Acusan de "gángster" a encargado del Cementerio de Libertad

Distintas fuentes legislativas revelaron a LA REPUBLICA lo acontecido en una sesión que, por el momento y ante la falta de «pruebas de peso», decidió en forma favorable el futuro del empleado público. El funcionario que fuera encargado de la necrópolis libertense en la pasada legislatura continuará en su trabajo al no prosperar la moción del ejecutivo. El chiruchismo votó solo –informaron las fuentes– acompañado únicamente por un voto más de otra agrupación nacionalista. Sin los votos del resto del Partido Nacional, del Encuentro Progresista y del Partido Colorado alcanzó 14 votos, cuando para destituir al funcionario precisaba la anuencia de la mayoría simple del cuerpo; es decir, la voluntad de 16 ediles. En los expedientes administrativo y judicial, «se establecía claramente –porque además el funcionario lo reconoció– que el acusado realizaba trabajitos particulares fuera de horario, lo que en realidad está prohibido por la reglamentación de Cementerios, pero por lo que ya tuvo suficiente castigo», informó uno de los ediles consultados.

Efectivamente, el hombre fue sumariado, separado de su cargo y durante seis meses se le sancionó reteniéndole la mitad de su sueldo. «Pero echarlo hubiera sido una perrería, porque ni la Intendencia ni la Justicia pudieron comprobar que tuviera que ver con la venta de urnas y desaparición de restos».

Por su parte, luego de conocida la decisión del legislativo, Juan Chiruchi anunció que ahora cuenta con nuevos datos que le permitirán volver a pedir la destitución del funcionario.

El intendente, quien no cejará en su intento, calificó de «lamentable» la resolución de la Junta Departamental maragata. «Tenemos una enorme cantidad de nuevas denuncias que estamos procesando y enviaremos de nuevo a la Junta (…) Vamos a ver si podemos lograr probar como corresponde la responsabilidad de aquellos que han cometido irregularidades en el Cementerio de Libertad».

100 urnas

Por otra parte, este matutino pudo saber que en el expediente judicial, ahora archivado por la Justicia, consta la desaparición de por lo menos 100 urnas. Este dato surge de los testimonios aportados por varias de las personas llamadas a declarar ante la Justicia.

Pero esta maniobra no pudo ser relacionada con el funcionario acusado. Aparentemente, lo sucedido se debió a «un error administrativo» de la Junta Local de Libertad.

«La investigación comenzó en 1996 (…) La Junta Local habría incurrido en un error administrativo al confeccionar un listado con urnas por cuyos derechos se había pagado, que figuraban como no pagas y por lo tanto al funcionario se le dio la orden de volcar los restos que contenían al osario común. Esas urnas luego vuelven al Cementerio para ser utilizadas. En este caso, muchas de ellas desaparecieron. Acá de lo que se habla es de una desprolijidad de la Junta local de Libertad», declaró otro representante.

«Así que si en la órbita judicial el caso concreto contra este funcionario  que hasta el momento tenía su expediente ‘limpio’ quedó archivado, nosotros no podíamos votar otra cosa», dijo la fuente al justificar su voto. Mientras que algunos ediles defienden al acusado y lo consideran «víctima y rehén de una rencilla política», otros opinan que «el hombre es un gángster, varios ediles fueron amenazados por un familiar suyo para que no votaran su destitución; pero no fue por miedo que no la votamos, fue porque no había pruebas para hacerlo, más allá de que pintara nichos fuera de horario o no, porque no se pudo comprobar lo de las urnas».

Si la desaparición de más de 100 urnas es parte de un «negocio turbio que puede además alcanzar a otros cementerios del departamento», será otro capítulo a investigar de aquí en más. Una urna «estándar», en San José, cuesta alrededor de 200 pesos y puede llegar hasta los tres mil.

En tanto el tema de las irregularidades en el Cementerio de Libertad cobró un trasfondo político, la desaparición de los restos continúa en penumbras. Pero la Intendencia maragata deberá enfrentar, el 16 de julio, dos demandas por un total de 120 mil pesos.

Serían apenas los primeros juicios de decenas posibles, según adelantara en exclusiva a este matutino, el abogado de los familiares demandantes, Wilman Rodríguez. *