Racializadas y encarceladas

En las diferentes etapas del proceso histórico social de la humanidad, sus formas organizativas y modos relacionales, las mujeres y los afrodescendientes han compartido un hecho en común, el desprecio y menoscabo de su condición de género y etnicidad. La sociedad se organizó en torno a criterios patriarcales y posteriormente coloniales, en los que se definió de manera arbitraria como inferior a toda persona que se no se encontrase dentro del grupo de los hombres, europeos o eurodescendientes, heterosexuales y poseedores de recursos económicos. Todos aquellos con una condición, herencia o experiencia de vida distinta serían sistemáticamente excluidos de la “civilización” y reducidos a la condición de inferioridad e irracionalidad.

Ante la persistencia de estas formas de discriminación, en algunos países se ha avanzado en la construcción de una estructura jurídica e instituciones para la prevención, atención, sanción y erradicación del racismo y otras formas de discriminación; pese a ello, las mujeres afrodescendientes, continúan siendo las más afectadas, vulnerables, discriminadas, excluidas y empobrecidas, siendo su participación en los diversos ámbitos de la vida social limitada. La situación social y experiencias de las mujeres afrodescendientes destacan entre las más complejas de la región, dado que pertenecen a los dos grupos sociales históricamente considerados inferiores y discriminados; este hecho de acuerdo a Epsy Campbell ha favorecido su  exclusión y marginación económica, así como,  el acceso a la educación, los servicios básicos, el empleo, la salud, entre otras.

Brasil es un ejemplo de ello, pese a que es el país suramericano con mayor población afrodescendiente, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística 53% en el 2014, continúan sub representados en los distintos ámbitos de acción y decisión. De acuerdo a al estudio “Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do Brasil e Suas Ações Afirmativas Pesquisa 2010” los afrobrasileños están sub representados en las empresas; las mujeres afrodescendientes constituyen un contingente de 25,6% de toda la población y el 50,1% de las mujeres brasileñas, en el ámbito empresarial sólo 5,6% ocupa puestos de supervisión, 2,1% puestos gerenciales y sólo 0,5% se encuentra presente el nivel ejecutivo.

Las mujeres afrodescendientes también cuentan con empleos poco calificados, de menor remuneración y estima social, además, con independencia del sector económico en el que se desenvuelvan el ingreso promedio de una mujer afrodescendiente en Brasil continúa siendo inferior que el percibido por los hombres negros, pero también menor al de las mujeres y hombres blancos. Este escenario de feminización y racialización de la pobreza ha favorecido una mayor participación de las mujeres en la comisión de delitos como el robo, el traslado o escondite de armas y el microtráfico de drogas, no obstante, se cree que el endurecimiento de las leyes contra las drogas ha tenido como consecuencia el exacerbado incremento del encarcelamiento de mujeres afrodescendientes.

De acuerdo con una investigación realizada por el sitio Alma Preta y reseñada en español por el portal Distintas Latitudes, entre 2000 y 2014 la población de mujeres encarceladas creció un 567.4% en Brasil. El 63% están detenidas a causa del tráfico de drogas, un 68% del total de encarceladas son mujeres negras, el 50% son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, la mayoría son de bajos ingresos, el 50% solo tienen educación básica y, 1 de cada 5 es madre o está embarazada.

Estos hechos en su conjunto sin duda profundizan las condiciones de vulnerabilidad de género y racial experimentadas por las mujeres en una sociedad patriarcal, racista y normativista, por lo cual en instituciones misóginas como las cárceles se enfrentan a la violencia verbal, física, psicológica y sexual, la ausencia o precaria atención médica, entre otras formas de violencia explícitas e implícitas. También su encarcelamiento tiene como consecuencia la desarticulación del grupo familiar, así como, el abandono por parte de la red de apoyo como familiares y amistades que dificulta sus posibilidades reales de reinserción social al obtener la libertad, favoreciendo de este modo la reincidencia criminal.

Ante este escenario la ONG Brasileña “Mulheres em prisão” propone que el país revise su legislación a la luz de la Reglas de Bangkok, -documento normativo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) creado en 2010 para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes-, en el cual se presentan 70 lineamientos o reglas mínimas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y garantizar sus derechos en los sistemas penitenciarios. Con ello, se propone la formulación de políticas contra la violencia dirigidas a las mujeres privadas de libertad, pero sobre todo, evitar hasta donde sea posible el encarcelamiento, y buscar alternativas como el arresto domiciliar.