Licencia para matar: In-justicia patriarcal y cultura femicida

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En las diferentes etapas del proceso histórico social y en las diversas formas organizativas que conocemos, la vida de las mujeres no ha valido, ni vale, lo mismo que la vida de los hombres. Esta valoración diferenciada explica por qué, ante el asesinato de los hombres se buscan de forma vehemente culpables y justicia, pero ante los crímenes cometidos contra las mujeres se buscan justificaciones y se promueve la impunidad.

Estos hechos en su conjunto permiten afirmar que vivimos en una femicide culture (cultura femicida). Esta cultura femicida puede definirse como una forma de organización social que subvalora y menosprecia la vida de las mujeres en relación a la vida de los hombres, en la que se les concibe como prescindibles, desechables, y por tanto, sustituibles. Una cultura femicida es aquella donde se acepta, naturaliza y justifica el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, donde se permite su asesinato, se deja que ocurra con beneplácito, donde se encubre a sus perpetradores y donde se premia la comisión de crímenes sexistas y misóginos con la impunidad.

Esta cultura femicida puede manifestarse de manera explícita o solapada, puede poseer un carácter informal (puesta en práctica por individualidades y por grupos sociales en sus diversos procesos interactivos y relacionales, por los medios de comunicación o por otros agentes de socialización) o puede ser ejercida de manera formal (puesta en práctica por el Estado).

Esta cultura femicida formal, es decir, ejercida por el Estado, se manifiesta cuando las instituciones garantes de proteger a las mujeres ante la violencia por razones de género no las protegen, cuando sus denuncias son ignoradas, desatendidas e incluso rechazadas; cuando son revictimizadas por los operadores de justicia, o cuando no le son otorgadas medidas de protección ante la amenaza de femicidio porque consideran que estas no son necesarias o que la gravedad de los hechos no es tal como la presentan las víctimas. La cultura femicida ejercida por el Estado, se manifiesta cuando los crímenes cometidos contra las mujeres no son investigados como femicidios, cuando no son activados los protocolos correspondientes, cuando los operadores de justicia actúan con apatía e indiferencia, cuando las víctimas son estigmatizadas durante las investigaciones o juicios, pero sobre todo, esta cultura femicida se manifiesta cuando fiscales, jurados y jueces disminuyen las responsabilidades penales o exoneran a los femicidas.

En este contexto, las instituciones llamadas a sancionar los delitos sexistas y misóginos cometidos contra las mujeres, legitiman, institucionalizan, permiten y promueven el femicidio cuando actúan con laxitud y de manera ineficiente ante la persecución de dichos crímenes; pero también cuando en el contexto de la empatía patriarcal, la falocracia o la fratria masculina -como le denomina la antropóloga Rita Segato-, liberan a los presuntos responsables o les son aplicadas penas menores.

Un claro ejemplo de esta cultura femicida de carácter formal ha sido la respuesta del Estado argentino ante el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años quien en el año 2016 fue drogada, violada y abandonada sin signos vitales por 3 hombres en una unidad sanitaria. No obstante, el tratamiento de este caso desde sus inicios estuvo plagado de vicios e irregularidades, violencia, revictimización, sexismo, misoginia e impunidad. En 2017 ya se daban las primeras muestras de que en este caso no habría justicia cuando a Alejandro Maciel, detenido por el crimen y acusado de “encubrimiento agravado” le fue otorgada por el juez de Garantías Gabriel Bombini, la medida de arresto domiciliario; la resolución del magistrado se fundamentó en que “es adicto y va a recuperarse a una ONG Vida Digna, en la calle Tres Arroyos Nº 78 que es de puertas abiertas”. Pero esta violencia patriarcal y femicida estatal alcanzaría su máxima expresión el pasado 26 de noviembre de 2018 cuando absolvieron a todos los acusados.

Una sentencia decidida en El tribunal de Mar del Plata, integrado por tres hombres, los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, resolvió condenar a Matías Farías y Juan Pablo Offidani a solo 8 años de prisión y una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia y comercialización de estupefacientes, agravado por su venta a una menor de edad y en jurisdicción de una escuela”, mientras que Alejandro Maciel fue absuelto por el delito de encubrimiento.

Los jueces en un ejercicio de empatía patriarcal y revictimizando a quien ya no puede defenderse, afirmaron que no hubo lesiones compatibles con agresión sexual, que la personalidad de Lucía no era sumisa sino fuerte, “que Lucía tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería”, y que “esa desigualdad entre hombre y mujer, esa asimetría en la relación de poder, no se hallan presentes en este caso. Acá no ha existido ni violencia física, psicológica, subordinación ni humillación ni mucho menos cosificación”. Pese a que la víctima era menor de edad, los acusados le proveyeron drogas y la superaban en cantidad, los jueces consideraron que en el caso no existieron relaciones de poder, ni violación, ni menos aún femicidio, por el contrario, sentenciaron que “todo se dio en un marco de normalidad y naturalidad, todo fue perfectamente querido y consentido por Lucía Pérez”.

Esta sentencia y otras de esta naturaleza, son el más claro ejemplo de una cultura femicida, en la cual las víctimas son responsabilizadas por los crímenes contra ellas cometidos; donde los culpables son exonerados, premiados con la impunidad, pero sobre todo, motivados a repetir estos crímenes bajo el amparo de un sistema de justicia patriarcal que les otorga licencia para matar.

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