El mes de la tortura

De mantenerse el ritmo de procesamientos de policías registrado en el aún no concluido febrero de 2002, este año podría convertirse en un nuevo y triste récord en la materia. En 2000 fueron 103 los funcionarios policiales del Ministerio del Interior que recibieron un fallo adverso de la Justicia, mientras que a agosto de 2001 (últimas cifras disponibles) el número de ese año llegaba a setenta y cuatro.

Más allá de este pronóstico y de esta realidad, lo que preocupa especialmente a las autoridades es la reiteración de hechos de castigos propinados a los detenidos, que si bien en la tipificación penal no figuran como torturas, encierran prácticas abusivas y también malos tratos y apremios.

Maldonado primero, Colonia después y ahora Salto son los departamentos en los que se han producido estos episodios.

La más reciente resolución judicial, tal como lo informó el corresponsal de LA REPUBLICA en Salto, Diego Fernández, se conoció en ese territorio. El procedimiento que terminó con los policías como acusados tuvo origen en setiembre de 2001, cuando vecinos del barrio Lazareto solicitaron apoyo de los uniformados, ya que un ex convicto se encontraba efectuando desórdenes en la vía pública.

Luego de ser apresado y conducido a la comisaría, el individuo presentó una denuncia escrita en la sede Penal de la calle Artigas, alegando haber recibido malos tratos en dicho operativo.

En la pasada jornada se supo que el magistrado en lo Penal y de Menores de 2º Turno dispuso el procesamiento sin prisión de un sargento y de dos agentes de 2ª clase pertenecientes a la Seccional 2ª por «dos delitos de lesiones personales especialmente agravadas».

Tras conocerse el dictamente del juez, el jefe de Policía de Salto, inspector principal (r) Luis Burgos, ordenó el inicio inmediato de un sumario administrativo sobre los tres subalternos.

Igualito

La preocupación de las autoridades radica, también, en que este tipo de situaciones atenta directamente contra el proceso de acercamiento con la sociedad que viene impulsando la secretaría de Estado, y son registrados y observados por los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

El primer caso de esta naturaleza se había registrado al inicio mismo de febrero, cuando la jueza Penal de 4º Turno de Maldonado envió a prisión a dos oficiales de la Jefatura local y a un agente. Uno de los oficiales, jefe de la Brigada Antidrogas de Maldonado, había dirigido un procedimiento que culminó con la captura de un hombre señalado como presunto narcotraficante, sin antecedentes penales.

Luego de ser perseguido y capturado, fue conducido a dependencias oficiales, donde fue golpeado y quemado con cigarrillos. El hombre recuperó la libertad ante la falta de pruebas en su contra y denunció la situación vivida. Un médico forense certificó las lesiones.

Fuentes policiales habían dicho en su momento a LA REPUBLICA que el hombre intentó atropellar a los actuantes y que constantemente se desacató. La entrada a la cárcel de los tres efectivos fernandinos se produjo el siete de febrero.

Ayer LA REPUBLICA reveló el segundo episodio de este tipo, que si bien se habían registrado en 2001, tuvo su epílogo este año, y más concretamente en febrero.

A fines de la semana pasada el juez letrado de Colonia procesaba con prisión a dos funcionarios policiales de la Seccional 7ª de Colonia acusados de cometer un delito de «lesiones graves».

Estos, junto con otros colegas, habían realizado un procedimiento en la vía pública que terminó con la detención de un grupo de jóvenes que se habían reunido en la zona suburbana del Real de San Carlos, para despedir el año.

Los agentes policiales dijeron que la «barra» de muchachos apedreó el patrullero en el cual viajaban y ante la agresión recibida debieron intervenir.

Sin embargo, los jóvenes y sus respectivas familias presentaron denuncias por apremios ilegales durante la permanencia en la comisaría. La saña demostrada fue tal que uno de los privados de su libertad, un joven de 27 años, debió incluso ser intervenido quirúrgicamente a raíz de los golpes sufridos.

Salvo el inspector Burgos de Salto, que tras conocer el fallo se limitó a informar que iniciaría el sumario respectivo, los otros dos jefes afectados intentaron justificar o minimizar la actitud de sus subordinados, lo cual no les trajo aparejada ninguna consecuencia interna.

El inspector Mario San Pedro, de Maldonado, dijo, entre otras cosas: «La función policial es dura; el trabajo en la calle es duro; la seguridad y el combate a la delincuencia no se hace en escritorios, se hace en la calle. Se trata de una tarea compleja, por eso a veces algunos nos equivocamos».

Por su parte, el inspector Ricardo Bernal, de Colonia, aportó lo suyo. Ordenó la emisión de un comunicado de prensa que dice que la única situación de violencia se registró en la vía pública, cuando los agentes se aproximaron a los jóvenes. Agrega que en el transcurso del incidente «resultó lesionado uno de los involucrados, así como un policía». Sin embargo, sobre este último detalle, el parte oficial no aporta ningún elemento que permita aclarar qué tipo de heridas sufrió el lesionado y dónde fue curado.

Sigue la lista

Pero estos ocho procesamientos por los delitos de lesiones personales no fueron los únicos que recayeron en el instituto policial en este fatídico mes de febrero.

También las jefaturas de Montevideo y Canelones sufrieron duros reveses en los últimos días. El fin de la feria judicial impuso la reactivación de las investigaciones sobre la muerte de una ciudadana argentina que vino a abortar a Montevideo. Ya a finales de 2001 un policía de Canelones (comisario jefe de Investigaciones de la Costa) y varios civiles habían terminado tras las rejas por este crimen. Pero febrero trajo el reinicio de la actividad judicial, y el titular del Juzgado Penal de 10º Turno de la capital decretó nuevas resoluciones.

En este caso otros cinco uniformados fueron procesados, cuatro de ellos con prisión, por delitos tales como cohecho calificado, asistencia a una asociación para delinquir o encubrimiento.

En esta nueva ofensiva fueron remitidos dos comisarios inspectores, un comisario, un sargento y un agente. Este último revistaba en la Seccional 18ª de Canelones. Entre el seis y el 22 de febrero en total fueron procesados 13 policías, casi uno por día. *