Denuncian irregularidades en once cooperativas de viviendas

La denuncia más notoria y que ya obra en poder de la Policía fue la formulada por una señora, quien afirmó que para obtener una vivienda tuvo que entregar a una de sus hijas para que la llevaran a prostituirse en Italia.

Ultimamente, el socio Raúl Nelson Guillermo Avila, titular de una unidad en CAFE 4 de Millán 4552, que no ocupa porque se llueve y de la cual acaba de ser desalojado, presentó una denuncia penal por estafa ante la Seccional 15ª, incluyendo varios casetes con grabaciones El comisario de dicha repartición derivó la denuncia al Departamento de Prevención de Delitos, a la vez que dio intervención al Ministerio de Vivienda.

Los integrantes de las once cooperativas de vivienda de CAFE –ante lo que sostienen es un cúmulo de irregularidades– se vienen sumando a las denuncias aportando testimonio de las maniobras concretadas por directivos de CAFE, que serían apoyados por algunas comisiones integradas sin la convocatoria de la asamblea como marcan los reglamentos.

Esta ola de denuncias empezó a salir a luz a partir del pasado domingo 2 de diciembre cuando LA REPUBLICA informó sobre una demanda presentada por uno de los socios de una cooperativa de CAFE instalada en la calle Juan Jacobo Varela 3744, reclamando a la directiva 60 mil dólares por el accidente que había sufrido su hijo de cuatro años cuando un portón de hierro mal colocado se le cayó encima.

La denuncia fue presentada por los padres del menor Fabián Mónaco Almada, Susana Esther Almada Varela y su esposo Mario Javier Mónaco, lo que trajo aparejado que el presidente de la comisión distribuyera entre los 100 copropietarios el importe de la demanda que se debía pagar, señalando que cada propietario debía pagar 600 dólares para cubrir esa suma.

Este hecho trajo una ola de indignación entre los vecinos, quienes no tuvieron nada que ver en la contratación del herrero que colocó la verja de hierro en torno a la cooperativa con los diferentes portones.

Como consecuencia de estos incidentes, los integrantes del complejo habitacional CAFE VIII elevaron una nota denuncia al ministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader, solicitando la intervención de la comisión administradora por múltiples irregularidades constatadas.

Más casos

Ante estos hechos, vecinos de las otras diez cooperativas que integran el núcleo de viviendas de CAFE manifestaron haber constatado también numerosas irregularidades. Una de ellas indica que el presidente es fiscalizado por su propia esposa, que integra la comisión fiscal. También aseguran que en casi todas las cooperativas más del 50 por ciento de los integrantes de las comisiones ya renunció y en lugar de llamar a elecciones formaron nuevas comisiones designando otros integrantes «a dedo».

Dicen que esta situación les ha servido para ocupar la vivienda de un fallecido, usurpando los derechos de los herederos y retirando sus muebles sin autorización judicial. Por su parte, el socio de CAFE 4, Raúl Guillermo Avila, que no ocupó su vivienda nueva porque se llovía, sostiene que CAFE, legalmente, no existe.

El lunes pasado Guillermo Avila presentó una extensa denuncia en la Seccional 15ª contra los titulares de CAFE, a cuyo frente se encuentra como coordinador general el señor Julio Far Barrios que, según el denunciante, tiene antecedentes penales. Asimismo denuncia al presidente, delegados, capataces, apuntadores, una visitadora social, un contador, un escribano y dos abogados.

Sostiene la denuncia que dichas personas no se encuentran representadas por los titulares de las cooperativas que son 520 familias. Señala la denuncia que 18 viviendas fueron entregadas por los denunciados sin autorización del Centro de Navegación, organismo que supervisa a CAFE.

Grabaciones

Adjuntó a sus denuncias una serie de grabaciones de conversaciones que estarían probando todas sus manifestaciones, incluyendo a una señora que manifiesta que para acceder a su casa tuvo que entregar una hija para que fuera llevada a prostituirse a Italia, (hechos que constan en Interpol y en el Departamento de Orden Público).

Según las grabaciones entregadas a la Policía, que ahora están siendo analizadas en el Departamento de Orden Público, en torno a la entrega de viviendas de CAFE se estarían llevando a cabo numerosos ilícitos como el denunciado.

En otros casos se habrían apropiado de la vivienda de un fallecido para entregarla a una persona recomendada, sin tener en cuenta los derechos hereditarios. Asimismo, intentaron trasladar al Piñeyro del Campo a varios ancianos que ocupaban viviendas, con la excusa de que estaban enfermos y no se bastaban por sí mismos.

El objetivo era quedarse con la morada para otra persona del grupo. Hay cientos de titulares de viviendas de estas cooperativas que están dispuestos a testificar con relación a los presuntos delitos denunciados, todo lo cual fue informado a los ministerios del Interior, de Vivienda y de Educación y Cultura, así como también a la Justicia competente, que ha sido informada del contenido de la situación. *