Comisario inspector prófugo, dado de baja por abandono de trabajo
La expulsión de la fuerza de este alto oficial de Policía, con estrechos vínculos políticos, llega después del segundo intento de hacerlo a un lado. En la primera oportunidad se formó un Tribunal de Honor que analizaba la falta grave cometida por Rivero en 1988 junto a otro policía, cuando fue procesado por nueve delitos de abigeato y contrabando
Fue salvado, tal como en su momento lo informara LA REPUBLICA, por las gestiones políticas realizadas cuando se analizaba su «descalificación por falta gravísima». Una vez que salvó la carrera pasó a desempeñarse como custodio del por entonces vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre.
Este vínculo le valió la posibilidad de acceder, años después, a un pase en comisión a la secretaría del diputado herrerista Gustavo Borsari, quien al enterarse de la investigación que pesaba en contra del funcionario le suspendió el beneficio. En aquel momento el legislador había explicado que «conmigo se desempeñaba como con Gonzalo, correctamente. Era un funcionario policial que naturalmente nos daba las garantías que surgen de esa calidad. En esta instancia, por esta noticia que da LA REPUBLICA, uno se tendrá que atener a lo que diga la Justicia».
El diputado se refería a la información revelada por LA REPUBLICA el lunes 10 de diciembre de 2001, sobre la investigación que tiene a su cargo la jueza Penal de 17º Turno, Ana Lima.
Los cargos
Muchas con las imputaciones que enfrenta Artigas Rivero, entre ellas el contrabando a gran escala de cigarrillos en coordinación con un ciudadano argentino, a quien le habría pasado la titularidad de la sociedad anónima a su nombre cuando supo que tenía las horas contadas.
Se trata de una firma mediante la cual importaban el citado producto desde países tales como Chile o Paraguay para introducirlos ilegalmente en Uruguay y Argentina. Para tener un parámetro del volumen de las maniobras, sólo durante el año 2000 realizó operaciones por más de cinco millones de dólares, según la información que maneja LA REPUBLICA.
Las ganancias y la fortuna personal del hoy destituido comisario inspector estarían por encima de los 10 millones de dólares. Entre sus principales propiedades se cuenta una estancia de más de mil hectáreas (allanada el año pasado por sus colegas policías), en el departamento de Florida, cuya compra habría concretado definitivamente en 1997.
También se le atribuye una flota de modernos y costos vehículos y ha realizado una indeterminada cantidad de viajes en el último decenio. Todo ello, supuestamente, con el sueldo de comisario inspector que es de 9.517 pesos con 26 centavos. Imposible, dijeron las fuentes, no solo por un tema matemático, sino por una cuestión de tiempos.
Las fuentes consultadas indicaron que Rivero cobró poder y acumuló fortunas principalmente en la época en la que estuvo en comisión, ya que de esta manera tenía todo el tiempo necesario para dedicarse a sus actividades empresariales al margen de la ley. Por el Palacio no iba nunca.
A diferencia del otro cabecilla del contrabando de cigarros –el también prófugo aduanero Adolfo Gil Riveiro– el comisario inspector sacaba la mercadería por los departamento fronterizos salvo Rivera, dominado por el aduanero.
La baja
El 5 de julio de 2002 el presidente Jorge Batlle y el ministro del Interior, Guillermo Stirling, decidieron darle la baja como funcionario en virtud de las faltas acumuladas desde que perdió el pase en comisión, lo cual constituye abandono de trabajo. Rivero había recalado en la Dirección Nacional de Cárceles luego de zafar al Tribunal de Honor a principios del 90.
Pero jamás volvió ya que fugó del país escapando de la Justicia, que tiene abierto en su contra el expediente 9123/01. El 28 de octubre de 2001 Rivero salió de Uruguay por el Puente General San Martín en Fray Bentos rumbo a Argentina. Pocos días después, el 16 de noviembre, se le inició el sumario administrativo correspondiente.
Su prontuario por los hechos de 1988 es el 321/473 y podría verse ampliado una vez que caiga en manos de la Justicia. A pesar de estar requerido internacionalmente existen versiones de que el individuo ha estado en Uruguay en varias oportunidades desde octubre del año pasado a la fecha. Sin embargo cuenta aún con respaldo en varios ámbitos que le habrían permitido entrar y salir sin problemas.
Las investigaciones en su contra continúan y en la actualidad están orientadas al enriquecimiento ilícito del funcionario, que nunca declaró ante la Junta Anticorrupción su patrimonio personal. A pesar de la decisión tomada el 5 de julio, la información no está a disposición como tantos otros decretos. La página oficial de Presidencia no incluye en su link (decretos) esta baja, ni tampoco existe en el servicio de Prensa del Edificio Libertad. *
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