Clavijo: un narcotraficante con poder y vínculos políticos

El 12 de abril de 1996 este departamento fue sacudido por uno de los más importantes procedimientos antinarcóticos jamás realizado. Los jueces penales Fanny Canessa y Homero Da Costa al mando de un grupo de funcionarios de Investigaciones, especialmente seleccionados, descabezaron la más grande red local de narcotraficantes.

Ese grupo estaba integrado por los oficiales Ruben Ferrizo; Jorge Guerra, Fernando Pereira y los entonces sargentos Demetrio Alvarez, Miguel Pereira y Manuel Rodríguez y capturaron al narco en el estadio Kuster de Mercedes mientras presenciaba un partido de la selección de Maldonado. Portaba una pistola 7.65.

Primero lo procesó Da Costa y al mes volvió a procesarlo Canessa por tráfico de estupefacientes. Fuentes policiales de Maldonado dijeron ayer a LA REPUBLICA que «Clavijo estaba montando un boliche nocturno en La Paloma. Es probable que esa droga la trajera para vender allí, además de proveer a otros pasadores locales».

Su red estaba desmantelada y la estaba reconstruyendo de a poco. Sin embargo sorprendió que él mismo trasladara un cargamento valorado en unos 40 mil dólares, lo que lleva a presumir que no sólo quería evitar intermediarios, sino que hay gente mucho más importante apoyándolo.

La siguiente historia sobre quién alguna vez fue considerado «el zar» de la droga en Maldonado, es pública. Pero también ilustrativa de sus vínculos y poderío.

Investigar era peligroso

Durante diez años Omar Ramón Clavijo Cedrés (47) operó dos centros nocturnos en Punta del Este. Detenido en varias oportunidades, siempre lograba zafar. El descubrimiento de su vasta e importante red de amistades e influencias permitieron comprender con claridad los motivos de tanta impunidad.

A finales de 1987 el entonces comisario Sergio Cedrés elaboró un extenso informe con datos precisos sobre las actividades de 38 traficantes de drogas que operaban con absoluta libertad en Punta del Este, Maldonado y San Carlos. Ese documento fue publicado en el tercer número de LA REPUBLICA y originó un escándalo político mayúsculo que llevó al entonces jefe de Policía, el dirigente colorado Daoiz Jaurena, ante el juzgado y ante la Cámara Baja parlamentaria.

Pero las alternativas fueron superadas con éxito, tanto que poco después asumió como Intendente de Maldonado en sustitución de Benito Stern. No le fue igual al comisario Nerbis Suárez Barrios, quien al mismo tiempo había denunciado graves irregularidades financieras en la Jefatura, ya que fue procesado y posteriormente destituido de la fuerza. El alto oficial llegó casi al borde de la locura y terminó condenado a la miseria junto a su familia con la que vivía en un stud del barrio Hipódromo. Ahora subsiste vendiendo ropa puerta a puerta y en 1994 adhirió al Encuentro Progresista como independiente.

A Cedrés no le fue mejor. Siendo primo de Clavijo la investigación le generó inconvenientes familiares, pero peor le fue con su profesión. Cuando presentó los detalles de la investigación realizada en ejercicio de su tarea policial, Jaurena le dijo que se creía Sérpico y que le aplicaría «la ley del gallinero».

Inmediatamente lo trasladó a una seccional irrelevante ubicada a unos 70 kilómetros de su lugar de residencia y para la que no había transporte, por lo que debió vivir allí, lejos de su familia y en una pieza que también hacía las veces de celda. Miguel Angel Galán, jefe de Policía en 1990, lo recuperó para asignarle la Dirección de Relaciones Públicas de la Jefatura. Pero poco después se le asignó la Dirección de la Cárcel y Cedrés solicitó la baja a su cargo de comisario.

Hoy es un experto en Relaciones Públicas que trabaja para la Intendencia de Maldonado, como antes lo hizo para empresas y organismos de gobierno provinciales en la República Argentina, además de apoyar la candidatura de Jorge Batlle a la Presidencia y Martín Marzano a la diputación. Desde 1996 a la fecha 34 de los 38 nombres incluidos en la lista de Cedrés, han sido procesados y varios fueron a prisión por delitos vinculados al tráfico de drogas.

A los jueces penales tampoco les iba bien. Homero Da Costa fue amenazado de muerte en dos oportunidades y hasta el entonces intendente de Maldonado, Domingo Burgueño, intentó presionarlo presentándose en la sede penal la misma noche que procesó a Clavijo. En tanto que la jueza Canessa, recibía anónimas llamadas telefónicas de tono amenazante. Tres periodistas también fueron amenazados directamente por el acusado «con romperles las piernas».

Poder y narcotráfico

Lo aparentemente obvio, estalló a la luz pública cuando en un allanamiento se secuestraron 13 agendas del traficante, grabaciones y varias fotografías que demostraban estrechos vínculos con dirigentes políticos blancos y colorados así como con importantes cuadros de la Brigada de Narcóticos y oficiales de las Fuerzas Armadas.

Esa información fue difundida en exclusiva en la edición de LA REPUBLICA del 19 de abril de 1996. Entonces algunos dirigentes políticos y por lo menos un importante periodista de radio y televisión desvirtuaron la noticia acusando por sensacionalistas a quienes la difundían. Pero el auto de procesamiento elaborado por el juez Da Costa no dejaba ninguna duda al respecto y en agosto de 1997 la verdad resplandecía una vez más.

