Nueva dirección policial para trabajar en los temas sociales

Esta repartición tendrá jurisdicción nacional y deberá abordar la temática relativa a la violencia, al delito y a la protección de grupos sociales especialmente vulnerables, «desarrollando acciones de tipo promocional, formativas o asistenciales, que estimulen la interacción social, la movilidad del sector privado y de la sociedad civil, desalentando así la gestación y evolución de procesos de exclusión».

La Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, creada por el Poder Ejecutivo, tendrá como cometidos el de centralizar, coordinar y analizar la información que reúnan todos los organismos públicos y privados que resulte de utilidad para los objetivos que se buscan alcanzar.

A su frente estará la inspectora y abogada Graciela López, quien se venía desempeñando como titular de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, unidad que deja de existir para dar paso a esta nueva entidad, con nombre y facultades ampliadas.

Asistencia a víctimas

Será prioridad de la dirección, tal como lo estipula el decreto que la reglamentó días atrás, asistir primariamente y contribuir a la protección respecto de las víctimas de la violencia y el delito, «con especial énfasis en aquellas vinculadas por relaciones domésticas, de parentesco o convivencia, el abuso sexual y el maltrato, procurando su derivación a otros centros de actividad con especialización en la materia».

Otros de los cometidos esenciales será la de capacitar a personas o grupos socialmente vulnerables para asumir un compromiso activo en materia de prevención de comportamientos violentos o delictivos, coordinando y articulando las intervenciones con otros actores públicos y privados especializados.

Entre sus fines estará también el de diseñar, proponer e implementar políticas en el ámbito local que permitan prevenir la violencia y el delito; ejecutar estrategias intersectoriales acordadas con la participación del sector público y de actores representativos de la comunidad.

En el capítulo asignado a la asistencia a las víctimas por violencia familiar, se establece que se creará un centro especialmente destinado a tal fin. Este Centro deberá brindar asistencia primaria a las potenciales víctimas de violencia doméstica, maltrato o abuso sexual, coordinando su derivación para atención especializada y tratamiento terapéutico en otros organismos públicos, privados o comunitarios.

A su vez, realizará el peritaje de carácter victimológico con enfoque multidisciplinario de acuerdo con las disposiciones que al efecto establezcan los jueces en las materias penal, de menores y de familia en ejercicio de sus poderes. El centro en cuestión participará en la ejecución de las rehabilitaciones que disponga la Justicia competente, tanto en el ámbito de la minoridad como de la familia.

A su vez deberá desarrollar líneas de acción destinadas a la protección de los derechos inherentes a la condición de la mujer y a la no discriminación por causa de género u otras circunstancias en el ámbito del Ministerio del Interior.

Infancia y adolescencia

Respecto a estos dos segmentos de la sociedad, la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito tendrá a cargo la ejecución de políticas relativas a la protección de la infancia y de la adolescencia en el ámbito en que actúa el Ministerio del Interior.

Deberá detectar «lo más tempranamente posible» e intervenir «ante la razonable presunción de menoscabo en el efectivo goce de los derechos por parte de los niños/as y adolescentes» dando cuenta a la Justicia si así correspondiera, o en su defectos «adoptando las medidas de protección o de apoyo preventivo que estén a su alcance».

Brindará asesoramiento a aquellos organismos con competencia en estos temas; coordinará con las 19 Jefaturas de Policías el registro actualizado de información sobre niños y adolescentes ausentes de sus hogares, y deberá participar en la ejecución de medidas de protección y rehabilitación que dispongan los jueces en materia penal, de menores y familia.

Locales de prevención

Para llevar adelante su tarea, la novel dirección contará con las unidades locales de prevención, que serán órganos técnicos operativos. Estos, una vez que cuenten con policías comunitarios, deberán ejecutar en forma descentralizada «aquellas acciones necesarias para la implementación de políticas de prevención social del delito o de los comportamientos violentos, en zonas de jurisdicción territorial específicamente determinadas».

Para el cumplimiento de estas funciones se podrá contar con el apoyo permanente de funcionarios del subescalafón de policía ejecutiva que hayan recibido formación en materia relacionadas con la filosofía operativa de la Policía Comunitaria o de Proximidad. *