La falta de trabajo y el hambre impulsan al delito en Soriano

En diálogo con LA REPUBLICA, Guastavino, defensor de oficio en lo Penal analizó la situación de los procesados en Uruguay partiendo de un informe emitido por el Ministerio del Interior y difundido el 5 de noviembre pasado por este matutino, que revelaba que el 67 por ciento de los procesados no tiene condena firme.

Expresó el profesional que esta situación es habitual en el país y en el resto de Latinoamérica, en virtud de las características del actual Código Penal. «Es el gran drama del proceso penal, los presos sin condena» algo que acarrea una cuota de angustia mayor al encausado. El doctor lamentó la no aplicación de la Ley 17.079, aprobada en 1997 y que pretendía, según dijo, cambiar la modalidad de los juicios con lo cual «se avanzaría muchísimo en una humanización del tratamiento del delincuente, e incluso de la víctima, y regulaba lo que se llama el proceso por audiencia pública».

Una ley que en primera instancia se estipulaba entraría en vigencia en julio de 1998 pero que después fue prorrogada. Guastavino indicó que en la Defensoría de Oficio recaen aproximadamente el 85 por ciento de los casos penales, «por todo aquello de la selectividad del sistema, de la cantidad de presos pobres, más allá que hemos tenido algunos presos ricos también. Casi el 85 por ciento de los casos vienen a la defensoría, por el tema de que la mayoría de los que agarra el sistema penal son presos pobres. Es como aquello que se leía en una cárcel de Colombia: ‘En este lugar maldito donde reina la tristeza, no se condena el delito sino a la pobreza'; que no quiere decir que todos los pobres tengan que delinquir. Pobreza no es sinónimo de delincuencia, pero hay un gran porcentaje».

Agregó que en lo que tiene que ver con Soriano la mayor cantidad de delitos que se cometen es contra la propiedad «por el tema de la falta de trabajo, el hambre de la gente, sobre todo en este último tiempo con abigeatos, pero no hechos violentos», a diferencia de lo que ocurre en la capital del país.

En este sentido sostuvo que si bien a nivel de la opinión pública puede tenerse la percepción de que la ola delictiva va en aumento en los últimos tiempos, en su opinión «lo que ha aumentado es la sensación de inseguridad de la comunidad. La forma en la que se trasmiten esos delitos violentos forman una sensación térmica en la comunidad mucho mayor. La forma de dar la noticia, me parece, que agrava la sensación térmica». Acotó al respecto que si bien ha habido un aumento en algunas modalidades delictivas «no es para alarmarse».

Sensación térmica

Guastavino catalogó como «altamente buenos» los resultados que ha dado la modalidad de procesamiento sin prisión para aquellos delincuentes primarios. «Creo que el procesamiento sin prisión es una buena arma y el individuo no reincide en general. Tiene un alto porcentaje de no reincidencia» algo que en números generales se situaría en un 85 por ciento de no reincidencia, contra un 15 por ciento de los que inicialmente son procesados sin prisión y vuelven a delinquir.

Esta forma de procesamiento «debe usarse en caso de que lógicamente la personalidad encuadre: delitos de escaso monto, primario absoluto. Ahí cabe el procesamiento sin prisión. Pero por la sensación térmica, y por las presiones de la sociedad, muchas veces los fiscales piden con prisión, sin tener en cuenta el gran deterioro y el efecto criminológico que tiene la cárcel».

En otro orden, el entrevistado manifestó que «la gente a veces dice que el defensor penal es el que coadyuva con el delincuente, y no es así. El defensor penal coadyuva con la defensa técnica. Estás al lado de un ser humano que cometió un error, como nos puede pasar a cualquiera en la vida, y tenés que tratar de asistirlo».

Agregó que la situación interna en los establecimientos carcelarios «encarna todo lo contrario a lo que dice el artículo 26 de la Constitución de la República, en cuanto a que la cárcel no debe servir para mortificar al preso y que debe rehabilitarlo».

Como dato ilustrativo aportó que en Mercedes y en lo que va del año «estamos asistiendo a tres casos de intento de autoeliminación de muchachos jóvenes, primarios, de 21 años, y un autoeliminado, un muchachito joven de Dolores de 22 años. Creo que esa es una situación que tiene que llamar a la reflexión».

Agregó que además de la falta de recursos para rediseñar el sistema carcelario «falta también, y es posible, un poco de incentivo en formar y educar al personal penitenciario, que no tienen preparación para tratar de mejorar esa relación humana».

Preso del preso

Una relación que Guastavino catalogó como «difícil porque el carcelero es el preso del preso, entonces a veces se forma todo un círculo vicioso. Con otro tipo de técnicas, o de preparación de la gente, que le diera un poco más de soltura interna al preso, eso podría lograrse. Hay actividades que dentro de lo que es la Cárcel se pueden hacer. En este momento en la Cárcel no hacen nada, el individuo está en un ocio total, no hay actividades, el Patronato de Liberados y Encausados hace lo que puede con los poquitos recursos que tiene».

Agregó el entrevistado que no existen incentivos para el encausado «por falta de una política penitenciaria y de actitud del Estado». Algo que repercutiría en forma positiva en comunidades del Interior fundamentalmente, ya que «en la medida que haya políticas adecuadas que rehabiliten en parte a ese preso, nos vemos todos beneficiados. Porque a todos nos importa que el preso está allá y que salga con mejores pautas, por lo menos para que no vuelva a delinquir, y lamentablemente a veces la sociedad no se da cuenta de eso».

Según opinó, con una política adecuada de rehabilitación en el Interior del país, donde aún no se constata el nivel de violencia que se da en Montevideo, podrían obtenerse buenos resultados en cuando a la no reicidencia y el encauzamiento social de aquel que en su momento se equivocó. *