Diputada mexicana propone esterilizar a mujeres que pidan un segundo aborto

La diputada mexicana por el estado de Quintana Roo, Sonia López Cardiel, propuso que las mujeres que soliciten un segundo aborto legal deben someterse a lo que llama un «método anticonceptivo definitivo». En pocas palabras, propone esterilizarlas.

Según publica el diario local La Jornada Maya, la legisladora presentó el proyecto de ley en setiembre de 2018 que tiene como fin reformar el Código Penal del estado de Quintana Roo, ubicado en la Península de Yucatán, fronterizo con Belice, y en la modificación se plantea que en las clínicas de los Servicios Estatales de Salud (SESA) se realicen abortos legales dentro de las causales de no punibilidad vigentes desde el 2010: por violación, por padecimiento de alteraciones genéticas, porque la vida de la madre esté en riesgo, o bien, por accidente.

También quiere agregar que una causal de aborto sea cuando se compruebe una «situación socioeconómica grave y/o justificada», o sea aquellas mujeres o parejas que viven bajo la línea de la pobreza.

En caso de que la mujer se niegue a ser esterilizada, el segundo aborto se le negará rotundamente y, en caso de que se llegue a practicar el proceso fuera de las vías legales, se le podrían imponer entre dos y seis años de prisión, y una pena similar recaería sobre quien lo realice.

Derechos de las mujeres en juego

El proyecto de ley de esta diputada autodenominada «pro vida» dice que busca «salvaguardar la salud de la mujer, encontrándonos dentro del entendido de que el sometimiento a la práctica del aborto resulta altamente desgastante para su salud física y mental, así como también buscando evitar que más niños se encuentren en situación de calle, pobreza extrema, falta de educación, sin poder disfrutar de condiciones dignas para vivir y en muchas ocasiones sin tener identidad ni dignidad”.

Todo el proyecto en general ha causado polémica, y colectivos de derechos humanos, feministas y pro aborto, aseguran que violenta los derechos de las mujeres. Pero uno de los puntos que en particular ha hecho ruido en estos sectores de la sociedad es que, para demostrar que el embarazo es producto de una violación, la mujer debe mostrar una denuncia penal y un dictamen de un médico legista en donde se comprueben lesiones causales de delito.

El pasado 29 de abril, la organización pro aborto Marea Verde, de Quintana Roo, solicitó al Congreso estatal desestimar la iniciativa por considerarla violatoria de los derechos de la mujer.

“Un servicio que respeta los derechos debe incluir la libre decisión de usar o no un método anticonceptivo e implica revictimizar a la mujeres que quedan en embarazo como resultado de la violencia sexual”, señaló el colectivo.