Remitieron a la propietaria de la "casa del terror" en San Carlos

La jueza Penal de 4º Turno, Fany Canesa, procesó ayer de noche a la dueña de una casa de salud que funcionaba ilegalmente en la ciudad de San Carlos donde el sábado pasado falleció la joven Soraya García. "Abandono de incapaces" fue el delito tipificado, pero su situación podría agravarse cuando estén los resultados del Instituto Técnico Forense.

Escrito por: Carlos Peláez - Maldonado

Por su parte, Moisés Salgado, director departamental de Salud Pública, intentó ayer por todos los medios deslindar responsabilidades en torno al funcionamiento ilegal del hogar para ancianos y discapacitados.

Sin embargo las evidencias demuestran la inoperancia de quienes tienen la responsabilidad de realizar los controles.

Desde hace varios años hay gravísimas denuncias de vecinos y ex internados sobre los malos tratos propinados a quienes tuvieron la desgracia de ingresar allí.

Ayer la Justicia y la Policía investigaban las causas, por ahora misteriosas, que provocó la muerte de García y las razones que llevaron a esconder su cadáver durante casi 48 horas.

Sin embargo existen sospechas sobre que el deceso de la joven discapacitada habría sido la consecuencia de malos tratos o sobredosis de psicofármacos.

Como primera medida, la jueza actuante dispuso que la titular del establecimiento, Cristina Gutiérrez Villalba, oriental, de 45 años, fuera procesada con prisión ayer de noche por “abandono de incapaces”.

La casa del terror

La casa alojaba a unas 20 personas entre ancianos y discapacitados; su propietaria era ayudada por su hija, una funcionaria de la Armada Nacional. Por orden judicial el establecimiento fue clausurado y su situación también pasó a la órbita de la Junta Local de San Carlos a los efectos administrativos que correspondan.

El domingo a la noche varios vecinos entregaron a LA REPUBLICA testimonios y una grabación que demostraría el horror que sufrían los internados. Allí se escuchan gritos desgarradores, que según los vecinos, “provenían de los internados salvajemente golpeados”.

Una copia de esos documentos fueron entregados a la Policía, que ayer diligentemente citó a varios testigos para comparecer en la sede penal donde a su vez debía presentarse la propietaria de la casa.

“Una asesina”

Ese mismo hogar, según el desaparecido Estediario, ya había sido denunciado en setiembre de 1994. En realidad el periódico se hacía eco de lo expresado en Radio Maldonado por vecinos y particularmente una anciana que permaneció allí un mes. “Creí que me enloquecía –dijo, y agregó–, la dueña es verdaderamente una asesina”. A su vez otra persona que dijo ser ex funcionario del hogar ratificó los malos tratos que recibían las personas internadas.

El lugar nunca logró su habilitación legal y resulta de difícil explicación cómo, a pesar de no contar con médico y muchas veces carecer de agua y energía eléctrica, pudo seguir funcionando. Más difícil resulta aceptar que siguiera haciéndolo a pesar de todas las denuncias que tenía. En el entorno del lugar LA REPUBLICA pudo comprobar un clima de miedo. Los vecinos estaban aterrorizados por la propietaria y sus vínculos y por otro lado eran testigos permanentes de los gritos de los internados que se producían a cualquier hora del día.

Por estas horas mucha gente lamenta el fallecimiento de una joven internada que tal vez se hubiera evitado con una acentuación de los controles.