Dos policías colonienses procesados por torturas
LUIS A. CARRO, COLONIA
Se trata de MFMC, de 31 años y EADRG, de 30 años, quienes prestaban servicios en la Seccional 7ª de esta ciudad y a fines del año pasado participaron, junto a otros uniformados, de un procedimiento en la vía pública donde detuvieron a un grupo de jóvenes que se habían reunido en la zona del Real de San Carlos a despedir el año.
Los agentes policiales dijeron que la «barra» de muchachos apedreó el patrullero en el que viajaban por la avenida Lorenzo Latorre y tuvieron que intervenir por dicho motivo.
Sin embargo los jóvenes y sus respectivas familias sostienen que «sin ningún motivo la Policía los detuvo en forma violenta y se los llevó a la comisaría 7ª «.
Una noche de horror
Luego de ser alojados en la seccional comenzó –según quedó demostrado en la órbita judicial– una larga peripecia de castigos y apremios ilegales que los uniformados ahora procesados le aplicaron especialmente a uno de los jóvenes, de 27 años.
Como consecuencia de los golpes con los puños y los pies que le aplicaron al muchacho, este debió ser atendido por un médico en forma urgente y en una segunda etapa fue intervenido quirúrgicamente por graves lesiones en su rostro.
Luego de diversos trámites y consultas por parte de familiares del joven agredido por los policías, finalmente resolvieron poner el caso en manos del magistrado Gerardo Siri.
La primera reacción policial ante aquella denuncia penal contra dos de sus hombres fue desarrollar una cerrada defensa de los imputados, argumentando «que el propio muchacho se golpeó contra la vereda para hacer creer que había sido maltratado».
Este planteo oficial, respaldado por el comando de la Jefatura de Policía de Colonia se diluyó ante las pruebas aportadas por la familia denunciante, cuyos integrantes incluyeron certificados médicos en los que claramente se indican las lesiones sufridas y su origen.
A pesar de que la Justicia logró clarificar todo el calvario padecido por ese detenido en particular, ayer la Oficina de Prensa de la Jefatura de Policía de Colonia, cuyo titular es el inspector Ricardo Bernal, insistió con un comunicado en el que se señalaba que la única situación de violencia se registró en la vía pública cuando los agentes se aproximaron a los jóvenes. Agregó, que en el transcurso de ese incidente, «resultó lesionado uno de los involucrados así como un policía».
Sobre este último detalle de la información, el parte oficial no aportaba ningún elemento que permita aclarar qué tipo de heridas sufrió el lesionado y dónde fue curado.
Malestar policial
El jueves 21, por la noche, cuando ya se sabía la determinación que iba a adoptar el juez Siri, una importante fuente policial comentó a LA REPUBLICA que el fallo del magistrado causaba «malestar dentro de la institución» y así se lo habrían expresado varios funcionarios a sus superiores.
A nivel judicial, todas las fuentes consultadas por este corresponsal coincidieron en que «respaldar el accionar policial al servicio de la sociedad no significa que se tengan que tolerar violaciones a los derechos humanos más elementales».
Sobre el particular, cabe recordar las denuncias formuladas hace algunos meses por LA REPUBLICA en torno a las continuas irregularidades que las autoridades policiales venían cometiendo en Colonia desde la época en que el inspector Hugo Pintos Funes se desempeñaba como jefe de Policía.
El tema fundamental que todo Colonia recuerda con dolor es el crimen del joven Andrés Trigo ocurrido en el año 1998. Las posteriores actuaciones judiciales llevaron a establecer que todas las pruebas del crimen habían sido borradas por funcionarios policiales que incluso lavaron la camioneta del joven ultimado e hicieron desaparecer su ropa y todo otro elemento que permitiera a la Policía Técnica hallar pistas sobre los asesinos.
Después del alejamiento de Pintos Funes, pasaron dos jefes de Policía, pero la sensación es que jamás se actuó con rigor para eliminar todos los casos de corrupción denunciados durante los últimos tres años. *
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