Torturadores a la cárcel

Y en esta jornada podrían ocurrir más procesamientos. Tal como lo adelantó LA REPUBLICA el pasado domingo, varios efectivos, entre oficiales y agentes, de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Maldonado eran indagados por su presunta participación en la tortura a un detenido. Si bien por lo menos uno de los acusados negó a LA REPUBLICA los hechos que se le imputaban, la Justicia logró, en diferentes actuaciones, pruebas contundentes para procesarlos y remitirlos a prisión. Se trata del oficial Fernando Pereira, jefe de la Brigada Antidrogas de Maldonado, que fue remitido por los siguientes delitos: lesiones graves en reiteración; lesiones personales especialmente agravadas; abuso de autoridad contra un detenido en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de violencia privada.

Este último delito se le imputó porque se logró comprobar que amenazó a algunos presos para que a su vez amenazaran al denunciante para que desistiera de la demanda. Richard Perdomo, oficial de la Dirección de Investigaciones, fue remitido por: lesiones graves especialmente agravadas en reiteración real con un delito de abuso de autoridad contra un detenido.

Walter Rodríguez, agente de Investigaciones, por lesiones graves en reiteración real con lesiones personales especialmente agravadas. Según el dictamen judicial fue quien quemó con un cigarrillo al detenido, que luego lo denunció. En tanto el médico GA, que prestaba funciones en el Hospital de Maldonado, fue procesado sin prisión al comprobarse que incurrió en el delito de «certificado falso extendido por funcionario público». El denunciante fue revisado por un practicante en la Guardia del Hospital y este médico firmó el certificado sin ver al paciente.

Escritorios

«La función policial es dura; el trabajo en la calle es duro; la seguridad, el combate a la delincuencia no se hace en escritorios, se hace en la calle. Se trata de una tarea compleja, por eso a veces algunos nos equivocamos», dijo anoche el jefe de Policía de Maldonado, inspector Mario San Pedro, visiblemente molesto al comentar el procesamiento de tres efectivos a su cargo.

Agregó que «juez y fiscal han actuado y no hay más nada que decir. Ahora iniciaremos un sumario administrativo para determinar las responsabilidades, si es que las hubo».

Interrogado acerca de cómo se instruye a los policías en el trato a detenidos, el jerarca sostuvo que «acá todo el personal tiene directivas claras sobre cuál debe ser el trato con los detenidos, no hay orden de castigar a nadie. Pero como decía recién: los procedimientos son complejos. Parece ser muy sencillo hablar desde un escritorio sobre cómo debemos actuar en un desacato, en un atentado. Hay que estar en la calle, para vivirlo».

San Pedro dijo que aún se no se sabía dónde cumplirían prisión los funcionarios procesados. «Lo determinaremos con el Comando en las próximas horas». Sin embargo hay una resolución expresa del ministro del Interior, Guillermo Stirling, de que los policías que sean procesados cumplan reclusión en el Comcar.

El jefe negó que el procesamiento de los oficiales generara problemas al funcionamiento de la Jefatura. «Por suerte tenemos algo más de 70 oficiales. No tenemos al oficial responsable, pondremos uno, dos, tres o los que hagan falta. La lucha contra la delincuencia va a seguir, y más específicamente, va a seguir la lucha contra la droga».

«Si este personal se equivocó luchando contra estos personajes que tratan de pudrir a nuestra juventud vendiendo drogas, pondremos gente que siga trabajando. Pero no vamos a dar ni un paso atrás».

San Pedro no quiso referirse al procedimiento de la Justicia, después que un periodista le expresara que de sus palabras podía deducirse un cuestionamiento a la resolución de los magistrados, más teniendo en cuenta que el denunciante no tenía antecedentes y fue liberado por falta de méritos.

«Estos hechos son lamentables, nos duelen, han existido, existen y quizás van a seguir existiendo porque se trata de un trabajo muy complejo», dijo el jerarca. «No pongo en duda nada, analizo mi función como jefe de Policía y cuál es nuestra responsabilidad», aseveró.

Malestar judicial

Las declaraciones del jefe de Policía generaron profundo malestar en esferas judiciales. LA REPUBLICA consultó a las dos magistradas actuantes, la jueza Fanny Cannessa y la fiscal Gabriela Fossati, pero declinaron amablemente realizar cualquier comentario. «Todo lo que tenemos para decir está en el expediente», coincidieron en decir ambas.

Pero otras fuentes judiciales afirmaron que «las garantías y derechos de los ciudadanos deben ser respetados estando en un escritorio o en la calle. La tarea de los magistrados es proteger las libertad individuales y más cuando se trata de Derechos Humanos». «Existen muchas denuncias por malos tratos en Maldonado. El jefe de Policía ha sido impuesto de todas las denuncias. Lamentablemente no ha mostrado mucha voluntad de investigar. El problema en este departamento es que se exigen resultados. Esa exigencia provoca estas situaciones», sostuvo otra fuente consultada. *