Abogados denuncian indefensión

La situación fue revelada por la directiva del CAP, integrada por Américo Cabillón Chaldain (presidente), Gustavo Sabariz (vicepresidente), Mariela Coiro (secretaria), Beatriz Caporale (prosecretaria) y Wilson De Vargas (tesorero), que calificó de «graves deficiencias» las que afectan el servicio de Justicia en las sedes judiciales de Paysandú.

Cabillón manifestó a LA REPUBLICA que «las mismas derivan en un evidente perjuicio a los ciudadanos como justiciables y a los distintos operadores jurídicos, vulnerando derechos y garantías fundamentales, como los son el acceso a la Justicia y la obtención de sentencia en un tiempo razonable en los distintos procesos, entre otras situaciones igualmente relevantes a ser atendidas».

«La situación se viene gestando desde hace mucho tiempo, porque al momento de acudir a los Tribunales y pretender luego ejecutarse las resoluciones de los señores magistrados, las mismas no se cumplen, generando una frustración en el trabajador despedido, en el menor que pretende se satisfaga el pago de una pensión alimenticia, en el acreedor que no puede percibir su crédito, entre otras situaciones de indefensión», agregó el presidente del CAP.

El jerarca explicó que entre los objetivos trazados por la actual directiva al asumir sus cargos figuraba «propiciar un adecuado relacionamiento con la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de lograr un mejor y más eficiente funcionamiento del Poder Judicial y sus Tribunales locales, gestionando, con espíritu constructivo, los correctivos necesarios para paliar falencias que se advirtieran en el sistema». Y en este sentido mencionó que «no se han contemplado los planteos efectuados el año anterior, como es la provisión de cargos».

 

Infeliz

Por su parte, el vicepresidente Sabariz agregó que «lamentablemente de la reunión mantenida por este Colegio el 30 de octubre de 2001 con el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli Martínez, los planteos efectuados no han sido atendidos y para aquellos casos en que se ha pretendido resolver, como es la provisión de cargos de alguaciles para los juzgados letrados de Paysandú, lo resuelto es francamente infeliz».

Recordó también que «tales funcionarios tienen, entre otros cometidos –de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de la Judicatura– el de practicar todas las diligencias que los jueces les encomienden».

El tema ha venido afectando y afecta a los juzgados letrados de 5º y 6º Turno con competencia en materia Civil, Comercial y Laboral y a los juzgados letrados de 1er y 3er. Turno, con competencia en materia de Familia. La doctora Mariela Coiro graficó la realidad al indicar que «estas sedes deben compartir a dos funcionarias alguaciles, que por el volumen del trabajo existente, sucesivas licencias por enfermedad, y el extenso radio que deben cubrir las mismas, determina que las decisiones de los señores jueces se encuentren pendientes de ejecución y cumplimiento, inclusive desde el mes de febrero 2001 con un cúmulo de expedientes paralizados».

Es probable que no se perciba la gravedad de los hechos que se denuncian «pues los señores jueces y las oficinas actuarias siguen atendiendo los asuntos, pero actúan como cabezas sin cuerpo». «La Justicia debe garantizar una atención imparcial, igualitaria y eficaz de todos los derechos de las partes en litigio, como forma de hacer efectiva la paz social. Y si ello no es posible debe asumirse ante la ciudadanía las responsabilidades que incumban en el caso, por las autoridades correspondientes».

 

Un poquito

«No se puede admitir un poco de igualdad, un poco de imparcialidad o algo de eficacia, pues son bienes imprescindibles, con los que cuenta o carece el sistema judicial y, por ende, la democracia que sustenta. Lo precedente tiene directa incidencia en los tiempos procesales que establecen los señores jueces y que no están fijados por ley, como son los señalamientos para la realización de audiencias, los plazos para la confección de oficios y realización de diligencias judiciales, los plazos para el libramiento de órdenes de pago, la realización de remates judiciales, la devolución de expedientes luego de cumplidas las medidas, entre otros supuestos», sostuvo el CAP.

En esta línea se agrega «una excesiva demora de la resolución de los Recursos de Apelación por parte de los Tribunales de Familia, Trabajo, Civil y los Recursos de Casación e Inconstitucionalidad de la Ley, ante la Suprema Corte de Justicia, en la mayoría de los casos con más de un año de tramitación y en retardos extremos, más de dos años».

Los integrantes del Colegio de Abogados denunciaron por otra parte «un ritualismo burocrático desmesurado de determinadas oficinas de la Corte, el cual impide que los señores actuarios –como jefes de oficinas judiciales– puedan disponer que una computadora sea trasladada de un sitio a otro dentro del Centro de Justicia local, haciendo primar un dato estadístico por sobre la realidad cotidiana de los distintos sujetos involucrados».

«Ello ocurre, a modo de ejemplo, con un equipo que es necesario para promocionar datos en la baranda de los juzgados letrados de 5º y 6º Turno, que se encuentra en las Sedes de 1er. y 3er. Turno, con escaso uso, pero que sólo se podrá disponer de él cuando la División de Computación de la Corte, así lo resuelva».

«A semejante ineficiencia, se une el reducido número de funcionarios y la circunstancia de que cuando los mismos se encuentran con licencia o no asisten a su función, no es cumplida su tarea por otro, quedando paralizada la sección y trabajo asignado, con retardos en la tramitación del proceso, como acontece en la actualidad en los juzgados penales y en la Sección Notificaciones de los juzgados letrados de 5º y 6º Turno».

Enfatizaron finalmente que «el Poder Judicial, por su delicado cometido de resolver las contiendas dentro del marco de juridicidad, debe contar –como cuentan los demás poderes del Estado– con los recursos necesarios para afectarlos a las necesidades del servicio, posibilitando que sus funcionarios y operadores jurídicos puedan tener un mínimo de confort como lo tienen otras oficinas estatales, sin perjuicio de que a sus funcionarios deba garantizárseles la percepción de salarios dignos».

Los abogados sanduceros reclamaron «adoptar las medidas necesarias y urgentes para solucionar los problemas, en beneficio del derecho y las garantías que les asisten a todos los justiciables, para preservar y profundizar los valores sustanciales de equidad, igualdad y seguridad jurídica». *