El tiro por la culata

Cuando el 17 de agosto de 1999 el ministro del Interior integró el grupo de Comisiones Barriales de Seguridad, buscando que los vecinos ayudaran efectivamente a la Policía, la iniciativa tuvo ecos auspiciosos. Hoy, a horas de que miembros de las otrora comisiones integren la denominada Comisión de Seguridad Pública, sus reclamos contra el accionar de la Justicia y la Policía son tan duros, que bien podrían traducirse como el fracaso más rotundo de aquella intención primigenia.

«La realidad muestra que los más amparados y protegidos están siendo los delincuentes. Queremos que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que vamos a trabajar todos los días también seamos protegidos», apuntan integrantes de la comisión que enfatizan la «indignación» de los vecinos por el manejo que se está dando a los temas de seguridad ciudadana.

María Esquivel, Nelson Martínez, y Oscar Marusich, que desde el comienzo participan de las actividades instrumentadas por el ministro Guillermo Stirling, coinciden que «el apoyo que se ha brindado a las comisiones barriales no tiene sentido común: queda allí no más. Hay muchas cosas impunes y eso es parte de la falta de diligencia de quien tiene que hacer cumplir la Ley».

Reconocieron que «las comisiones están fallando», en tanto «se nos trata como si fuéramos pollos y ellos gallinas bajo cuyas alas tenemos que estar. Pero al mismo tiempo vemos muchas cosas que no funcionan».

El tiempo da la verdad

Las autoridades se vanagloriaban en agosto de 1999 por la iniciativa de las Comisiones de Seguridad Barrial. Las mismas comenzarían operando en ocho barrios: La Teja, Prado, Malvín, Cerro, Colón, Unión Centro y Maroñas. Su finalidad: «Favorecer las comunicaciones entre los ciudadanos y la Policía, fomentar la participación, recoger directamente las inquietudes de la gente, elaborar nuevas estrategias, priorizar zonas, etc.», aseguraba el documento constitutivo.

«Conocer y operar sobre la realidad, favoreciendo la planificación y ejecución del servicio policial, particularmente en la labor de prevención criminal», aseguraba en el ítem IV del documento firmado por Stirling. También implicaba «una comprometida colaboración, trabajo en conjunto, entre la población y la Policía, para la consecución y el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y la paz social».

A menos de tres años de esta declaración, algunos vecinos optan por consolidar nuevos caminos, «en tanto vemos en la Policía casos muy desordenados: están cumpliendo actividades que no son la función social que tiene que cumplir». Ejemplificaron, refiriendo al manido tema del servicio 222, «donde conceptualmente el policía va porque gana mucho más y no trabajan en la realidad que tienen que trabajar».

Exigieron emular los cambios que otros países nos han puesto como ejemplo, «y que se hagan; que no juguemos con la integridad física y moral de la gente. Tenemos que tomar conciencia que si la ley necesita retoques, deberán hacerse. No queremos andar en la violencia del far-west , a ver quién saca el revólver primero».

Criticaron duramente a «algunos jueces, que quede claro no a todos», en tanto consideraron que los delincuentes vuelven demasiado rápidamente a las calles, «mostrando que la delincuencia es ya una clase privilegiada».

«Se nos mintió»

En cuanto a lo afirmado por el ministro Stirling en el sentido de que hubo avances significativos, positivos en materia de la tarea conjunta vecinos-Policía, los entrevistados lo descartaron: «Se nos mintió. No se mostró la realidad».

En ese marco, la novel Comisión de Seguridad Pública, concretará su acto fundacional este viernes, a partir de las 14 horas, en la sede del Club social y Deportivo Bella Vista, en las calles Agraciada y Asencio.

En la oportunidad anuncian que efectivizarán su reclamo de «reducir drásticamente la discrecionalidad judicial, en materia de salidas transitorias y excarcelación».

Pedirán también a nivel del conjunto de las comisiones barriales «elevar las penas a los delincuentes de guante blanco, castigando con especial severidad a quienes por su elevación cultural, política, económica o, abusando de sus cargos, tienen impunidad de hecho».

Enfatizan en el documento fundacional como un «insulto a las clases populares», la concepción que «el delincuente delinque por necesidad económica, es decir que no es libre de actuar honestamente: la inmensa mayoría de los pobres son honestos y el delito no está ausente en los estratos económicos altos». *