Desapareció una costosa cámara filmadora

Prefectura investiga robo en la Aduana

De acuerdo a la información que ha sido recabada por LA REPUBLICA, hasta el momento se ha constatado la sustracción de una costosa cámara filmadora, cuya función era la de registrar los procedimientos que se realizan en el marco de la lucha al contrabando, al tiempo que también tenía fines de instrucción.

Las fuentes que han sido consultadas indicaron que el hecho se habría producido el pasado miércoles 24, presumiblemente en horas de la noche, aunque puntos como este forman parte de la investigación que desde entonces viene realizando Prefectura.

El robo se habría registrado en la oficina 520, que se encuentra ubicada en el 5º piso de la sede central de la Aduana, en el mismo piso y cercano a donde funciona el grupo asesor del director de la institución. De acuerdo a lo que hasta el momento ha podido ser establecido, el ingreso del o los intrusos a la citada oficina se habría producido mediante forzamiento de la puerta.

El artefacto en cuestión es una cámara profesional de alta tecnología, de la marca Panasonic, cuya función ya fue detallada. Hasta el momento las investigaciones incluyeron un relevamiento fotográfico de la escena del hecho, como así también pericial en busca de rastros o indicios que permitan a los pesquisas navales orientar el caso.

Las fuentes dijeron que la denuncia por robo fue presentada ni bien se tomó conocimiento del hecho por parte de la División de Inspección General de Servicio, estando ya en conocimiento de la Justicia competente. En este sentido no se descarta que en el transcurso de las próximas horas se acentúen las indagaciones en base a los elementos que ya han sido analizados.

No es la primera vez que se registran estos extraños y misteriosos robos dentro del edificio aduanero, siendo el caso más recordado el de archivos de empresas infractoras bajo la administración de Pablo Ilarietti.

Otra aduanera

También a nivel aduanero, de acuerdo a las fuentes consultadas, existe preocupación por un reciente remate judicial realizado sobre 800 cajas de cigarrillos, que a su vez contienen 50 cartones de 10 cajillas cada una.

Los datos que manejan las fuentes indican que se detectó que la partida que paso a remate se encuentra en mal estado, por lo cual su comercialización no estaría permitida. En este sentido, se hizo saber que el producto habría sido adquirido por un polémico empresario acusado recientemente por el director de Aduanas, Víctor Lissidini, de ser uno de los mayores contrabandistas del país.

El costo de la mercadería fue tasada en cinco mil dólares, monto que se cubrió con un cheque de dudosa solvencia de fondos, pertenenciente a un empresario vinculado a un free shop de Rivera, de iniciales LB. El documento pertenece, según las fuentes, al Banco Comercial y la boleta de adquisición de la mercadería se extendió a nombre del empresario acusado por Víctor Lissidini de contrabandista, de iniciales WR.

Las fuentes sostuvieron que se desconoce cuál fue el destino final de la mercadería, indicando la necesidad de intervención de la Justicia y del Ministerio de Salud Pública. *

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