Feminicidio infantil y Estado de in-seguridad

El feminicidio puede definirse como el asesinato de niñas y mujeres como consecuencia de la discriminación por razones de género, los prejuicios sexistas y la misoginia que aún impera en la sociedad; bajo la mirada silente, permisiva e impune del Estado garante de sus derechos. De acuerdo a Marcela Lagarde en su ensayo “Violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres” para que ocurra el feminicidio es necesaria la convergencia de la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar dichos crímenes; es decir, el Estado y sus instituciones se convierten en feminicidas cuando:

1.- No dan las suficientes garantías a las niñas y las mujeres.
2.- No crea condiciones de seguridad que garanticen sus vidas.

3.- Realizan averiguaciones de manera parcial, incompleta y confusa.
4.- Actúan con laxitud y de manera ineficiente ante la persecución de los delitos.
5.- Liberan a los presuntos responsables o les son aplicadas penas menores.

Desde esta perspectiva es posible afirmar que la muerte de 40 niñas y adolescentes calcinadas en Guatemala el 08 de marzo, -aunado a otras decenas que continúan debatiéndose entre la vida y la muerte por la gravedad de las quemaduras sufridas- en un incendio mientras permanecían encerradas por protestar contra los abusos sexuales de los que eran víctimas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, puede calificarse como un feminicidio.

Las autoridades han querido disminuir y evadir su responsabilidad señalando que la protesta se originó porque “las niñas no estaban satisfechas con el sabor de las comidas”, que “portaban objetos punzocortantes escondidos en el pelo”, que “agotaron el diálogo con las niñas”, que “el incendio fue iniciado por las internas” y que –en palabras del presidente Jimmy Morales en una entrevista- “estaban encerradas porque se quería evitar una tragedia”; no obstante, la realidad es que ni el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ni la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, ni el Ministerio Público, ni la Defensoría de la Niñez, ni la Procuraduría de los Derechos Humanos hicieron nada para protegerles pese a que durante años se denunciaron los malos tratos, la violencia verbal, física, psicológica, sexual y la trata con fines de prostitución de la que han sido víctimas niños, niñas y adolescentes en el referido albergue, motivo por el cual constantemente los menores huyen del lugar.

El Estado era el tutor legal de estas niñas y adolescentes, el Estado debió garantizar sus derechos, su integridad física y psicológica, protegerlas, y no lo hizo. El Estado las abandonó a su suerte, obvió las sistemáticas y repetidas agresiones sexuales a las que fueron sometidas por parte de los trabajadores de la casa hogar, pero también por parte de otros a quienes se les permitió acceder a sus cuerpos mediante la trata con fines de prostitución. El Estado no les garantizó el acceso a la justicia sin dilaciones y mediante la debida diligencia, el Estado no esclareció los casos denunciados, el Estado no evitó la impunidad y la revictimización de las víctimas; por eso, hoy, el Estado guatemalteco es feminicida.