El comisario Rivero se salvó de ser expulsado por gestiones políticas

El caso del oficial de Policía imputado de ser uno de los mayores contrabandistas de la región, revelado por LA REPUBLICA en la pasada edición, generó nuevamente una fuerte polémica. El diputado nacionalista Gustavo Borsari, quien lo tuvo en pase en comisión hasta hace algunas semanas, responsabilizó a la propia Policía por no avisarle la actividad que el policía desarrollaba.

Nuevas informaciones obtenidas por LA REPUBLICA indican que a principios de año un grupo de oficiales retirados, de extracción blanca, lo habrían alertado de la situación, pese a lo cual lo mantuvo en su secretaría. El cese se produjo recién aproximadamente a principios de octubre, cuando una nueva llamada telefónica por parte de un inspector, también retirado, le habría alertado de que una investigación tenía en la mira a Rivero.

Como se informaba en la víspera, este comisario inspector en actividad enfrenta una orden de captura a nivel nacional librada por el Juzgado Penal de 17º Turno. Se le atribuye una fortuna varias veces millonaria, parte de la cual consta de una estancia de más de mil hectáreas en el departamento de Florida. Posee, junto con un ciudadano argentino, una sociedad anónima (Indesur) mediante la cual importaban cigarrillos desde Chile y Paraguay, para introducirlos ilegalmente en Uruguay y Argentina, de acuerdo con la investigación realizada.

Antecedentes y Tribunal

En 1988 Rivero fue capturado por la Policía como si fuera un delincuente común más, dedicado al robo de ganado. La Justicia lo procesó en aquel entonces por nueve delitos de abigeato y contrabando.

En la pasada jornada fuentes policiales indicaron que años después la Suprema Corte de Justicia le habría concedido «la gracia». Igual suerte corrió, de ser «perdonado», en el instituto policial por las gestiones políticas realizadas en aquel entonces por el vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, quien a su vez lo tenía como custodia.

En la pasada edición se indicó que no había sido sometido a esta instancia, cuando en realidad sí lo fue, aunque en los hechos es como si nunca lo hubiera sido. Cabe recordar que Rivero sigue integrando hoy los cuadro policiales y cobrando los 9.517 pesos con 26 centésimos que el Estado le abona por su grado.

A raíz del procesamiento que recayera sobre su persona se formó un Tribunal de Honor, integrado por tres funcionarios inspectores. Los integrantes, luego de amplias investigaciones habían llegado al paso previo a expedirse. Las fuentes consultadas indicaron que tenía pronta la «descalificación por falta gravísima». Pero allí es cuando aparecieron las «gestiones» políticas, siendo en aquel entonces ministro del Interior, Juan Andrés Ramírez.

La tipificación a la que llegó el triunvirato traía aparejada la destitución directa, por lo cual era necesario que los tres la votaran. Si uno solo se pronunciaba por la negativa todo se caía. Entonces se buscó darle largas al asunto hasta vencer las fechas para expedirse, lo cual desencadenó obligatoriamente en la conformación de un nuevo tribunal.

Hubo un solo cambio. El inspector que ingresó «cedió a las presiones» ejercidas y no acompañó la descalificación, lo cual en los hechos significó la «amnistía» para Rivero, que salió claramente fortalecido hacia la interna policial y «fue una clara señal para sus colegas».

Borsari

El diputado que tenía en comisión al comisario inspector sostuvo ayer de mañana en declaraciones al programa En Perspectiva de El Espectador, que «conocí a esta persona, el subcomisario Artigas Rivero, en la época en que fue secretario de Gonzalo Aguirre, siendo vicepresidente de la República, durante todo el período, persona que actuó correctamente, a quien conocía desde ese momento. Realizaba tareas de asesoramiento en seguridad».

Y agregó: «Conmigo se desempeñaba, como con Gonzalo, correctamente. Era un funcionario policial, que naturalmente nos daba las garantías que surgen de esa calidad. En esta instancia, por esta noticia que da LA REPUBLICA, uno se tendrá que atener a lo que diga la Justicia; si es culpable todo el peso de la ley caerá sobre él, y si no lo es deberá ser absuelto».

En otro tramo, el legislador aseguró que «salió hace varios meses, dos o tres meses», en referencia a la fecha en que le suspendió el pase. Borsari sostuvo que lo desvinculó por el escándalo desatado tras la noticia de que el aduanero más buscado, Adolfo Gil Riveiro, estuvo en comisión en lo de un diputado colorado.

En este sentido dijo que desconocía la situación irregular del oficial de Policía, e indicó que al ser un funcionario de rango del Ministerio del Interior nunca se hubiera imaginado lo que «se da a publicidad hoy». El legislador no precisó sin embargo por qué recurrió a Rivero y en qué fecha exacta le dio de baja. Sobre las funciones del comisario inspector explicó que se desempeñaba en «tareas de asesoramiento en seguridad», y que concurría «regularmente» al palacio. Desde mediados de la legislatura pasada (1997), hasta que le dio de baja, Borsari presentó siete proyectos de ley sobre temas de seguridad, según se puede observar en su espacio en la página web del Parlamento: Los plazos y los términos procesales; la autorización para divulgar la identidad de los delincuentes primarios; internación de menores infractores; sanciones penales por sustracción y tenencia ilegal de armas; modificación a la imputabilidad de los menores; designación de jefes de Policía para oficiales de carrera; y exoneración de pena a inculpados que colaboren con la dilucidación de los casos, son los proyectos que surgen de la mencionada fuente de información. *