El entonces juez de 2º turno expresó: «Los hechos acaecidos posteriormente justificaron plenamente la razón del pedido de Dapelo (N.de R., un narco arrepentido). Las agendas incautadas al procesado Omar Ramón Clavijo Cedrés hablan a las claras de sus amplísimos contactos con el ambiente político, social, policial, militar y económico del país. En ellas aparecen los nombres de diputados, ex diputados, senadores, ministros, ex ministros de Estado e intendentes con sus domicilios particulares, sus teléfonos oficiales y particulares además de sus celulares. Figuran también las direcciones y teléfonos de conocidos empresarios, de ex jefes de Policía, de autoridades e inspectores del Iname, de militares, de jerarcas de la Prefectura de Maldonado y de la Aduana de Punta del Este, con quienes incluso mantuvo contactos secretos aún no aclarados, que la sede de 4º turno se halla investigando en pieza presumarial. Se incluyen en las agendas teléfonos y direcciones de jerarcas policiales, muchos de los cuales integraron hasta el año pasado nada menos (N. de Red.:subrayado en el original) que la Brigada Nacional de Narcóticos, con los cuales existe una fotografía, todos ellos abrazados en amistoso gesto, en la barra de uno de los negocios nocturnos de Clavijo».

Esta Brigada fue desmantelada por el Inspector (r) Roberto Rivero, cuando asumió al frente de la dirección. A pesar de ello, el Ministerio del Interior mantuvo a De León como oficial en Interpol. El magistrado Da Costa se extendió en otras consideraciones demostrativas del grado de relacionamiento del narcotraficante con diferentes autoridades, que también confirman informaciones al respecto publicadas por LA REPUBLICA en agosto de 1996 acerca de llamadas realizadas desde la cárcel a un director municipal.

La publicación de la noticia dio motivo a un pedido de informes formulado por la bancada frenteamplista en ese mes y que cinco meses después sólo obtuvo una escueta respuesta del Intendente: «No se controlan las llamadas particulares de los jerarcas». Poco después el propio Clavijo reconoció la existencia de esa llamada en una entrevista publicada por la revista Tres el 17 de enero de 1997.

Y después fue el auto de procesamiento quien aportó los detalles oficiales de la misma: «Por si todo lo expresado anteriormente fuera poco, el 9 de agosto de
1996, por requerimiento de este magistrado ante las autoridades del propio Ministerio del Interior (N. de Red.: subrayado en el original) se realizó una requisa a la celda de Omar Clavijo en el establecimiento carcelario departamental de Las Rosas, incautándose una batería de teléfono celular que se hallaba oculta en su celda, no lográndose hallar el teléfono celular correspondiente. Sin embargo se pudo establecer, por las propias declaraciones de Clavijo, que realizó un llamado telefónico a través de un celular –introducido ilegalmente al establecimiento por su esposa– al doctor José Luis Braga, director municipal, a fin de conseguir una entrevista para un funcionario policial destinado a su custodia, lo que se concretó sin problemas dada su amistad con el citado jerarca, según se desprende de las propias declaraciones de Clavijo y su esposa en vía policial».

La presencia en la sede judicial del intendente Domingo Burgueño, la misma noche en que fuera procesado por primera vez Clavijo dio motivo a diferentes cuestionamientos políticos que se acentuaron una vez que se reveló que un sobrino del jefe comunal era socio de Clavijo en la operativa comercial del parador Joy Eslava. La noticia mereció durísimas réplicas del propio jerarca quien dijo que «se le estaba pretendiendo vincular al narcotráfico».

Con otros traficantes

El documento judicial relata en forma pormenorizada gran parte de las relaciones de Clavijo con otros sujetos uruguayos y argentinos procesados por narcotráfico en ambos países. Entre ellos se menciona al argentino Gustavo «Palmer» Mustoni con quien el narco uruguayo mantuvo diferentes encuentros en Buenos Aires y Montevideo, así como se tienen registradas numerosas llamadas telefónicas realizadas al domicilio de Mustoni. Además aparecen registrados decenas de contactos telefónicos con el «arrepentido» Jorge Gabriel Dapelo y se da cuenta de la existencia del «fax 1723/996 de Interpol Uruguay».

Clavijo usaba varios teléfonos celulares, algunos de los cuales no estaban a su nombre, así como también por lo menos tres líneas telefónicas comunes desde las cuales se verificaron numerosas llamadas a personas procesadas o investigadas por su vinculación al tráfico de drogas. También se han registrado varias salidas del ahora detenido por Río Branco, Aceguá, Artigas, Chuy y el puerto de Colonia, además de llamadas a un teléfono de Pedro Juan Caballero, en Paraguay.

El último escándalo antes de su traslado a Rocha ocurrió después que se difundiera el contenido de dos cintas grabadas en la cárcel y en las que Clavijo le pedía «a sus amigos políticos que no lo abandonaran».

La investigación judicial sobre el contenido de las agendas, así como las relaciones del narco, se estancaron después que el juez Da Costa fuera trasladado primero a Las Piedras y luego a la sede de 19º Turno de Montevideo.

Clavijo tiene dos procesos abiertos por tráfico de estupefacientes.

En octubre de 2000 había logrado la libertad anticipada, después de haber cumplido más del 50 por ciento de la condena que le fuera impuesta. Pero al ser reincidente perderá ese beneficio a futuro y, según la nueva ley, también le serán decomisados todos sus bienes. *