el Consejo definió prioritaria la implementación del Plan Nacional de Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica, aprobado durante la anterior administración, que contiene acciones concretas a llevar a cabo en todo el país comprensivas de capacitación de la población y del funcionariado del Estado, así como de campañas de sensibilización pública.

El Plan no incluye un programa de control y reducción de la tenencia de armas, pero esta es una aspiración tanto en del Poder Legislativo como del Ejecutivo.

Desde hace dos años el Parlamento cuenta con un proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Armas en la órbita del Ministerio del Interior, elaborado por la diputada encuentrista Daisy Tourné, y que coincide en sus objetivos con la discusión que se está dando en Naciones Unidas en torno a la concreción de un tratado internacional sobre el comercio de armas, especialmente centrado en el control de las armas pequeñas.

Según datos aportados a sus pares por la senadora encuentrista Margarita Percovich, se calcula que actualmente hay en el mundo casi 650 millones de armas pequeñas, la mayoría en manos de hombres, y casi el 60% en poder de ciudadanos particulares. Unas 600.000 están circulando en nuestro país, el 90% de ellas en manos de la población que no es militar ni policial.

La probabilidad de que una agresión con arma de fuego tenga resultados mortales es doce veces mayor a la de una agresión perpetrada con cualquier otro tipo de arma. Mujeres y niñas son las más expuestas a la violencia armada.

En Sudáfrica, cada dieciocho horas una mujer muere por disparos realizados por su pareja o ex pareja. En este mismo país al igual que en Francia, una de cada tres mujeres que pierde la vida a manos de sus compañeros sentimentales fue atacada con arma de fuego; en Estados Unidos la proporción es de dos cada tres.

En Uruguay, de 58 muertes por violencia doméstica acaecidas entre enero y noviembre de 2004, treinta (52%) fueron causadas por armas de fuego. El número de víctimas femeninas de homicidio en el ámbito familiar supera al de las masculinas.

«Teniendo en cuenta que las mujeres casi nunca son las compradoras, propietarias o usuarias de las armas pequeñas, sufren de una forma totalmente desproporcionada la violencia armada. Con frecuencia, se afirma que las armas de fuego son necesarias para proteger a las mujeres y a sus familias, pero la realidad es muy diferente. Las mujeres desean que las armas desaparezcan de sus vidas», recordó Percovich a sus pares en la Cámara Alta.