La cúpula carcelaria quedó ayer del otro lado de las rejas

Estos son los dictámenes emitidos ayer en acuerdo entre la fiscal Mónica Ferrero y el juez Penal de 8º Turno, Pablo Eguren: inspector principal Carlos De Avila, hasta ayer director nacional de Cárceles, procesado con prisión por «un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real con un delito de desacato»; inspector Wila, tercero en jerarquía en la dirección, procesado con prisión por «un delito continuado de abuso de funciones»; comisario inspector Pablo Machado (ex director de Comcar y Libertad) procesado con prisión por «un delito de abuso de funciones en reiteración real con un delito de falsificación ideológica».

El magistrado y la fiscal venían trabajando en el expediente desde febrero pasado, recibiendo denuncias de actos de corrupción generados dentro del sistema carcelario, promovidos por sus máximas jerarquías, tal como lo revelara en exclusiva LA REPUBLICA en aquel entonces. La denuncia tuvo como detonante una amenaza de muerte sufrida por un recluso del Comcar, cuando Machado era director de ese centro de reclusión.

La denuncia indicaba que el preso realizaba gestiones en nombre del director para coordinar traslados de los módulos más conflictivos a los más tranquilos, por sumas que llegaban hasta los 1.500 dólares. Sabiendo incluso que penalmente su situación era delicada si denunciaba estos episodios, el recluso y sus familiares decidieron recurrir a los resortes legales.

Arrastre

Después de recibir la denuncia, que entró por el Juzgado Penal de 20º Turno (a cargo de la causa del recluso amenazado) y derivó en el Juzgado Penal de 8º Turno. En primer lugar se tomaron testimonios a presos, para después pasar a policías que cumplían funciones bajo las órdenes de los investigados, quienes también aportaron elementos a la causa.

La denuncia original contra Machado ameritó que las pesquisas se ampliaran y abarcaron entonces a los máximos responsables del sistema carcelario uruguayo. En todo momento el Ministerio del Interior estuvo al tanto de las pesquisas y los indicios y pruebas que se iban reuniendo, pese a lo cual mantuvo en el cargo a los funcionarios que hoy están tras las rejas.

En medio del inicio del proceso y la decisión de ayer, pasaron muchas cosas especialmente en Libertad y Comcar, como por ejemplo el motín del primero de marzo en el penal maragato y el hallazgo de túneles en el Comcar hace diez días. Sobre ambos temas hay versiones que indican que de alguna manera las autoridades tuvieron parte; concretamente en el caso de los túneles se denunció que eran centro de almacenamiento de drogas que las autoridades usaban para distribuir dentro y fuera de la prisión.

También en Libertad, bajo el mando general del por entonces cuestionado inspector De Avila, se sucedió un exterminio de presos que habían participado en el motín, todos asesinados de la misma manera. Las fuentes consultadas por LA REPUBLICA explican que la matanza fue una suerte de eliminación de pruebas que podrían perjudicar penalmente aun más a los directores.

Inteligencia

Cuando el expediente acumuló fojas y reunía elementos de peso, el magistrado le dio intervención a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) que se encargó de realizar las investigaciones directas sobre los imputados. Fue entonces que en calidad de indagados fueron conducidos a la sede del organismo De Avila, Wila y Machado.

El delito de desacato que recibió ayer De Avila fue justamente porque intentó resistir la acción de la DNII, lo cual empeoró su situación. Tras estas instancias fue que se produjo el allanamiento en el establecimiento Tacoma, donde un homicida gozaba de beneficios insólitos, como ser la libre circulación dentro del recinto, y también fuera de él.

Además tenía para su descanso una lujosa habitación en la que dormía y realizaba, incluso, reuniones sociales. Ese operativo marcó la suerte de los jerarcas. Cabe recordar que el Tacoma está lindero a la dirección de cárceles y que el preso en cuestión se encontraba allí por decisión de De Avila. Pese a eso y al hecho inédito de allanar una cárcel, el funcionario siguió en su puesto.

Las denuncias abarcan delitos mucho más graves que los tipificados ayer, último día de accionar judicial ya que entró en vigencia la feria judicial menor. Las pruebas reunidas por Ferrero y Eguren demostraron irregularidades en el manejo de los traslados, aunque hasta el momento no se demostró el pago de coimas para que se concretaran.

Con estos procesamientos se inicia ahora el proceso, el cual permitirá una vez más la recolección de información. Tal como lo informara LA REPUBLICA en la oportunidad había gran expectativa entre los funcionarios policiales y los propios presos por lo que la Justicia pudiera decidir, ya que se sentían amenazados constantemente por los jerarcas hoy caídos en desgracia. Nuevos elementos podrán recoger ahora los magistrados, que tras la feria de julio retomarán el expediente. *

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