Cuando un agente policial se enfrenta a un comisario
El agente de 1ª José de Souza Hamilton había realizado un procedimiento en la zona del barrio 40 Semanas, deteniendo a dos individuos que portaban efectos robados. En la ocasión, un policía del Departamento de Automotores que vive en la zona salió en defensa de los detenidos y pidió a De Souza que liberara a los sospechosos.
Tras un largo diálogo, los agentes de la 8ª accedieron a entregar los detenidos y los efectos robados al policía que intercedió.
El agente De Souza, que estaba a cargo del procedimiento, cumplió luego con su obligación de informar lo sucedido a su jefe inmediato, quien enteró de los hechos al comisario Irlando Núñez, que estaba a cargo de la mencionada Seccional 8ª.
De Souza quiso hablar con el comisario, pero no lo recibió. Entonces fue junto al subcomisario y le dijo que iba a enterar a la Justicia de lo sucedido, pues era su obligación como agente de la ley.
Tras formular la denuncia en la Fiscalía Letrada de Policía, se informó al Juez Penal de 15º turno, lo cual molestó al comisario Núñez, quien ordenó el inmediato traslado del agente de 1ª De Souza.
El agente confirmó que una banda de malhechores (dando nombres, apodos y apellidos) estaba operando en el barrio 40 Semanas con autorización del comisario Núñez, al que le pagaban una suma mensual determinada.
En marzo de 1996, el Ministerio del Interior resolvió iniciar un sumario administrativo al comisario Irlando Núñez, pero al mes siguiente el agente De Souza fue sancionado con cinco días de arresto a rigor en Coraceros por orden del inspector Bernal, quien sostuvo en esa ocasión que «una de las irregularidades del agente De Souza era haber acudido a la Justicia en forma directa poniendo en tela de juicio la actitud de sus superiores…»
Finalmente, el 10/9/96 el jefe Nalerio destituyó a De Souza por «graves irregularidades».
Con posterioridad, el tema llegó al despacho del entonces ministro del Interior, Didier Opertti, quien resolvió dar marcha atrás, por lo que fue restituido De Souza Hamilton a su cargo. Pero ya era tarde: los abogados del agente ilegalmente destituido habían planteado una demanda contra el Ministerio del Interior por daños y perjuicios, reclamando aproximadamente 25.000 dólares.
Ya se dictó sentencia definitiva de primera instancia favorable al demandante y ahora se aguarda el dictamen del Tribunal de Apelaciones. *
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