La Policía quiere saber por qué los jóvenes desconfían de ella

El 12 de octubre pasado, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la infancia y la adolescencia dio a conocer en Montevideo un informe regional, en el cual se recogían las opiniones de los estudiantes de los países del Mercosur, más Bolivia y Chile, acerca de los temas de seguridad y de la Policía.

Las cifras concernientes a Uruguay no eran alentadoras, desde el momento en que el 45 por ciento de los jóvenes sostuvo que «habitualmente la Policía los maltrata», mientras que el 52 por ciento afirmó que «depende del caso». La encuesta fue realizada en 32 liceos públicos y privados entre estudiantes de entre 14 y 17 años y 11 meses. En total fueron 800 partipantes, que proporcionalmente reflejan el sentir de 63 mil jóvenes montevideanos.

Los liceales también se refirieron al rol de los jueces, expresando en un 54 por ciento de los casos que «un juez condena a un adolescente por aspectos personales» y no por las causas del delito. En la presentación del informe estuvo presente el ministro del Interior, Guillermo Stirling, quien al conocer los números manifestó: «esto desnudó una situación realmente preocupante. Recurriremos a Unicef para analizarla y modificarla».

En la oportunidad, la representante de Unicef, Sonia Eljach, dijo que «el trabajo fue pensado para sacar a luz la posición de los jóvenes con respecto a estos temas». Y anunciaba su compromiso a colaborar con el Ministerio del Interior para trazar estrategias de relacionamiento entre adolescentes y policías.

 

Convenio

A casi un mes de aquel acontecimiento, la coordinación entre estos organismos se vio plasmada ayer a las 17 horas, cuando ambas autoridades se reunieron en la sala de sesiones de la secretaría de Estado y firmaron el convenio marco de cooperación.

El primer objetivo de este acuerdo «consiste en formular, desarrollar y evaluar un Programa Especial para mejorar el relacionamiento entre los funcionarios policiales y los niños, niñas y adolescentes en todo el país, de acuerdo con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay mediante Ley Nº 16.137″.

En este contexto ambas partes designarán sus técnicos para delinear las «líneas prioritarias de acción», que van desde la realización de un diagnóstico de la situación hasta la actualización de los planes y programas de formación policial permanente en todos sus niveles. *