Madera liberada en Artigas

Según fuentes policiales, un primer informe solicitado a un ingeniero agrónomo en su carácter de perito forestal asegura que existían importantes diferencias en las cifras comparativas del volumen de madera declarado en la cuenta corriente que figura en la Receptoría local de Aduanas y no se tuvo en cuenta este aspecto.

Según las fuentes, dicho informe es el que se debe tener presente, debido a que es hecho por un perito que entiende de madera y el mismo indica que en algunos casos se superaba en un 60 por ciento la madera hallada con lo consignado en la cuenta corriente; y en otros caso las diferencias superan el 200 por ciento. Aseguran que se podría admitir un desfasaje del orden del 10 por ciento pero no de estas diferencias.

En otros casos las diferencias son en menos y esto también supondría una irregularidad ya que significa que hubo madera que se vendió y no se dio de baja de la cuenta corriente.

Las fuentes aseguraron que se da un caso de un tipo de madera sobre la que simplemente no existía cuenta corriente de la misma en la Aduana y aparece la existencia actual en depósito de más de 5.000 pies de esta mercadería.

La Ley 8.935 del 5 de enero de 1993, es la que regula el sistema de «cuenta abierta» para el control de mercaderías importadas en zonas fronterizas y establece la presunción legal de la presencia de mercadería en infracción en caso de constatarse excesos.

Pese a ese informe se liberó toda la madera en los galpones principales, calculada inicialmente en un valor de entre 100 y 200 mil dólares y en última instancia sólo fue constatada la infracción de unos 25.000 dólares en madera para cielorraso, incautada en vehículos y en un lugar cercano a la costa en el inicio del procedimiento.

Trabajo previo

La Policía realizó además un trabajo previo de inteligencia, con filmaciones del transporte de la mercadería, lo que también fue entregado a las autoridades.

Se supo que el malestar policial no es solamente con la decisión judicial sino también con la escasa colaboración recibida del personal aduanero que de alguna manera tuvo que trabajar en el caso.

Mientras tanto la defensa de los procesados y de la empresa ya había manejado que la Policía se iría a «llevar un chasco» al tiempo de cuestionar el procedimiento y cuestionar el procesamiento de por lo menos una de las personas involucradas en el tema (la esposa del empresario emplazado) por lo que a nivel judicial el tema «tiene para largo».

Entre las medidas tomadas por el juez que generaron inconformidad en el ámbito policial, además de la liberación de la madera incautada, fue el que se dispuso entregar al representante legal de la empresa la computadora que había sido incautada en uno de los allanamientos.

El aparato había sido requisado para investigar el material informativo que se podría encontrar en la misma, considerado vital para aportar otros elementos al tema.

A todo esto se informó que el empresario emplazado por la Justicia aún no se presentó a declarar y que no se definió aún cuándo se hará presente ante el magistrado, manejándose informaciones extraoficiales en torno a que se encontraría en la vecina ciudad de Quaraí.