DERECHO AL ABORTO

Denuncian que la Comunidad de Madrid niega el derecho al aborto a migrantes irregulares

En España el aborto es legal y está cubierto por la sanidad pública hasta la semana 14 de embarazo. Sin embargo, dos ONG denuncian los “obstáculos” que Madrid pone a las inmigrantes irregulares para llevar adelante la IVE.

“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción”, ha apuntado explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.
“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción”, ha apuntado explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.

La Comunidad de Madrid podría estar negando y obstaculizando de forma sistemática el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres migrantes en situación irregular, según denunciaron a principios de este mes las organizaciones Women’s Link y la Comisión para la Investigación de Malos tratos a Mujeres,

Ambas organizaciones presentaron una queja dirigida al Defensor del Pueblo las organizaciones en la que recogen seis casos de mujeres a las que se les obstaculizó el acceso al aborto en la sanidad pública de dicha Comunidad.

Según la denuncia se trata de mujeres altamente vulnerables y algunas de ellas víctimas de trata y explotación sexual.

En la queja señalan que a las mujeres se les pide documentación y un empadronamiento de 90 días que normalmente, o no tienen, o no pueden acreditar, mientras el tiempo corre en su contra.

En uno de los seis casos que presentan, una mujer de origen nigeriano, con un embarazo de nueve semanas y víctima de trata, esperó 15 días el documento de asistencia sanitaria y finalmente pudo acceder a la interrupción voluntaria del embarazo cuando tenía 11 semanas de embarazo, cercano al límite legal de las 14 semanas, y gracias al apoyo de una ONG.

En 2016, personal del centro de salud Joaquín Rodrigo de Usera exigió a una mujer en situación administrativa irregular demostrar que llevaba 90 días en España cuando solicitó una interrupción voluntaria del embarazo. La mujer, de nacionalidad china y embarazada de cinco semanas, estaba en situación de explotación sexual. Tuvo que intervenir la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres para pedir al trabajador social del centro que hiciera un informe sobre su situación de vulnerabilidad.

Más control

Las ONG piden al Defensor ayuda para acceder a más datos que permitan conocer la realidad de este asunto.”En estos seis casos, gracias a la intervención de diferentes organizaciones, las mujeres finalmente pudieron acceder a su derecho al aborto, pero no sabemos qué habrá pasado con otras mujeres a las que no se les haya informado correctamente o no hayan contado con apoyo”, explican desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos.

En ese sentido solicitan a Fernández Marugán que les ayude a conocer cuántas interrupciones voluntarias del embarazo se practican en la sanidad pública y privada de la Comunidad de Madrid por edad, nacionalidad y situación personal de las pacientes.

Así como también con qué profesionales cuentan los centros de salud de la comunicada, cuál es su formación y con qué asiduidad asisten mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, potenciales víctimas de trata a los centros de salud para acceder a abortos y de qué nacionalidad son estas mujeres.

“En todo el mundo, las mujeres migrantes se enfrentan a serios obstáculos para acceder a los servicios de salud y, en concreto, a la salud sexual y reproductiva. España no es una excepción”, ha apuntado explica Estefanny Molina, abogada de Women’s Link.

Te recomendamos

Publicá tu comentario

Compartí tu opinión con toda la comunidad

chat_bubble
Si no puedes comentar, envianos un mensaje