Crónica de una relación deteriorada

Las relaciones entre la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior parecen no estar en un buen momento, atento a las declaraciones de los altos magistrados realizadas ayer en conferencia de prensa sobre las libertades por gracia. Los juristas responsabilizaron al Parlamento por votar la ley.

El viernes pasado, el hoy cuestionado diputado Gustavo Borsari sostuvo que si bien la ley –obviamente– la votó el Parlamento, los magistrados tienen la potestad y los elementos técnicos para otorgar o no la libertad. Igual ocurre cuando deciden o no procesar a una persona. Uno de los más molestos por este tema con el ministro del Interior, Guillermo Stirling, es el presidente de los magistrados, Milton Cairoli, que en lo que va del año ha evitado al menos en tres oportunidades asumir algunos temas que rozan a la corporación.

A principios de agosto pasado se dio a conocer una encuesta de opinión pública que posicionaba con buena imagen a la Policía y con una negativa a los jueces. El 7 de agosto, respondiendo a una invitación del ministro del Interior, Cairoli concurrió a la secretaría de Estado para tratar temas comunes. Al término del encuentro, los periodistas le preguntaron por la encuesta y los jueces. Dijo: «nosotros no tenemos ningún funcionario ni juez procesado, y la Policía lamentablemente sí». Esta afirmación causó desconcierto en el ministerio, que entendió que era «una patada», siendo que la Policía se estaba depurando, lo cual incluso hace que la sociedad la vea en proceso de cambio.

Una situación similar se dio cuando, invitados por Unicef, Stirling y Cairoli concurrieron en octubre a la presentación de un informe sobre la opinión que los liceales capitalinos tienen de la Justicia y la Policía. En ambos casos era negativa: el ministro del Interior expresó su preocupación, la cual se plasmó semanas después en un convenio con Unicef para analizar el tema y buscar soluciones. Cairoli dijo que los adolescentes decían eso porque no habían tenido contacto con la Justicia.

Ahora se suscitó el tema de las libertades. Cifras en poder de LA REPUBLICA indican que a lo largo de 2001 se otorgaron 484 en todo el país, entre ellas a narcotraficantes procesados por asociación para delinquir y tráfico internacional con cinco meses de reclusión, y violadores con sólo ocho, lo cual a juzgar por lo dicho en la conferencia de ayer es responsabilidad del Parlamento. *